Noticias Judiciales y de Justicia

Dos muertos y cuatro heridos



Las autoridades atribuyeron a una verdadera imprudencia por parte del conductor del taxi la tragedia que se vive en Santander. Los datos recogidos señalan que el chofer del ‘amarillito’ decidió pasar la cañada con el vehículo lleno de gente y de repente esta quebrada se creció y arrastró el automotor varios metros. La peor fue para dos jóvenes que viajaban como pasajeros, milagrosamente, los demás ocupantes se salvaron de que las aguas literalmente se los tragaran.




El accidente se registró el sábado en las primeras horas del día, en el punto conocido como la Nieves, cuando el conductor metió el vehículo por la rivera del río en el sector de La Virgen, muy cerca a Girón, en donde de un momento a otro se crecieron las aguas y los arrastró como si se tratara de un barco de papel.

Uno de los cuerpos, el del joven de 19 años, fue hallado a las pocas horas de cometerse esta imprudente acción. En la noche del mismo sábado fue hallado el cadáver de la niña, en las aguas que circundan la vereda La Provincia del municipio de Sabana de Torres. Los otros cuatro heridos se encuentran en varios centros asistenciales de la ciudad de Bucaramanga.

Miembros de la Defensa Civil, los Bomberos del municipio, la Policía e improvisados ayudantes colaboraron con el rescate de los cuerpos de los dos muertos.

Los familiares de los chicos que perdieron la vida solicitaron a las autoridades investigar qué fue lo qué pasó. Por otro lado, en la mañana de ayer esperaban que los restos humanos fueran llevados a la morgue local para reclamarlos.

Ahora la investigación está centrada en recibir la indagatoria del conductor del taxi y conocer los pormenores de los instantes previos de la decisión de cruzar la quebrada en el carro.

La Cárcel Modelo de rejas para adentro (Primera entrega)



“No hay cabida para un preso más en la Modelo”.

Así, y mientras en su rostro se veía un claro gesto de indignación, la juez 56 penal del circuito, Gloria Guzmán, dio a conocer a la opinión pública el fallo de una tutela interpuesta por uno de los internos del penal, quien solicitó se le amparen sus derechos, por las pésimas condiciones de salubridad y el hacinamiento que se está presentando en el centro de reclusión desde hace varios meses.

Según la ordenanza, a partir de hoy se prohibirá el ingreso de más reclusos a dicha cárcel, hasta que el Inpec tome las medidas pertinentes, para terminar con las malas condiciones que se tiene en La Modelo de Bogotá.

Suicidad , alimañas, peligros de intoxicación, electrocución y contagio de enfermedades, son algunas de las amenazas a los que los más de ocho mil internos se tienen que enfrentar día tras día; la mayoría, mientras espera una condena, en un centro de reclusión que, más que una cárcel, parece un infierno.

No hay cama pa’ tanta gente

Aunque según las cifras oficiales del INPEC, la cárcel de Distrito Judicial de Bogotá- La Modelo, tiene capacidad para albergar 3.016 personas y una tasa de hacinamiento equivalente al 59%., durante una inspección judicial realizada por peritos de Medicina Legal y la Fiscalía, se pudo determinar que en realidad la capacidad real es tan sólo para 2 mil 500 reclusos y actualmente hay más de 8 mil, concluyendo así que existe hacinamiento del 230 por ciento.

“Hay presos que han intentado suicidarse porque que las condiciones de hacinamiento y salubridad son impresionantes, viven en condiciones infrahumanas”, aseguró la doctora Guzmán, quien con informe en mano manifestó que diariamente, La Modelo está recibiendo 25 personas.

Según la juez, la muchedumbre en el centro de reclusión es tal, que las personas que ingresan allí deben esperar un promedio de dos semanas para que las autoridades del Inpec les asignen una colchoneta y un lugar donde dormir; mientras tanto ellos deben hacerlo en el piso de las celdas de la penitenciaría o incluso en los pasillos.

