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Politica y Sociedad » Noticias Judiciales y de JusticiaParticipa en el tema Noticias Judiciales y de Justicia en el foro Politica y Sociedad. |
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| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| CIDH: Justicia militar nunca fue competente para investigar caso Palacio de Justicia | Mashiro | Politica y Sociedad | 3 | 19-01-2012 19:42:37 |
| Proponen aplicar criterios de 'justicia y paz' a militares en líos judiciales | ►CDaniel◄ | Politica y Sociedad | 3 | 23-05-2011 16:40:34 |
| Electro Noticias: Todas las noticias del genero electrónico aquí !! | Santiago C. | Electronica | 2 | 23-01-2011 22:12:23 |
| Tres noticias en un solo post, pa, ahorrar espacio... noticias algo curiosas. | ripley | Politica y Sociedad | 21 | 27-07-2010 14:54:40 |
| psp noticias - resumen de las ultimas noticias de la mini de sony | Ray Charles | Juegos y Consolas | 16 | 15-11-2009 09:42:39 |
| | #161 | |
| Denunciante Dorado |
![]() Los abusos, torturas y violaciones sexuales contra 39 mujeres del Catatumbo a manos de los paramilitares de Salvatore Mancuso están a punto de ser reconocidos como delitos de lesa humanidad. Así lo contempla un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que documentó en 52 páginas los horrores perpetrados por los hombres de Mancuso en 29 municipios de Norte de Santander. Esos abusos, que van desde violaciones sexuales, prostitución forzada y esclavitud sexual, fueron cometidos entre 1999 y el 2004, como parte de lo que la Fiscalía considera un ataque contra la población civil “generalizado, sistemático y reiterado”. Esa calificación abre las puertas para que la justicia eleve esas conductas a delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Aunque se sabe que los crímenes son muchos más de los reportados tanto por víctimas como por victimarios, los 39 casos documentados reflejan el sometimiento al que estaban expuestos los habitantes del Catatumbo durante el imperio ‘para’. La realización de retenes ilegales que precedían las violaciones fue una de las prácticas. Una de las historias reconstruidas por los fiscales de Justicia y Paz es el de una joven que tenía 16 años en el 2001 y que fue una de las tres mujeres violadas por las Auc en un retén entre Cúcuta y la población de El Tarra, de la que debió huir poco después, embarazada de gemelas. De las 39 víctimas cuyos casos han sido reconstruidos, siete quedaron embarazadas producto de las violaciones. Algunas de las mujeres fueron víctimas de más de un ataque. “La quinta vez fue en el mirador donde asesinaron al dueño del bar Brisas, que era mi patrón (...) Había 20 hombres y nos tocó estar con ellos, fuimos amenazadas, nos decían lo mismo, que si llegábamos a denunciarlos o le decíamos al comandante ‘Camilo’ (jefe paramilitar de la zona), segundo de Mancuso, ellos nos mataban”, dijo una de ellas. El informe reporta ataques contra siete niñas entre los 10 y los 13 años. Ahora, como máximo responsable, Salvatore Mancuso debería ser condenado en Justicia y Paz por los crímenes sexuales cometidos por sus hombres. El capítulo de la violencia sexual, del que también hay dolorosos testimonios en Sucre, Magdalena y Urabá, entre otras, es uno de los más oscuros del conflicto y la impunidad que lo sigue acompañando ha llamado la atención de la Corte Penal Internacional, que le pidió a la Fiscalía un reporte del avance de sus investigaciones. | |
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| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
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| | #162 |
| Denunciante Dorado | Julio Parga pagará 30 años de prisión. En 2007, Gaula militar fue 'máquina de la muerte' en Córdoba. El mayor Julio César Parga, quien estuvo extraditado en los Estados Unidos por narcotráfico y cuyas declaraciones en ese país pusieron en líos a dos excomandantes del Ejército, acaba de ser condenado a 30 años de prisión por el asesinato de 43 personas que fueron presentadas como supuestos delincuentes muertos en combate. Parga era comandante del Gaula del Ejército en Córdoba, y la justicia estableció que esa unidad fue una de las ‘pioneras’ en la práctica criminal de los ‘falsos positivos’. Un juez de Montería le impuso una pena original de 60 años de prisión, pero le rebajó la mitad por confesar los crímenes cometidos. Sus primeras víctimas, como lo reveló una publicación de EL TIEMPO en el 2007, fueron desmovilizados de las Auc a los que engañaron con falsas ofertas de trabajo. Pero el expediente por el que acaba de ser condenado Parga, quien