Noticias Judiciales y de Justicia

Investigan confusa muerte de policía en una estación de Bogotá

Un uniformado entrega este jueves su versión en la Uri de Tunjuelito.

Según los primeros reportes de la Policía, el hecho se presentó a eso de las 5:50 de la tarde del miércoles dentro de la estación de Policía de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.
El auxiliar Jorge Flórez, de 19 años y oriundo de Medellín, fue alcanzado por un disparo en circunstancias que se investigan, y luego fue trasladado a un centro asistencial cercano donde murió.
Aunque la Policía adelanta una investigación interna para tratar de esclarecer el caso, el CTI de la Fiscalía quedó a cargo de las indagaciones. De momento, un policía que acompañaba al uniformado está siendo interrogado para tratar de establecer su relación con los hechos.
Por ahora no es claro si se trató de un hecho accidental, un suicidio o una acción premeditada.

Fiscalía investiga 141 casos de violencia sexual contra desplazadas

El mayor número de amenazas se han denunciado en Cartagena. Le siguen Bogotá y Barranquilla.

El informe fue entregado a los magistrados de la Corte Constitucional que hacen seguimiento a la situación de los desplazados por la fiscal María Cecilia Córdoba, asesora del Fiscal General.
El mayor número de amenazas se han denunciado en Cartagena, donde cursan 30 investigaciones. Le siguen Bogotá con 15 y Barranquilla con 11 casos.
Por homicidio, la Fiscalía coordina 11 investigaciones y otros siete casos son por delitos sexuales.
Según la Fiscalía, 32 procesos han debido archivarse por no contar hasta el momento con elementos que permitan identificar a los presuntos responsables.
Esta situación se da por la falta de colaboración de las víctimas ya sea por estar amedrentadas por grupos armados ilegales y por la dificultad para llegar a zonas del país controladas por organizaciones criminales, agregó la funcionaria.
También se ha comprobado en otros procesos que los hechos son aislados y motivados por situaciones personales de las víctimas.
La Procuraduría delegada para la infancia y la familia, por su parte, en su informe a la Corte aseguró que los avances del Gobierno en la atención de la población desplazada han sido casi "inexistentes" e hizo un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad de las mujeres en situación de desplazamiento, quienes están en alto riesgo de sufrir actos de violencia. "Su grado de vulnerabilidad es alto", agregó.
En particular, señaló que el mayor riesgo está en los altos casos de violencia sexual a la que están expuestas.

Lío de tierras habría desatado atroz crimen de niña u'wa y su tía

Las autoridades de los cabildos u'wa de Bócota y Rotarbaría, en Cubará (Boyacá), esperan definir a más tardar este viernes si dejan en manos de la justicia indígena o de la Fiscalía a las presuntas responsables de la tortura y asesinato a garrote de una niña de seis años y su tía.

Los hechos se registraron al filo de la medianoche del pasado lunes 4 de febrero, cuando dos hermanas, de acuerdo con los mismos nativos, llegaron a la casa en la que se encontraba Paisuná Bócota, de unos 60 años, y su sobrina.

Al amanecer del martes, familiares de las víctimas encontraron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer. A su lado, tendida, llorando y con la cara desfigurada y quemaduras en las piernas, estaba la menor. La niña alcanzó a ser llevada al hospital de Saravena (a más de cuatro horas a pie), donde fue dejada por unos indígenas.

"Ella solo contó que le pegaron con un garrote. Dijo que no 'sapeaba' porque la mataban", relató una de las personas que tuvo acceso a ese diálogo. Al amanecer del miércoles, la niña falleció.
Según un líder u'wa, el doble crimen habría sido cometido "por un lío de tierras, más un poco de celos y chismes".

Este crimen generó el repudio de la comunidad u'wa, de más de 5.000 indígenas, y llevaron a sus autoridades a designar una comisión para que buscara a los responsables.

Después de que las sindicadas sean escuchadas, las autoridades de los dos cabildos y los werjayas (sabios), acompañadas por el Cabildo Mayor, deberán decidir si asumen el caso o se lo dejan a la Fiscalía.

El líder u'wa no descartó que "las responsables sean condenadas por la justicia indígena, pero que paguen la pena en una cárcel de los blancos".

Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, les recomendó a los u'wa que, por la gravedad de los hechos y por estar una menor entre las víctimas, analicen la posibilidad de que la investigación sea asumida también por la jurisdicción ordinaria.

Pero según el viceministro de Justicia, Farid Benavides, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que cuando el delito es cometido por indígenas, contra indígenas y en territorio indígena, la competencia es de la justicia indígena.

'Maco', el azote de Flandes que desafió a la Policía de Cundinamarca

Se dedica al microtráfico, el hurto y el sicariato en el municipio tolimense.

Informes de inteligencia señalan que el máximo jefe de esa red, Danilo Tique Montiel, está ofreciendo 3 y hasta 5 millones de pesos a quien asesine o entregue a los uniformados que por estos días están concentrados en ubicarlo. La amenaza comenzó a conocerse hace 15 días, cuando Tique resultó herido en una operación en la que por poco lo captura un grupo especial.

De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, a finales del año pasado se iniciaron una serie de operativos contra la delincuencia en Flandes. Investigadores habían detectado a 'los Maco' en medio de procesos contra el microtráfico en Girardot. "Establecimos que parte de la delincuencia que actúa en Girardot es procedente de Flandes", señaló la Policía.

Así, se envió desde Bogotá un grupo de hombres de inteligencia para que se infiltraran en el municipio y desarticulan la banda.
Establecieron que 'los Maco' controlaban una especie de cartuchito en el barrio Obrero y que podían ganar 30 millones de pesos en el expendio de la droga.

La Policía anunció que ofrece 15 millones de pesos por información que permita la captura de 'Maco'.

Un agricultor que se encontraba descansando en su casa, fue asesinado de seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por sicarios que llegaron a su residencia ubicada en el barrio Santa Ana, de la ciudad de Santa Marta.


La víctima fue identificada por las autoridades como Saúl Simón Sarmiento Martínez, de 43 años, oriundo del departamento de Córdoba, pero quien vivía en la capital magdalenense desde hacía varios años.

Las informaciones de las autoridades indican que la víctima había llegado en su motocicleta a su casa ubicada en la calle 29 con la carrera 1, ingresó y se sentó para descansar un rato, de repente arribaron dos sujetos en otro ciclomotor, ingresaron a la vivienda y luego sonaron las detonaciones.

Los criminales luego de cometido el crimen, salieron tranquilamente, se subieron al vehículo y se marcharon sin dejar rastro. Los uniformados realizaron un ‘Plan Candado’, pero no lograron capturas.

De la víctima se estableció que laboraba cultivando hortalizas en el sector conocido como Palermo, corregimiento del municipio de Sitio Nuevo, Magdalena.

Los funcionarios de la Sijín fueron los encargados de hacer las labores de levantamiento de los restos humanos, los cuales llevaron a la morgue. Por ahora se manejan varias hipótesis con respecto al homicidio, una de ellas señala que se pudo tratar de venganzas personales o por algún lío de dinero o ajuste de cuentas.

Los investigadores recogieron algunas evidencias dejadas por los delincuentes, quienes utilizaron un revólver, pues no se hallaron vainillas. Los demás elementos encontrados están siendo analizando para hallar algún detalle que los lleve a su paradero.

Los vecinos de este sector dieron algunas pistas sobre los criminales, así como la descripción de la motocicleta en la que viajaban. La investigación esta centrada en determinar quienes son los responsables de este hecho violento y las causas del mismo.

Una joven motociclista, murió arrollada por un camión



Eran las siete y treinta minutos de la mañana de ayer cuando la bella jovencita que viajaba en su motocicleta rumbo a su trabajo murió al ser arrollada por un pesado carro. El fatal accidente se tránsito se registró en la Avenida Simón Bolívar con la carrera 80 de la ciudad de Cali, muy cerca a la Clínica Valle de Lili.


Datos recogidos por los investigadores en el sitio del siniestro, señalan que la motociclista al parecer cogió un bache que hay en la vía e hizo que perdiera el control de la máquina y de paso su equilibrio, por lo que el pesado carro no la pudo esquivar y terminó arrollándola. Otra versión indica que el automotor pasó muy cerca a ella y eso hizo que la mujer sintiera temor y terminara atropellada.