Conviven con ratas

Según las denuncias recolectadas por parte de los presos, en el lugar la existencia de baños es limitada y los pocos que hay tienen los inodoros dañados, por lo cual se convierten en un foco de infecciones y malos olores que traen consigo ratas, hinches, cucarachas y otro tipo de alimañas que en ocasiones pican y muerden a los recluidos.

“Lo más alarmante, es que por esos desagües rotos y los inodoros dañados se meten ratas y cucarachas. Uno de los presos comentó que se encuentra mordido por los chinches y que su piel ya tiene todo tipo de infecciones”, aseguró la administradora de justicia.

La situación es tan critica, que algunos han decidido hacer sus necesidades fisiológicas en el suelo y a la vista de todo el público, poniendo en riesgo no sólo su integridad física, al ser objetos de burlas y hasta acercamientos íntimos por parte de compañeros con inclinaciones homosexuales, sino también la salud de los demás, debido a que los nauseabundos olores que se desprenden en cada uno de los pabellones no dejan dormir, ni mucho menos comer.

“Ellos se sientan en el piso, con sus fiambreras entre sus piernas e intentan comen con las manos. Luego van y lavan sus recipientes en los orinales dañados, es decir los mismos lugares donde otros presos han hecho sus necesidades”añadió.

Fosas comunes

Durante la inspección judicial, realizada el pasado 22 de enero, los investigadores también recibieron varias denuncias de reclusos que aseguran sienten temor por su vida y que, aunque “tienen muchas más cosas que contar, no pueden hacerlo porque serían asesinados”.

Al parecer algunos miembros de grupos armados ilegales que tienen el control de amplios sectores dentro de la cárcel, estarían torturando y asesinando a personas que posteriormente son arrojadas a fosas comunes.

Debido a esto, la juez de la capital de la república, pidió a la fiscalía investigar a fondo la veracidad de las denuncias hechas y determinar si hay o no un cementerio clandestino dentro del mismo penal.

“Nunca había visto tanta dejación e inmundicia, ni tanta porquería y cinismo por parte del Estado. Yo soy juez penal y envío gente a la cárcel pensando en que estoy resocializando, imprimiendo un castigo”, sentenció indignada la funcionaria quien precisó que lo único que buscó al fallar la orden de tutela del prisionero es que este tipo de situaciones no se quede de ‘puertas para adentro’

Acatará la orden

Por su parte, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec aseguró que se cumplirá con la orden del juez, y reconoció que aunque existe un problema de hacinamiento este no solo en La Modelo sino la mayoría de las cárceles del país.

Según Ricaurte el Inpec actualmente tiene bajo su custodia 38 mil internos sindicados, es decir que aún no han sido condenados, y que esa cifra cada día aumenta, lo que confluye en un mayor hacinamiento

“Tenemos sindicados que solo permanecen uno o dos días y eso afecta el sistema penitenciario en el sentido que se requiere destinación de trámites para salud y alimentación”, aseguró.

Lo decapitaron y se llevaron la cabeza ¿En qué país vivimos?



La sevicia y la maldad no tienen límites, esto quedó evidenciado en el caso ocurrido en una humilde casa ubicada en el barrio de invasión Brisas del Comunero, de la ciudad de Cali. Varios sujetos armados con sendos machete ingresaron de forma violenta, sacaron de la cama a un hombre que dormía, lo hicieron arrodillar con las manos atrás, y sin el mayor asomo de vergüenza sacaron de sus vainas los afilados machetes y le quitaron la cabeza.

El asesino quedó con la parte humana en las manos, mientras que el resto del cuerpo se desvaneció.
Esta macabra acción fue perpetrada delante de la mujer del infortunado y sus dos pequeños hijos. Luego de cometer la barbarie, los asesinos se llevaron la cabeza en una bolsa, dejando atrás el resto del cadáver, desnudo y bañado en sangre.

La mujer en medio del ‘shock’ salió a pedir auxilio, mientras los criminales se marchaban con el espeluznante equipaje.

Este crimen se registró exactamente en la calle 72W con la carrera 28D.

