abriendo el debate: ley 30

Es justo y NECESARIO los reclamos, no solo de los estudiantes sino de toda la poblacion en general.
Alarmante es ver el PIB destinado a la educacion por parte del estado, desde 2002 hasta el 2010, cuando esta propuesta no solo acepta la derrota como intitucion publica de un movimiento y surgimineto social, como es la educacion ACCESIBLE.
Sino que el gobierno no se siente motivado a presentar cuentas de, en donde, pondra los recursos publicos que ya no destinara a este sector educativo.
Los gobiernos que insentivizan la falta de responsabilidad con su sociedad, son gobiernos que estan destinados a la corrupcion

Gracias a todos los aportantes en este tema, ya no hay excusa para opinar sin estar informados.

Salvo un error en una frase (), rescato esta cita de Thormenthor, vale la pena que reflexionemos sobre la frase observando la realidad de este país:

Apreciados profesores, estudiantes, trabajadores administrativos y egresados:

La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, estamos frente al reto de discutir el Proyecto de una nueva Ley de Educación Superior. La Ley actual (Ley 30 de 1992) no responde a los retos presentes de la Universidad, ha generado un desfinanciamiento progresivo a las Instituciones Públicas, y no ofrece al país esperanza de progreso en este campo.

Si bien la Universidad Nacional de Colombia ha participado con aportes en temas estructurales de autonomía, equidad y financiación, con logros no despreciables, el espacio de discusión está en el Congreso de la República y será con argumentos, y evidencias, que podremos acompañar al Legislativo en lograr la mejor Ley posible para garantizarle un mejor futuro a la educación del país.

Hago un llamado a mantener una actitud proactiva, informada y pacífica en un proceso que requiere la voluntad y participación del Alma Máter. La construcción de una nueva ley se podrá dar en el futuro. Pero esta construcción sería un proceso de años que la universidad pública no podría aguantar siguiendo bajo el régimen financiero de la Ley 30 que quedaría vigente.

Dado a los doce días del mes de octubre de 2011.

Precisamente, eso es lo que vengo a comentar o mejor, a preguntar:

Si en este momento, las universidades están quebradas y no hay dinero para nada (por lo menos, esos dicen), no hay cupos, falta cobertura, está cara y es excluyente, ¿quieren los que protestan que todo siga igual? ¿están muy contentos con la Ley 30? ¿o quieren seguir por años y años sin hacer nada llamándose estudiantes, con otros oscuros propósitos?

Lo digo porque cuando yo era estudiante de universidad pública, fuera del ansia de aprender, tenía (teníamos) ansia por acabar rápido y graduarme. Ahora, parece que el interés no es el mismo...

Aclaro que no he leído el proyecto de reforma y que no manejo bien la ley 30, así que lo único que puedo hacer en este tema es hacer preguntas...

Las universidades (por lo menos algunas de las más representativas, la nacional y la de Antioquia) han dado su análisis a dicha reforma, está no resuelve ninguno de los problemas que ud menciona. Es decir, esto no es solo de quien protesta, las mismas instituciones han visto la reforma como un paso negativo.

La ley 30 falla en muchos aspectos, es más en su momento, cuando está se aprobó también hubieron protestas, pero aun así la reforma no soluciona ninguno de los problemas actuales de las universidades.

Desde hace ya bastante tiempo, a las universidades se les ha exigido aumentar la cobertura sin un aumento correspondiente de los recursos, eso ha llevado a altos grados de hacinamiento, por lo menos en los primeros semestres donde se presenta un altísimo grado de deserción.

Respecto a la falta de cobertura, no es que ellos lo digan es evidente, por ejemplo, en el examen de la universidad de Antioquia se presentaron 45000 personas, con alrededor de 4450 cupos disponibles, dejando así por fuera a más del 90% de los aspirantes.