aceptó responsabilidad en varios de esos homicidios y en el robo de plata destinada al pago de recompensas, muestra cómo durante el 2007 el Gaula militar fue una máquina de la muerte en Córdoba. Millonario robo Caso por caso, la Fiscalía documentó cómo los supuestos guerrilleros o miembros de bandas reportados como bajas del Gaula eran en realidad campesinos, vendedores ambulantes, desmovilizados o personas con problemas de droga que fueron ejecutados por varios militares que trabajaban con el mayor. La investigación reconstruyó además cómo Parga registró falsos pagos, en algunos casos hasta por 8,5 millones de pesos, a informantes que no existían. Muchos eran personas que aceptaron firmar papeles en blanco a cambio de 20.000 pesos. Parga, por ejemplo, reportó que pagó 5,5 millones a Jhon Jairo Brunal por “información suministrada para la operación Támesis 9”, que dejó 3 muertos. Brunal le dijo a la Fiscalía que “nunca he dado información al Gaula ni he recibido ninguna suma de dinero”. Esa historia se repitió decenas de veces y, hasta ahora, se ha comprobado que Parga desvió al menos 87 millones de pesos de gastos reservados. Parte de la plata, reconoció el oficial, iba para la compra de armas que eran acomodadas junto a las víctimas. Ese modus operandi del Gaula en Córdoba fue clonado después en otras regiones del país donde hubo ‘falsos positivos’, y la Fiscalía investiga los vasos comunicantes entre los diferentes casos. En Casanare, el Gaula militar también fue responsabilizado por decenas de homicidios fuera de combate entre 2007 y 2008; y los ‘falsos positivos’ de Santander y Norte de Santander, que originaron el escándalo, ocurrieron por las mismas fechas. Jessica Hoyos, representante de las víctimas, dijo que hay al menos 15 oficiales que estarían enredados en esos crímenes. De hecho, la Unidad de Contexto de la Fiscalía empezó a indagar la actuación de varios generales del Ejército cuyos nombres han sido cuestionados como supuestos promotores de la política del body count (resultados medidos por bajas), que en el pasado gobierno privilegió a las unidades militares. “En los homicidios se observa un patrón de conducta constante –dice la sentencia– centrado en hacer pasar a las víctimas por miembros de grupos al margen de la ley (...). Eran puestas en incapacidad de reaccionar ante un ataque”. |
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| | #163 |
| Denunciante Dorado | ![]() “Aquí no ha pasado nada”, fue lo priemro que dijo el sujeto que no se podía sostener en pie, al bajarse de su carro, segundos después de cometer el fatal accidente, el individuo no se había dado cuenta que acababa de matar a un pequeño. Los sueños del pequeñín Santiago Rodríguez, de 8 años de edad, se apagaron este domingo a las ocho de la noche, luego de que un irresponsable en estado de embriaguez se los llevara por delante junto con su abuela y su hermano gemelo, sin embargo fue él la única víctima mortal. Este lamentable hecho ocurrió precisamente cuando el país reflexionaba viendo el programa de Pirry, sobre el drama de las familias y el dilema político sobre qué hacer con conductores borrachos al volante. También se comentaba sobre las causas y las consecuencias además de la tragedia de los implicados en este tipo de hechos. Mientras esto pasaba, un pequeño ángel se convertía en una nueva víctima de este flagelo en la ciudad de Neiva. El accidente se presentó la Calle 17 entre las carreras 22 y 23, del barrio Timanco, al sur de la capital opita. Según se ha logrado establecer de manera preliminar, la señora Carmen Pinto Bohórgez estaría cruzando la calle con los niños para hacer una llamada telefónica, cuando fueron embestidos por un vehículo Mazda 323 de placa NVR-540 de color gris, conducido por Yamid Rivera Polanía, de 40 años de edad y profesión mecánico. De acuerdo con testigos del trágico hecho, cuándo el sujeto se detuvo, se bajó del carro y casi no se podía tener en pie de lo borracho que estaba, y expresó “aquí no ha pasado nada”, ni siquiera se había percatado que acababa de matar al pequeño, y arrollar a su abuela y su hermano. Uno de los menores murió de manera instantánea en el lugar mientras que su hermano y su abuela fueron trasladados en delicado estado de salud hasta la unidad de urgencias del hospital Hernando Moncaleano Perdomo, donde son atendidos. La comunidad indignada intento linchar al conductor del vehículo, sin embargo la autoridad que hizo presencia en el sitio lo impidió, capturó al sujeto y lo traslado hasta las instalaciones de la URI, luego de practicarle una prueba de alcoholemia que dio positivo con un grado de embriaguez de 2.3 grados, Rivera Polania será llevada a juicio en las próximas horas. El menor cursaba tercero de primaria en la escuela de Lomalinda y practicaba natación en las piscinas del parque Mirador del Sur. “Tiene un hermano gemelo, era un niño juicioso, adorable”, expresó una vecina. El niño vivía desde hace varios meses con la abuela, porque los papás se encuentran viviendo en la ciudad de Cali. |