Las autoridades, que asumieron la investigación del homicidio, señalaron que se trató de una venganza y recordaron que estos hechos solo suceden en países africanos donde los asesinos se llevan las cabezas de sus contendores como trofeo.

El hombre fue identificado como Héctor Fabio Ortiz, de 45 años, de profesión ebanista.

Los vecinos de esta vivienda fabricada en tablas, cartón y productos reciclables, al escuchar los gritos aterrados de la señora y los pequeños, los arroparon y llamaron a las autoridades.

Uno de los residentes manifestó que el cuerpo del señor quedó tendido en el polvoriento piso, desnudo. “Era una escena espantosa, no entendemos cómo puede existir gente así de mala. Él señor era tranquilo, trabajaba como ebanista y no se metía con nadie. Le decíamos cariñosamente ‘Bigotes’”, agregó.

De los criminales solo se pudo establecer que eran afrodescendientes, altos y fornidos.
Los funcionarios de la Sijín fueron los encargados de hacer el levantamiento de los restos humanos. Por ahora los investigadores están tras la pista del resto del cuerpo que los asesinos se llevaron.

Niegan libertad a implicados en caso de grafitero



Tres policías, un abogado y un conductor seguirán presos en proceso por muerte de Diego Becerra.

El juzgado 41 definió en segunda instancia la apelación presentada por las defensas de cinco de los implicados en la alteración de la escena del crimen, tras la confusa muerte del joven Diego Felipe Becerra, ocurrida el 19 de agosto del 2011 en el norte de Bogotá.

En el inicio de la diligencia, el juzgado ratificó que las órdenes de captura emitidas por un juez el 22 de octubre del 2012 y avaladas por la juez 19 en audiencia pública se ajustaron a derecho y que, a diferencia de los algegatos de los abogados de los procesados, sí mencionaban las causas de las detenciones.

Por este hecho, permanecen en la cárcel desde finales de octubre del año pasado el subteniente Rósemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrera, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez, el abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría (exasesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá) y el conductor de bus Jorge Eliécer Narváez.
Los uniformados y el abogado están en el centro para reclusión para policías en Facatativá y el conductor en la cárcel La Modelo.

La jueza negó la solicitud de libertad para los uniformados y respaldó la decisión de la funcionaria que ordenó la medida de aseguramiento en cárcel.

Por lo tanto, los policías, el chofer y el abogado continuarán en centro de reclusión, a la espera de una nueva fase del proceso por la alteración de la escena del crimen.
La Fiscalía les imputo los delitos de fraude procesal, alteración de elementos de prueba y favorecimiento de homicidio. Además, a los policías les incluyeron cargos por porte ilegal de armas de fuego y falsedad ideológica en documento público.
En medio de la misma investigación y por el delito de homicidio agravado, es procesado el patrullero Wílmer Alarcón, quien disparó contra el joven grafitero, en circunstancias que son materia de investigación.
El 26 de febrero, Alarcón será acusado por la alteración de la escena del crimen.
Antes de la diligencia, la abogada Myriam Pachón, defensora de la víctima, manifestó que en las próximas semanas se espera la captura de cinco oficiales y dos suboficiales dentro de la investigación.

Nueve personas, dos de ellas menores de edad, heridas en accidente


Bus escolar se llevó por delante a un carro particular en la calle 144 con carrera 47

El choque fue entre volqueta y bus de servicio público, en el barrio Floridablanca (Engativá).

Los vehículos chocaron contra una vivienda que tuvo daño estructural y que en el momento del incidente estaba desocupada.

Los heridos fueron trasladados hacia la clínica Partenón, y los hospitales de Engativá y San José Infantil. En el hecho un bombero, Segundo Ávila, también tuvo lesiones en la mandíbula y fue llevado a la clínica Shaio.
Según, las autoridades, el choque se dio por exceso de velocidad del conductor del bus, que colisionó con la volqueta y que el impacto los llevó hasta la vivienda.
También hubo otro accidente de tránsito, hacia las 4:00 p.m. de este martes en la calle 144 con carrera 47 (localidad de Suba). Ocurrió entre un bus de servicio escolar y un carro particular. No hubo heridos. Según la Secretaría de Movilidad, la ruta no respetó una señal de 'pare', lo que provocó la colisión.