Lo de la crisis económica, no es solo que ellas lo digan, un estudiante le cuesta en promedio 5.000.000 de pesos por semestre a una universidad, el meter muchos más sin aumentar los recursos...
Además, conoce ud la situación de los profesores de las universidades públicas?, en la de Antioquia la mayor parte son de cátedra, los cuales reciben un salario ínfimo (alrededor de 14000 por hora), con pocas horas asignadas en el mes, haciendo que los profesores tiendan a irse a universidades privadas donde si pagan bien.

La reforma educativa plantea más dineros... en créditos del Icetex(la mayor parte), lo cual no es que sirva de mucho, que importa que tengan con que pagar si no hay donde meterlos...

Plantea además que la educación superior no es un derecho, sino solo una función social del estado (que lo libra de muchas responsabilidades con la misma).

Inclusive algunas universidades privadas se pronunciaron en contra de la reforma!

También, en términos generales, si ha visto entrevistas de la ministra, y del presidente, en todo momento mencionan "ampliaremos la cobertura", pero, no mencionan que se mejorara la calidad!

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Le tengo mucho miedo a los pendejos, porque son muchos y pueden elegir un presidente. - Facundo Cabral

Pa que no digan que no hay propuestas, les dejo las observaciones que hizo la Asociacion Sindical de Profesores Universitarios ASPU al proyecto de reforma del gobierno y una contrapropuesta que el gobierno se ha negado a discutir y que ha desconocido por completo.

En sus preguntas deja ver puntos importantes de la movilización estudiantil, lo primero no se trata prioritariamente de pelear contra una reforma, de hecho la ley 30 tampoco a mi criterio es lo mejor del mundo, es una discusión claramente política en contra de un sistema educativo insuficiente, acá estamos en contra de la reforma, pero también estamos en contra de la contra revolución educativa, también estamos en contra de la forma en que se han manejado las patentes y los derechos de autor.

Les dejo el debate de hora 20 en caracol, participan la ministra de educación, Jairo Rivera de la FEU, Juan carlos Orozco rector de la UPN y José Caicedo representante a la Cámara.

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El XYZ de la Reforma a la Ley 30 de 1992
(Ley de Educación Superior)



1. ¿Para qué y por qué una reforma a la educación superior?

La reforma está dirigida a reestructurar el mercado laboral en función de las nuevas formas de acumulación del capital y de la inserción acrítica y subordinada en la economía global.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la baja cobertura en la educación superior colombiana fue compatible con un tipo de desarrollo que no exigía una mano de obra especialmente cualificada. No obstante, los cambios en el proceso productivo, determinados por el post-fordismo y la globalización, exigen en la actualidad la formación de operadores competentes para hacer funcionar la nueva máquina social y productiva del capital en el país. De lo contrario, la competitividad en el mercado global y la capacidad de consumo de los nuevos bienes y servicios continuará siendo muy limitada.

Con este horizonte económico, se pretende que el mercado laboral del futuro esté conformado por una pequeña élite de profesionales con alta formación académica para los cargos directivos y los servicios especializados, un grupo un poco más amplio de profesionales con una formación intermedia y funcional a la máquina productiva, lo operadores calificados, y una gran masa de técnicos y tecnólogos con conocimientos básicos y flexibles, que ejecuten diferentes tipos de tareas cambiantes, sin reflexionar sobre ellas, o que puedan ser los empresarios de su propia pobreza.

Por consiguiente, la reforma a la Ley 30 de 1992 no implica una ruptura del modelo práctico para la educación superior seguido hasta el momento por Colombia, caracterizado por una reducida inversión pública y una educación superior de mediana o baja calidad y pertinencia, sino la profundización y reorientación del mismo, de acuerdo con la nueva fase de acumulación del capital.