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| | #164 |
| Denunciante Dorado | ![]() Transeúntes habituales de la vía que desde la capital vallecaucana conduce hacia el aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’ se vieron sorprendidos con un macabro descubrimiento, envueltos entre sábanas se encontraban los cuerpos sin vida de dos personas de sexo masculino. Las autoridades de Policía fueron alertadas sobre el tenebroso hallazgo, inmediatamente hicieron presencia en el lugar, exactamente a la altura de la entrada principal a la vereda ‘Piles’ en el corregimiento de Rozo jurisdicción del municipio de Palmira. El lugar fue acordonado por los uniformados mientras que técnicos de la institución policial adscritos a la Sijín realizaban la correspondiente inspección técnica del embalaje mortal, en el envoltorio de sábanas fueron descubiertos los despojos mortales de dos ciudadanos, los cuales al parecer fueron torturados y su muerte fue causada por asfixia mecánica, según las laceraciones y marcas encontradas en sus cuerpos. Las victimas mortales se encontraban indocumentadas, por lo que las autoridades adelantan las respectivas labores dactiloscópicas para su identificación. Solo se pudo establecer por la contextura de los cuerpos que se trata de dos hombres entre los 28 y 30 años de edad, uno de los cuales vestía un jean de color negro, ropa interior negra con rayas rojas y medias tobilleras, la otra víctima solo vestía un bóxer gris y medias de color blanco. Los despojos mortales fueron trasladados hasta las instalaciones de la morgue en la ciudad de Palmira, en donde están a la espera que se acerquen sus familiares a reclamarlos, entre tanto las investigaciones para dar tanto con la identidad de los occisos como también con los móviles y autores de este hecho está en manos de las autoridades judiciales. Por la manera en que fueron hallados los restos humanos no se descarta que se haya tratado de algún ajuste de cuentas. La investigación sigue su rumbo. |
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| | #165 |
| Denunciante Dorado | ![]() La Fuerza de Tarea Apolo del Ejército frustró en Cali el envío de un cargamento de 2.380 kilos de marihuana proveniente del norte del Cauca. Según las autoridades, la marihuana tipo exportación, que iba a ser llevada hasta el puerto de Buenaventura para ser transportada al exterior, fue incautada en un parqueadero de la calle 16 con carrera 50, en el sur de la ciudad. "Después de un seguimiento de inteligencia se llega al parqueadero y allí encontramos un vehículo color blanco, donde inicialmente se nota que hay un cargamento ilícito. Al indicarle a la Policía Antinarcóticos que realice la prueba, encontramos que es marihuana lista para ser exportada por el Pacífico", indicó el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo. El cargamento tendría un valor en Cali de $4 mil millones. En Buenaventura el precio de la droga es el doble y en el exterior puede ser cuatro veces su valor, según dijo el oficial. La droga, agregó, pertenecería al Sexto Frente de las Farc. Según información de inteligencia del Ejército, las Farc están sacando la droga de las montañas del Cauca en pequeñas cantidades que no superan los 15 kilos hacia un centro de acopio en la parte baja del departamento. Luego de reunida una cantidad considerable, la marihuana es sacada del Cauca para ser llevada al exterior. |
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| | #166 |
| Denunciante Dorado | ![]() Un fiscal de Cali investiga los confusos hechos en los que murieron un policía y un profesor de varios reconocidos colegios de Cali, durante la madrugada del domingo pasado en el barrio Brisas del Limonar, en el suroriente de la ciudad. En el primer reporte policial se indicó que el patrullero Olmer Franco murió tras recibir un impacto de bala durante una requisa que le realizó a una persona. El coronel William Eduardo Sánchez, comandante del Distrito 4 de la Policía Cali, señaló que Franco, junto con varios uniformados, intentó requisar a un grupo de jóvenes y estos no lo permitieron y sacaron varias armas de fuego y se enfrentaron a tiros con los agentes. “El patrullero murió luego de ser llevado a un