Los funcionarios del tránsito encargados de hacer la inspección y posterior levantamiento de los restos humanos, identificaron a la víctima como Isabel Alexandra Gil, de 23 años de edad. de quien se supo laboraba en una empresa de gaseosas de esta ciudad.

De la mujer no se conocieron más datos, pero se especulaba que había salido de su casa hacía pocos minutos, la cual esta ubicada muy cerca de allí. En el momento del levantamiento no se acercaron familiares de la jovencita. Los funcionarios de criminalísticas adscritos al tránsito embalaron el cadáver y los trasladaron hasta la morgue.

Por otra parte el conductor del carro involucrado en el accidente fue llevado para hacerle los exámenes de alcoholemia y la revisión del automotor.
La muchacha vestía su uniforme de color gris y una chaqueta de color rojo que llevaba en la moto. Por el carné encontrado en sus pertenencias se estableció que se desempeñaba como vendedora.

Las autoridades estaban a la espera de que sus familiares reclamaran el cuerpo en Medicina Legal.

Por otra parte, los uniformados del tránsito de Cali le pidieron a los motociclista un mayor precaucíón a la hora de manejar, pues en la mayoría de casos ellos terminan siendo las víctimas fatales de los choques donde se ven involucrados.

Fue a cobrar un billete y lo mataron



Desconocidos acabaron con la vida de un hombre de 29 años de edad en zona rural del municipio de Riofrío, en el departamento del Valle del Cauca.


El hecho se presentó en cercanías al corregimiento de Fenicia, zona montañosa de esta municipalidad, encallado en la cordillera Occidental.

La víctima fue identificada como Héctor Fabián Mejía, quien había nacido el 28 de noviembre de 1983 en el vecino municipio de Trujillo.

Según se pudo establecer, hacía seis meses el ciudadano y su familia habrían sido forzados a abandonar la región bajo amenazas de muerte, pero el joven, sabiendo de los riesgos que corría si regresaba a ese punto, lo hizo bajo la necesidad de efectuar el cobro de un dinero que le adeudaban. El hombre se marchó junto a un amigo en una motocicleta hasta el lugar.

Todo iba muy bien, pero en horas de la noche desconocidos arribaron hasta la vivienda en donde se encontraba, ingresaron al interior y a la fuerza lo sacaron hasta la carretera y sin darle explicación alguna y ante la presencia de algunos testigos lo asesinaron a sangre fría.

El cadáver quedó en medio de la vía que de la cabecera municipal conduce hasta el corregimiento de Fenicia. El rescate del cuerpo estuvo a cargo de funcionarios de una empresa funeraria puesto que al lugar no es posible el acceso de la autoridad judicial por ser zona de alto riesgo en cuanto a orden público se trata.

Las labores de inspección técnica fueron realizadas por la autoridad competente en el municipio de Riofrío y el cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de la morgue de Tuluá a la espera de que sus dolientes lo reclamen.

No se descarta que el crimen se haya registrado por los inconvenientes que la víctima tuvo antes y los que le hicieron salir del municipio.

Fiscalía recuperó cuerpos de tres menores indígenas Awa

Estaban en una fosa común en zona selvática de Barbacoas (Nariño).

Los tres menores de la comunidad indígena Awa desaparecieron en septiembre de 2011.

De acuerdo con la investigación preliminar a cargo de la Unidad contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado, los menores indígenas de 13 a 14 años, habían sido retenidos por miembros del frente 29 de las Farc, al mando de alias ‘Solin’ y alias ‘Alex’ quienes son los presuntos responsables de estos homicidios.

Marcela Márquez, jefe de la Unidad de Desaparición Forzada, señaló que “los cuerpos fueron encontrados a través de un mecanismo de búsqueda urgente por ser un caso de alto impacto por involucrar menores de edad y miembros del cabildo indígena Awa”.

Según reconstrucción del trayecto a cargo de los investigadores se descubrió que quienes desaparecieron a los menores habían dejado el campo minado. “El sector se encontraba en un sector de minas antipersona”, añadió Márquez.