Si la propuesta gubernamental es aprobada en el Congreso de la República, seguirán proliferando las instituciones privadas de “garaje” o “condominio” y las instituciones públicas con una pobre financiación estatal, fundamentalmente en las ciudades intermedias o en las capitales de los departamentos con menor presupuesto, al tiempo que se reforzará la mutación de la educación para el trabajo, como la del Sena, en una educación técnica y tecnológica con baja inversión por estudiante y ajena al desarrollo de capacidades críticas o innovadoras.

En términos generales, la educación de las elites se concentrará en unas pocas universidades privadas de alto costo y en algunas estatales con tendencias a asimilarse a aquellas, la de los cuadros medios en el resto de las universidades públicas sumidas en diferentes procesos de privatización o reconvertidas en mixtas y la de la mayoría de la población en la educación técnica y tecnológica de baja calidad, poca creatividad y salarios precarios. De esta forma piensa el Gobierno Santos insertar el país en el mercado global y enganchar la educación superior a las locomotoras del desarrollo.



2. Sin embargo, de acuerdo con la Ministra de Educación, se va a aumentar el presupuesto para la educación superior como nunca antes en la historia colombiana.

Si nos atenemos a las cifras dadas por la Ministra de Educación, sin explicar con claridad la destinación específica de los recursos ni cómo se calcularon, en los próximos tres años se va a incrementar el presupuesto para el sector en 1,5 billones de pesos para generar 600.000 nuevos cupos en el pregrado y 45.000 en el postgrado. Para las instituciones públicas se van a destinar 420.000 millones de pesos “frescos” para generar 95.000 cupos. Además, entre 2012 y 2022 los recursos nuevos llegarán a ser 11.1 billones de pesos.

Sin duda, en términos absolutos el presupuesto va a aumentar. ¿Pero va a suceder lo mismo en términos relativos, es decir en lo que el Estado invierte por cada estudiante, suma que se ha venido reduciendo notoriamente en los últimos años?

Veamos:

De acuerdo con las cifras oficiales, el presupuesto anual por cada estudiante, sumados los de pregrado y postgrado, inscrito en una institución de educación superior, pública o privada, es de $ 4.764.164 (8,06 billones de pesos dividido por 1.691.797 estudiantes) y el de las instituciones públicas es de $4.557.635 (4,24 billones de pesos dividido por 930.307 estudiantes). Ambos son menos de la mitad del presupuesto per cápita mexicano.

En virtud de la reforma se van a destinar 1,5 billones de pesos para los tres primeros años, con el propósito de generar 645.00 cupos nuevos. Es decir, por cada estudiante nuevo se van a invertir $ 2.325.581 para el primer trienio, $ 775.194 por año. Una sexta parte de lo que se invierte en la actualidad. No hay que olvidar que el 76% de los cupos nuevos debe ser ofrecido por instituciones oficiales y que después de 2014 los cupos deberán seguir aumentando hasta llegar a un 64%. de la tasa bruta de cobertura.

A las universidades públicas, que tienen un déficit acumulado cercano a los 715.000 millones de pesos, se les asignará un poco más de la mitad del mimo, 420.000 millones de pesos, en los tres años, con el propósito de que ofrezcan 95.000 cupos nuevos: $4.421.052 por estudiante para el trienio, $1.473.684 cada año. Menos de una tercera parte.

Desde luego, estas proyecciones son meramente ilustrativas, pues los 645.000 cupos nuevos son la meta para el tercer año y para llegar a ella se debe seguir un aumento progresivo. Sin embargo, si calculamos el presupuesto per cápita necesario de acuerdo con el que actualmente existe en las instituciones públicas, los 1.5 billones de pesos solo servirían para 329.118 cupos nuevos en un año, conservando una calidad de la educación mediana y baja.

No es necesario hacer más operaciones, aunque desde luego pueden ser afinadas, para deducir que en las instituciones públicas el presupuesto por estudiante se va reducir y que, por consiguiente, si se aprueba la reforma, el presupuesto relativo de las instituciones públicas va a disminuir.