hospital del sur de la ciudad y el delincuente que le disparó fue dado de baja en el enfrentamiento”, explicó el coronel Sánchez. En el informe de la Policía, se agregó que el agresor tenía en su poder una pistola 9 milímetros marca Taurus y un maletín en el que encontraron un panfleto extorsivo a nombre de los ‘Rastrojos’. Sin embargo, el presunto delincuente al que se refería la Policía fue identificado como Francisco Javier Ocampo Cepeda, de 51 años y docente de los colegios Lacordaire y Antonio José Camacho. En este último colegio, precisamente, lideraba el programa contra el ‘matoneo’ estudiantil, así como las charlas de convivencia entre los estudiantes del Camacho y el Santa Librada para evitar más peleas entre los colegios. Los familiares de Ocampo Cepeda entregaron otra versión de lo sucedido en la madrugada del domingo pasado. “Él salió en la madrugada a trotar hacia Pance, junto con su hijo y un compañero de estudio. Era una actividad que siempre hacía. Iban por la Simón Bolívar, por Cañaverales, cuando les salieron unos hombres armados. Entonces todos salieron a correr. El hijo y el amigo salieron para un lado y mi cuñado se metió como hacia el polideportivo María Isabel Urrutia”, relató Isabel Cristina Bonilla, cuñada de Ocampo Cepeda. La mujer agregó que en todo el día no supieron del docente. “Mi sobrino regresó a la casa muy asustado, pero de él no se sabía nada. Yo vi las noticias al mediodía y pensé que era un homónimo cuando llamaron de la Fiscalía es que supe que era él. No puedo creerlo. No sabemos qué pasó. Como van a decir que tenía una pistola, si salió solo con un celular de $40.000 e iba en pantaloneta”. Isabel Cristina Bonilla, quien asumió la vocería por su familia, aseguró que ya contrataron a un abogado porque quieren limpiar el nombre de su cuñado. “Era una buena persona, intachable. Sus alumnos lo adoraban. Era padre de dos hijos, de 18 y 13 años”, expresó. Frente a estos hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Fabio Alejandro Castañeda, insistió en la primera versión policial. “De acuerdo con los elementos de información que se han recolectado en la escena del delito, los policías establecen que la persona estaba a las 3:30 a.m. en el sitio, el CTI adelanta la investigación, que debe determinar qué estaba haciendo allí a esa hora”. “No quiero entrar en discusión. Él fue quien le disparó al policía, eso dice la investigación. En el sitio donde ocurrieron los hechos se encontró un maletín con una serie de elementos personales y un volante amenazante contra un comerciante de la zona. Una cosa es lo que piense la familia con suposiciones y otra la que diga la investigación. La investigación dice que él llevaba un arma en su poder”, agregó Castañeda. Tras la muerte de Ocampo varios de sus alumnos se comunicaron con los medios de comunicación. “A nosotros nos sorprende todo lo que se dice de él. Sabemos que era una persona muy correcta, tenía mucho don de gente, nos aterra la información que dicen. Era un excelente maestro, con mucha capacidad y llevaba mucho tiempo trabajando en el Colegio Lacordaire. Se desempeñaba como maestro de sociales en la sección de secundaria”, dijo la coordinadora encargada del colegio. Juan Gabriel Vélez, uno de sus exalumnos en el colegio Hispano, donde trabajó hasta el 2008, relató que era un docente muy estricto, que les exigía a sus estudiantes, pero al mismo tiempo los apoyaba en sus proyectos e ideas. |
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| | #167 |
| Denunciante Dorado | ![]() La demanda de alias “la gata” tiene relación con la decisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de otorgar la licencia de funcionamiento a la Empresa de Seguridad privada Celed Ltda, la cual fue suspendida porque “era en realidad el esquema de seguridad privada de Enilse López “La Gata”, quien tiene dos condenas, una por nexos con los paramilitares del Bloque Héroes Montes de María y otra por el asesinato de Fabián Ochoa Torres. Igualmente fue incautado armamento por serias irregularidades en las Sedes de Celed Ltda., por lo que se consideró preocupante que se les continuara confiriendo autorización para la prestación de servicios. La compañía de seguridad interpuso en 2009 una demanda para que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Supervigilancia le canceló la licencia de funcionamiento. En el transcurso del proceso el Juez Octavo Administrativo del Circuito de Sincelejo, “declaró nula la orden de cancelación de la licencia de funcionamiento de Celed Ltda. y ordenó a la Supervigilancia restablecer la licencia y pagar todos los perjuicios ocasionados por