Las víctimas que habían sido reportados como desaparecidos habrían recibido un impacto de bala en la frente. En el momento el Instituto de Medicina Legal realiza el dictamen y una identificación fehaciente de los cuerpos.

Aun se desconocen los móviles de los asesinatos, pero de los cuatro menores desaparecidos uno logró escapar y brindó información para lograr la ubicación de los demás.

Pastor capturado por supuesto abuso pide asilo en Honduras


Álvaro Gámez es acusado de abusar de 4 niñas y 23 mujeres.

Una mujer del Gaula viajó a Honduras para seguir a Álvaro Gámez, sindicado de abuso sexual.

Se conocen nuevos detalles de cómo las autoridades capturaron en una lujosa casa a Gámez, sindicado de violar a varias mujeres cuando era líder religioso de una iglesia en Pasto (Nariño).
Según la Policía, Gámez está solicitando asilo en Honduras, donde llegó hacía cuatro meses. No obstante, las autoridades nacionales confían en que el pastor sea llevado a Colombia en cuestión de horas o días.
ELTIEMPO.COM pudo establecer que una mujer del Gaula viajó hace cuatro meses exclusivamente a Honduras para hacer seguimientos e inteligencia al religioso.

El pastor fue rastreado por los diferentes restaurantes de comida colombiana, porque solía buscar ese tipo de establecimientos. También se conoció que se preparaba para asumir como pastor en propiedad de una iglesia en Tegucigalpa.

De igual manera, Gámez tenía una circular roja por el delito de acceso carnal abusivo, emitida en enero. Y las autoridades indagan si antes de viajar a Tegucigalpa estaba en Estados Unidos.

El caso de Gámez salió a la luz el año pasado, cuando autoridades colombianas comenzaron a investigar denuncias y videos que muestran al pastor teniendo relaciones sexuales en el salón de culto.

En julio del 2012, Gámez quedó en libertad condicional. Pero la medida fue revocada el 28 de septiembre por un juez de garantías, que lo consideró un "peligro para la sociedad". Desde entonces, no se había presentado a las audiencias.

El pastor tiene un expediente vivo por acceso carnal y acto sexual en persona con incapacidad para resistir.

Los señalamientos han sido rechazados por sus seguidores en Pasto, Sincelejo y Santa Marta, donde funciona la iglesia cristiana Salem, que Gámez creó en 1997.

Su defensa ha alegado que, si bien tuvo relaciones con mujeres, no las forzó ni ellas estaban en estado de indefensión, como lo alega la Fiscalía. También niega que menores de edad hayan estado involucradas.

Inpec responde a fallo que impide a La Modelo recibir más internos



Aseguró que evitar hacinamiento no es solo responsabilidad de la institución.

El Inpec, en un comunicado de prensa, responde que es un problema estructural del Estado en la cual deben participar activamente para su solución todos los sectores y las entidades del mismo competentes. No únicamente el Inpec.
Por lo anterior, anunció que oficiará y anexará copia del fallo de tutela a todas y cada una de las entidades del Estado y de las tres ramas del Poder Público para ejercer acciones conjuntas. (Lea: Inpec cumplirá orden de no recibir presos en La Modelo por tres meses).
El director general del Inpec, el Mayor General Gustavo Ricaurte, señaló que “respeta y acata las providencias judiciales. En virtud de lo anterior, una vez fue notificada la providencia no han ingresado internos a dicho centro de reclusión”.
Además, argumentó que en las consideraciones del fallo se ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que: “inicie de manera inmediata acción penal para establecer la veracidad de las denuncias hechas a esta funcionaria judicial, respecto de que reclusos integrantes de grupo armados legales, asesinan y torturan personas dentro de la cárcel 'La Modelo' en donde se hallarían enterrados, en fosas comunes, sus restos”.
El fallo de tutela emanado del Juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, fue impugnado.
El Inpec señaló que se requeriría construir mensualmente un establecimiento carcelario para 3.500 internos con un costo aproximado de 100 mil millones de pesos, para que no se presente el hacinamiento.
Además de eso se necesitaría mayor personal de guardia y administrativa, e incremento de las partidas presupuestales para atender apropiadamente a la población carcelaria.