Dos datos más permiten confirmar este cálculo. Si se estima que por cada treinta estudiantes es necesario un profesor de tiempo completo, promedio muy superior al actual, se deberían contratar 21.500 docentes para atender los nuevos cupos. Si se les pagara un salario promedio bajo, comprendidos todos los gastos laborales, de $2.500.000 mensuales, solo la nómina costaría cada año $650.000 millones de pesos. En tres años superaría el presupuesto previsto en la reforma para el periodo comprendido entre 2012 y 2014. No quedarían recursos para laboratorios, proyectos de investigación, aulas, honorarios de los auxiliares de docencia, equipos informáticos, etc.

Para los subsidios de sostenimiento, matrícula y tasas de interés se prevé $915.000 millones de pesos; $472.868 por año para cada uno de los 645.00 cupos nuevos. ¿Con tan pocos recursos se podrá bajar la tasa de deserción del 45%? ¿El gobierno no está haciendo demagogia con cifras absolutas gigantescas que en términos relativos son diminutas? ¿Si se quiere ofrecer una educación superior de calidad no se debe tener en cuenta el presupuesto por estudiante en las universidades públicas y privadas de calidad que hay en Colombia, el cual fluctúa entre 10 y 22 millones por año? ¿No se deberían incrementar paulatinamente los recursos para la educación superior, como un porcentaje del presupuesto de gastos de la nación, teniendo como referencia las instituciones que el mismo gobierno ha considerado de alta calidad?



3. ¿Con este presupuesto se puede ofrecer una educación de calidad, incluso si el único criterio son las competencias laborales?

La reforma no está orientada a crear una educación superior de calidad, sino a convertir el modelo del SENA, cuya educación para el trabajo fue deformada durante el gobierno de Uribe al disfrazarla de educación técnica y tecnológica de calidad, en la principal alternativa de educción superior para la juventud colombiana, especialmente para los sectores más pobres de la población. Así no tendremos derecho ni a una educación para el trabajo pertinente, ni a una educación técnica y tecnológica de calidad

Para inflar las estadísticas de cobertura, el gobierno de Uribe en un poco más de un año, entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010, el gobierno de Uribe le dio la certificación de calidad a 72 programas del SENA. Batió así todos los records latinoamericanos y mundiales. Ese es el camino que desea seguir el gobierno actual: hacer una reforma para la educación superior que se fundamente en una educación para el trabajo travestida en educación técnica y tecnológica y en una educación superior articulada alrededor de competencias laborales acríticas que inhiben la capacidad creativa de los estudiantes.

De los 465.00 cupos nuevos para los próximos tres años, 395.000 (85%) deben ser generados por las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, incluido el SENA. ¿De dónde van a salir los docentes especializados? ¿Dónde están los recursos para la formación de profesores que permitan la innovación que requiere el país? ¿Cuál va a ser la inversión en los laboratorios indispensables para que este tipo de educación sea de calidad? ¿La infraestructura se va a reducir a salones para jornadas triples? ¿Es esta la educación superior de calidad que no están prometiendo? ¿De esta manera vamos a superar el 13% de programas, el 8% de instituciones de alta calidad y el 13,5% de profesores con doctorado? ¿Se ha reflexionado sobre el tipo de profesional que necesita Colombia para salir de la situación de pobreza y violencia en la que está sumida o solo se está pensando en crear condiciones para la expansión de la inversión extranjera en el país? La calidad implica pensar en la pertinencia social de la educación superior y en los objetivos colectivos que se pretende alcanzar con ella mediante la formación, la investigación y la interacción con el conjunto de la sociedad.

Cualquiera que sea la manera como el gobierno entiende la calidad está engañando a los estudiantes de educación básica o media y a los padres de familia que esperan en el futuro que sus hijos puedan acceder a instituciones que les ofrezcan una educación superior que le sirva a ellos y a Colombia, y no solo a un pequeño número de inversionistas nacionales y extranjeros.