más de 4.000 Millones de Pesos, al considerar que se incurrió en falsa motivación y violación al debido proceso”. “La Agencia intervino ante el Tribunal Administrativo de Sucre pidiendo la nulidad todo el proceso, toda vez que existe una falta de competencia territorial del Juez para conocer del proceso, ya que la Superintendencia tiene domicilio en Bogotá (desde donde ejerce todas sus funciones) y porque la pretensión económica hace que sean los Tribunales Administrativos y no los Juzgados Administrativos del Circuito los que conozcan del tema”, dice la decisión. El Tribunal Administrativo de Sucre le dio la razón a la Agencia y declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso promovido por Celed en contra de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por competencia territorial. La intervención de la Andje en este proceso no solo tumbó la decisión que revivía la licencia de funcionamiento de Celed Ltda., sino que retornó el rumbo correcto del proceso en cuanto al Tribunal competente. Última edición por HOMER.; 06-08-2013 a las 12:29:09 |
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| | #168 |
| Denunciante Dorado | ![]() Eran cinco. Dos la agarraron del pelo y de los brazos y la metieron a una casa vacía. Luego la violaron. Todos. Los cinco. Ella tiene 12 años y cinco tipos abusaron de ella porque vivía en un barrio donde la ley es la de las pandillas. Y cuando se trata de ganar, de imponerse sobre otros, poco importa si se es una niña de 12 años. Su mamá la llevó al Hospital Universitario del Valle. Le curaron las heridas de la carne, pero no pudieron coser esas que no se ven, esas que quedan adentro. Los médicos la remitieron a ayuda sicológica, pero no alcanzó a recibirla. Nunca regresó. Hoy nadie sabe dónde está. Su familia huyó de Potrero Grande tan rápido que un día los vecinos se despertaron frente al cascarón vacío de lo que antes fue una casa. Un funcionario de la Secretaría de Salud de Cali, quien atendió el caso, dice que la niña habló una vez para contar lo que le pasó y luego calló. No le escuchó la voz en adelante. Él cuenta que la violaron porque la Policía hizo un allanamiento en uno de los nueve sectores de Potrero Grande. Capturó a tres personas por fabricación y porte de estupefacientes y además por tener armas de fuego no amparadas en su poder. Pandilleros de esa zona creyeron que el operativo había sido adelantado gracias a que habitantes de un sector vecino los habían delatado. Por eso se organizó una especie de escuadrón de la muerte que decidió que el agravio se debía pagar con el dolor, la humillación y la dignidad de una niña de 12 años, la hija menor de una familia de Potrero Grande. En el barrio los vecinos dicen que saben bien del caso. Y manifiestan también que la violación sí fue una retaliación porque supuestamente delataron a unos pandilleros con las autoridades. Y aunque aseguran que en esa zona no conocen de otros casos similares, dicen que la intimidación sexual se ha convertido en un arma de uso común, como un cuchillo. Un chico del barrio El Vergel, con una bala incrustada en la pierna izquierda, habla desde una cama. Dice que existe un código entre pandillas de no involucrar a mujeres que no estén relacionadas con las pandillas en el conflicto, pero agrega que él solo habla por la gente que conoce en su cuadra. Dice que sabe de pandilleros de Petecuy que tratan de seducir a las parejas de sus rivales para obtener información, para determinar algunas de sus rutinas y así poder atacarlos con mayor facilidad. También para lastimar orgullos, para herir el ego tanto como se puede herir el cuerpo. Él dice que siente repulsión por el caso de la niña violada, pero se apresura a aclarar que ahora en las calles de Cali hay una guerra que se quiere ganar con el todo vale. Un delito invisible En la Fiscalía de Cali no existe una sola denuncia sobre delitos sexuales que tenga que ver con el accionar de las pandillas de Cali. Aunque hay varios casos por asalto sexual, ninguno ha sido recibido bajo este rótulo. La fiscal Dianey Joya, quien es la encargada de adelantar estas investigaciones, admite que su oficina no tenía conocimiento del caso de la niña. En la Personería de Cali llevan cifras que coinciden con las de la Fiscalía. Entre enero y mayo de este año se registraron 590 casos de abuso sexual en Cali, de los cuales 525 fueron a mujeres y 65 a hombres. Pero lo preocupante es que 461, es decir, el 77 % del total de las denuncias, corresponden a menores de edad. De esos, 245 víctimas tenían menos de 14 años como la niña de 12, que fue abusada en Potrero Grande por pandilleros. Andrés