Indagarán disciplinariamente a jueces por no recuperar tiempo de paro



Los jueces que no recuperen los casi tres meses que dejaron de laborar exigiendo un ajuste salarial.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura consideró, tal como lo señala una comunicación enviada a todas las seccionales del país, revisar la actuación de los funcionarios en los pactos suscritos con la Judicatura para ponerse al día en los casos que quedaron represados por el paro judicial.

La Sala tomó en cuenta en su decisión una declaración que entregó a EL TIEMPO el presidente de Asonal (el gremio que representa a los funcionarios), Nelson Cantillo, aseguró: "No vamos a reponer el tiempo por imposición de los organismos de control".

Cantillo reaccionó de esa forma a un control de advertencia de la contralora Sandra Morelli a la Sala Administrativa del Consejo Superior en el que advierte de un posible detrimento patrimonial de no recuperarse el tiempo en el que los jueces abandonaron sus labores.

Los acuerdos fueron suscritos el año pasado, luego de aceptar la fórmula de nivelación salarial propuesta finalmente por el Gobierno. Los jueces y empleados se comprometieron con la Judicatura a entregar periódicamente actas con los avances en la recuperación del tiempo que estuvieron en huelga.

Según cálculos de la contralora Sandra Morelli, los jueces y empleados judiciales recibieron en octubre y noviembre 205.000 millones de pesos de sueldo sin estar laborando y considera que ese dinero debe ser descontado de comprobarse un incumplimiento al pacto.

El tiempo extra de trabajo en los despachos será evaluado por la Judicatura con base el número de procesos y las actuaciones adelantadas por los jueces, de tal manera que se establezca si se cumplieron las metas de descongestión y productividad que regían para los meses de octubre y noviembre.

La Sala Disciplinaria consideró que esa evaluación -que será adelantada por las seccionales- debe incluir "indagaciones tendientes a establecer si por parte de algún funcionario se ha incurrido en falta disciplinaria".

Alias 'Biófilo', en libertad por vencimiento de términos


Felipe Salazar está involucrado en la presunta falsa desmovilización de Cacica Gatiana de las Farc.

La Fiscalía había solicitado medida de aseguramiento contra Felipe Salazar, alias 'Biófilo', por ser uno de los supuestos guerrilleros que se desmovilizaron del frente 'Cacica Gaitana' de las Farc.
El ente acusador, durante el proceso, ha asegurado que cuenta con los testimonios de varios de los falsos desmovilizados, que relataron cómo fueron reclutados y entrenados para pasar como guerrilleros.

Y aunque el proceso contra alias 'Biófilo' continúa, se hará mientras él está en libertad, gracias al recurso de vencimiento de términos.

Por el caso Cacica La Gaitana, la Fiscalía imputó al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo los cargos de peculado, fraude procesal y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las FF. MM.

Se entregó señalado en caso de joven lanzado por un ascensor



Nicolás Dussán era buscado por tentativa de homicidio. Cristian Jiménez permanece en coma.

Ante la Fiscalía General de la Nación se entregó Nicolás Dussán, señalado por el ente acusador de ser uno de los presuntos partícipes en la agresión cometida contra el universitario Cristian David Jiménez, quien en la madrugada del 15 de julio del año pasado fue lanzado por el ducto de un ascensor en el conjunto residencial Carlos Lleras Restrepo, situado en el occidente de Bogotá.
El hecho, que mantiene al joven en estado de coma, se presentó en medio de una riña originada dentro de un apartamento en el que se celebraba una fiesta.

Por el mismo caso cinco jóvenes están privados de la libertad: Hans Herber Acuña Morales, Andrés Eduardo Ruiz, Ramiro de Jesús Gloria Lambrano, Manuel Francisco Abril López y Camilo Andrés Beltrán Pardo.

Se espera que en la tarde de este jueves se realice la judicialización de Dussán en el complejo judicial de Paloquemao.

