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razones para hacer oposicion!!! Con este escrito pretendo dar a conocer a detractores y uribistas las razones por las cuales no es el gobierno de Uribe el mejor que ha existido, sin utilizar para ello el caballo de batalla de la famosa seguridad la cual ha sido un éxito y que con razón ha sido tan defendida y promocionada por los amigos y simpatizantes del gobierno, pero la cual en mi consideración no es sino un pequeño elemento de una política gubernamental que se precie de incluyente, amplia y seria. En fin con todo respeto el llamado es a que no traguemos entero y que miremos y califiquemos la gestión de Uribe no solo desde su actuar contra las guerrillas y paramilitares sino en todos los frentes de la política gubernamental. Esta un poco largo pero espero lo lean….. El discurso presidencial promete una serie de mejoras en las condiciones de vida de la población, sin embargo, el análisis a fondo de las políticas públicas propuestas por el presidente Uribe en diferentes proyectos de ley y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros instrumentos, muestra que por un lado va la retórica oficial y por otro las consecuencias reales de dichas políticas. Se observa una profundización drástica de las políticas adoptadas por gobiernos anteriores. Los efectos previsibles no son nada esperanzadores para los sectores populares tradicionalmente excluidos, ni para las clases medias en proceso de pauperización. En materia de política social, responsable principal de proteger, respetar, garantizar y asegurar el disfrute de los derechos sociales para los ciudadanos de un país, el gobierno del presidente Uribe no plantea grandes cambios frente a las tendencias de la década de los 90 y de su antecesor Pastrana, por el contrario, las refuerza y aplica de manera aún más drástica, acorde con la profundización del modelo neoliberal. Aunque se continúa con el mismo tipo de política, el Gobierno actual viene impulsando una segunda ola de ajustes para profundizarla; las reformas laboral, pensional, tributaria y social, entre otras, constituyen un conjunto dirigido a desmontar el Estado social de derecho consagrado en la Constitución del 91. Es claro que el planteamiento global del "uribismo" no hace referencia a la seguridad social sino a la protección social, y no es solamente un problema de nombre del nuevo Ministerio. Si se analiza detenidamente el contenido de las políticas de vivienda, agraria, educación, salud, laboral, entre otras, de fondo se observa un retroceso trascendental en la evolución de la teoría y práctica económicosocial de finales del milenio, en la medida en que se regresa a la concepción del siglo XIX de asistencia social, fundamentada en la caridad hacia los más débiles para su sobrevivencia, bajo la idea liberal clásica de protección a los desvalidos. Asi mismo se está dando una profundización de la lógica del mercado, reduciendo la garantía de derechos sociales a las responsabilidades contractuales para aquellos que, por su condición socioeconómica, logren adquirir dichos derechos; el resto no logra su protección, en la medida en que carecen de los medios de pago para adquirir el bien y/o servicio; ello conlleva el traslado de la responsabilidad del Estado a los mismos individuos y comunidades. O se cuenta con ingresos suficientes para cubrir los gastos que demanda cierto nivel de seguridad social, o si se es demasiado pobre, se vive en tugurio y/o se accede a una red clientelista; en últimas, si se cuenta con mucha suerte, se puede acceder a un subsidio mínimo e insuficiente, pero compensatorio transitoriamente que, como se ha comprobado, tiene una cobertura muy reducida para la magnitud y necesidades de la población pobre e indigente. Mencionar las cifras resulta indignante, pues en muy pocos años se pasa de 50 a 60% de población en situación de pobreza. Los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional - FMI, implican el recorte de personal en las entidades estatales, su fusión y/ o liquidación definitiva, con el consecuente traslado de responsabilidades esenciales a entes privados; funciones éstas que en algunos casos, por su carácter de control y vigilancia, son propias de la esfera estatal, encargada por excelencia de velar por los intereses colectivos y por lo tanto con responsabilidades indelegables en entidades que pueden priorizar intereses privados en contravía de los públicos, es el caso del Instituto de Vigilancia de Medicamentos - Invima. Además, en los procesos de fusión de entidades públicas, éstas se recargan de responsabilidades sin garantizar que efectivamente van a poder cumplir con las nuevas tareas asignadas; por ejemplo, la fusión de la Superintendencia de Salud con la de Subsidio Familiar, cuando la primera no daba abasto con la cantidad de quejas y denuncias recibidas a raíz del círculo perverso de la privatización de la salud. |
Hay una clara tendencia al debilitamiento de las instituciones estatales de prestación de servicios sociales, contraria al objetivo ético de fortalecerlas como patrimonio social, como bien colectivo de la sociedad, de esta manera al quedar la prestación de servicios en manos del Ministerio de Protección Social, sobresaturado de funciones, las clínicas y hospitales se encuentran en deterioro progresivo. Por un lado existe una retórica de salvamento, pero por el otro, la práctica gubernamental ahonda su crisis y es indiferente ante su entierro definitivo. El derecho a la alimentación, íntimamente ligado a la política agraria, no escapa a la lógica de preeminencia del mercado sobre los intereses y necesidades de los grupos sociales más vulnerables. El gobierno de Uribe agudiza la apertura comercial y de capitales en el sector agropecuario, desconoce la necesidad de la reforma agraria y por el contrario propone un esquema de trabajadores rurales jornaleros, que se emplearían en cultivos permanentes de tardío rendimiento, como la palma africana, soya, cacao, entre otros, lo que en el corto plazo se traduce en el debilitamiento y aniquilación, aún mayor de la economía y cultura campesinas. Todo esto se articula a la concreción del tratado de libre comercio con Estados Unidos, con claras desventajas comerciales para el país ya que como está demostrado, aumentará la dependencia alimentaria de la sociedad a través de la importación