Santamaría, personero de Cali, admite que este es un delito que ha pasado inadvertido en la ciudad y recuerda que este tipo de vejaciones han sido usadas en los conflictos armados para mermar la voluntad de los enemigos. “Este es un tipo de delito propio de la guerra. Y ahora está en las calles de Cali. Pasó con los paramilitares y también con las Farc, en zonas rurales”, dice Santamaría. La Red Hispanoamericana contra el Abuso sexual Infantil asegura que en Colombia cada día se presentan 44 violaciones a menores de edad, pero que ese dato no es confiable porque el país tiene un subregistro del 70 % Y un caso que se presentó en noviembre pasado en un sitio que llaman Cinta Larga, una invasión que bordea Petecuy, parece confirmarlo. En ninguna oficina de las autoridades o de defensa de los derechos humanos figura su denuncia. Esta vez fue un chico. Él cometió un error que en Cali se paga, sino con la vida, al menos de la peor forma posible: cruzó una de las fronteras invisibles que delimitan las pandillas. El chico de 15 años fue violado por tres pandilleros. Uno de ellos menor de edad. Mientras lo abusaban, los tres jóvenes lo grabaron con sus celulares. Los videos pronto le dieron vuelta a la invasión. Dos veces, antes de cumplir 16 años, el joven intentó quitarse la vida. Un asesor de la Alcaldía de Cali cuenta que en cuestión de días los apodos llovían al paso del chico por las calles. Le gritaban maricón, le gritaban loca. Él no pudo irse del barrio. Cuentan que sigue por ahí, rondando como un cuerpo sin alma, mirando sin ver, oyendo sin escuchar, diciendo palabras sin decir nada. La niña ya no está. Nadie sabe a dónde se fue. Tal vez a salvo, lejos de sus verdugos, pero ¿y los demás menores? |
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| | #169 |
| Denunciante Dorado | Las autoridades confirmaron este martes el hallazgo del cadáver de un hombre, de unos 35 años, en el baúl de un taxi en la 59A con carrera 63, barrio la Iguaná, noroccidente de Medellín. El hallazgo se registró a las 11:10 de la noche, luego de que el conductor del taxi pusiera la denuncia que su vehículo había sido hurtado en el barrio Córdoba horas antes por tres sujetos armados. Según indican las primeras versiones, estos tres sujetos habrían abordado el taxi y luego de retener al taxista por unos minutos lo dejaron en plena vía y huyeron en el vehículo. La Policía comenzó de inmediato la búsqueda del automotor, el cual fue hallado a un costado de la Universidad Nacional y procedieron a contactar al conductor. Cuando el conductor del taxi revisó el vehículo se percató, que en la cajuela se encontraba envuelto en bolsas plásticas y amarrado con cinta, el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años. El CTI de la Fiscalía hizo las respectivas diligencias judiciales y levantamiento del cadáver, las cuales se prolongaron hasta la madrugada. |
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| | #170 |
| Denunciante Dorado | ![]() Según un trino del excandidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, los ocupantes de los palcos durante la cabalgata de la Feria de las Flores debieron pagar a la banda "los Urabeños" sumas de hasta 7 millones de pesos por ubicarse en dichos lugares. Dijo el también exconcejal Gutiérrez: "Control territorial de bandas llegó a tal nivel, que hasta particulares de palcos para la cabalgata fueron extorsionados, les pedían $7 millones". En otro trino en su cuenta de Twitter, Gutiérrez reconfirmó: "Denuncia: Bandas extorsionan a personas y empresas que instalaron palcos en cabalgata. Exigen $7 mill por palco. Qué abandono. No hay derecho". Detrás del cobro estaría un sujeto conocido con alias de "Ñato" quien se habría embolsillado cerca de 300 millones de pesos por esta actividad ilícita. El vicealcalde de Gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, confirmó a este diario que el hecho es real, que se enteró de la situación el mismo viernes y de inmediato se puso al frente de la situación con las autoridades judiciales y de Policía e incluso se logró la captura de algunos delincuentes implicados en el tema, pero varios fueron dejados en libertad posteriormente. "El problema fue que no hubo denuncias y mientras no las haya no hay nada qué hacer", expresó y confirmó que varios empresarios prefirieron pagar sumas de hasta 3 millones de pesos. Incluso, a varios de los capturados se les dejó a disposición de las autoridades, pues eran requeridos por otros delitos, pero por la extorsión a ocupantes de los palcos, concretamente, no quedó nadie judicializado. |
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