Corte ordena cuota vitalicia para niño arrollado en parque


Centro de recreación indemnizará a familia y girará $3 millones al mes a niño en estado vegetativo.

Los dueños de un parque de diversiones deberán pagar, cada mes hasta su muerte, una suma cercana a los tres millones de pesos a un menor de edad que después de sufrir un accidente en una atracción mecánica quedó en estado vegetativo.

Con esta decisión, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó, tras 11 años de pleito, el fallo de un juez civil de Envigado que estableció un pago periódico a manera de indemnización.

"A la hora de fijar el modo de efectuar la reparación, el juez consideró que la mejor forma posible de atender al principio de la reparación plena consistía en ordenar el pago de una renta fija vitalicia", dice la Corte, al respaldar esa determinación.

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de julio del 2002 en el parque de atracciones Meryland, en Envigado. El menor se encontraba en la plataforma de abordaje de la atracción El Huracán cuando fue atropellado por esta.

El operador puso a funcionar la máquina sin percatarse de la presencia del niño.

El menor recibió un golpe que le provocó un trauma encéfalo-craneal severo, que desde entonces lo tiene postrado en cama, dependiendo de terceras personas. Inicialmente, los propietarios del parque Meryland se encargaron de los gastos médicos y le pagaron a la familia poco más de 8 millones de pesos.

Después la familia demandó civilmente, y un juez condenó al parque de atracciones al pago de una indemnización y al de una renta vitalicia que los padres no habían reclamado. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia confirmó el fallo.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme las actuaciones del juez y del Tribunal, y que en la sentencia recalcó que los jueces tienen facultades para ordenar el pago de indemnizaciones superiores a las que específicamente se exijan en una demanda, si consideran que hay lugar a ello.

Hallaron en Caldas cuerpo de joven estudiante de la U. Sergio Arboleda


Según primeras versiones el cuerpo del joven, asesinado en Yacopí, presentaría señales de tortura.

Agentes del CTI de la Fiscalía encontraron el martes el cuerpo sin vida de Humberto Sarmiento Villate, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda que había sido reportado como desaparecido desde noviembre del año pasado. En rueda de prensa la directora del CTI confirmó que el cuerpo fue hallado en una fosa común en zona rural de La Dorada (Caldas). De acuerdo a las primeras versiones el cuerpo del joven, asesinado en Yacopí (Cundinamarca), presentaría señales de tortura. Fue encontrado en una fosa común de La Dorada gracias a la información que una persona dio sobre su ubicación. El equipo de criminalística de la Fiscalía trasladará en las próximas horas el cuerpo del joven universitario hasta Bogotá, en donde Medicina Legal le hará los respectivos exámenes. El lunes pasado la Fiscalía General capturó a cuatro hombres y una mujer responsables del secuestro y posterior desaparción del joven bogotano de 23 años. Según el ente acusador, lo habrían trasladado a Yacopí para asesinarlo. La juez 29 de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento carcelaria en la cárcel Distrital y Buen Pastor contra los cinco capturados, quienes se podrían enfrentar a una pena de más de 37 años de cárcel. El fiscal especializado antisecuestro y extorsión, Carlos Bejarano Mora, imputó cargos contra Jairo Martínez, Ferney Orozco Torres, Flaminio Morales Rodríguez, José Obdulio Cruz Linares y Mónica Ocampo deben responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico fabricación y porte de armas, como coautores en calidad de dolo. Ninguno aceptó cargos. Según argumentos del representante de la Fiscalía los implicados a través de la creación de una organización criminal engañaron a Humberto Sarmiento diciéndole que iban tras una guaca en Yacopí y lo secuestraron. Su desaparición se reportó el 9 de noviembre del año pasado en Bogotá, cuando salió de su casa y no regresó. Fue asesinado el 27 de noviembre en la vereda Campoalegre en Yacopí. Los presuntos secuestradores exigían a sus familiares 5 mil millones de pesos por su liberación. A su vez hicieron llegar a la familia fotografías en las que aparecía con cadenas y pantalón camuflado.