masiva de alimentos,. Preocupa la propuesta gubernamental de aplicar el IVA a productos básicos de la canasta familiar, hoy exentos, como sal, pan, carne, frutas y verduras. Esta medida es totalmente regresiva porque, con el objetivo de superar el déficit fiscal, la carga impositiva es asumida por toda la población, sin tocar un ápice los intereses, recursos e ingresos de las clases altas. Contrario a los principios básicos de solidaridad fundamentados en la redistribución de la riqueza social vía tributación, se impone la tendencia hacia una redistribución pero a la inversa, un retroceso social en donde los que menos tienen aportan más para el salvamento del Estado y sus finanzas públicas. Retroceso absoluto porque hay una transferencia neta de recursos de los más pobres hacia la sociedad en general o hacia el Estado para pagar guerra y deuda, dejando algunos recursos para política social, que, como se verá a lo largo del texto, beneficia de manera especial al sector financiero y al capital transnacional vinculado a la prestación e intermediación de servicios sociales. Este gobierno ha tomado las medidas necesarias para abrir al capital transnacional la producción y distribución de bienes y servicios en el país, con los efectos que esta estrategia conlleva sobre la dependencia extranjera y la restricción de autonomía para la toma de decisiones sobre el propio desarrollo. Es claro cómo la apertura al control transnacional de las actividades más rentables y estratégicas para la población se da en diferentes sectores: en el agropecuario con el monopolio progresivo de insumos agroquímicos, el desmonte de cultivos transitorios y la inversión en productos tropicales de agroexportación; en materia de seguridad social con la entrada de grandes capitales y empresas de servicios transnacionales a nivel de salud, educación, producción de medicamentos, pensiones, cesantías y riesgos profesionales; en servicios públicos domiciliarios con la capitalización y privatización de las empresas públicas nacionales, regionales y municipales en los sectores de telefonía, distribución de energía, acueducto y recolección de basuras, entre otras, similar situación está pasando con las empresas encargadas de la explotación de los recursos naturales, caso Ecopetrol. La profundización de la desregulación y la flexibilización laboral, adoptada durante el presente Gobierno, es más de lo mismo y por lo tanto es seguro que repetirá los resultados nefastos de la década de los 90, - en términos no solo de los mayores niveles históricos de desempleo, sino del aumento del subempleo y la informalidad -, confirma también el abandono de los fundamentos económicos que consideraban al empleo y la generación de ingresos como el mecanismo impulsor de la demanda interna, dinamizador del mercado y por lo tanto de la producción de bienes y servicios, estabilizador de variables micro y macroeconómicas, y organizador de las relaciones productivas de la sociedad; además de su papel en la valoración de las personas como sujetos que aportan sus capacidades creativas y productivas al entorno natural y social que las rodea, en un proceso constante de retroalimentación y crecimiento mutuo. |
Bajo esta misma lógica de flexibilización, se abandonó la concepción de la vinculación laboral como mecanismo de inclusión y redistribución hacia una sociedad más igualitaria, pues la precarización consecuente tiende a igualar a la mayor parte de la sociedad, pero por lo bajo: salarios mínimos, condiciones informales de trabajo, inestabilidad, carencia de seguridad social, entre otros, que conducen a una mayor exclusión. Todo ello en contravía de los pactos y convenios internacionales suscritos por Colombia en la materia, a lo que se suma la resignación social a aceptar estas nuevas condiciones impuestas por un invisible que es el mercado y sus exigencias de competitividad, un "algo" sin rostro ni responsabilidad. En síntesis, se prevé que se acentuará la tendencia a vivir del rebusque y se generalizarán las condiciones para la inaplicación de la legislación laboral formal. En materia de política de vivienda, prevalece la tendencia a la focalización de subsidios a la demanda, intermediados a través de entidades financieras y cajas de compensación familiar, privilegiando los intereses de las corporaciones de ahorro y vivienda y de los constructores sobre las necesidades de vivienda y financiación de los estratos 1 y 2. Además, no se atiende la concentración y altos costos del suelo urbano y se desconocen experiencias exitosas de autoconstrucción como una de tantas alternativas a las que han acudido los sectores populares para acceder a vivienda de interés social en condiciones menos onerosas. Lo que se viene observando desde finales de los años 90, cuando se produjo un estancamiento en los indicadores sociales, que no se ha logrado revertir, es que mientras persista la concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos, el mejoramiento de la calidad de vida de sectores populares y medios no es sostenible en el tiempo, pues frente a crisis económicas y pérdida del empleo, la familia debe recurrir a renunciar a los pocos logros obtenidos en años anteriores en, vivienda, asistencia escolar o salud. Las políticas sociales no producen transformaciones estructurales, mientras no estén complementadas con políticas macroeconómicas orientadas a mantener la demanda interna y la dinámica económica, lo que requiere igualmente mejorar la distribución del ingreso. El problema central, entonces, no es una receta o programa social mejor diseñados, es un cambio de concepción que tiene que partir de políticas redistributivas, especialmente vía tributación, pero no únicamente, por ejemplo, no se pueden olvidar las reformas agraria y urbana. Cada vez es más evidente que el crecimiento desbordado de la deuda interna y externa es el principal obstáculo para frenar el hueco fiscal, incrementado exponencialmente en los últimos años. La destinación de recursos escasos al pago de la deuda afecta la inversión en programas sociales y por ende la posibilidad del desarrollo nacional equitativo. La opción para empezar a salir del círculo vicioso del endeudamiento es la redefinición de las condiciones financieras de la deuda, pero ello implica un enfrentamiento con el capital financiero nacional e internacional, decisión que el Gobierno actual no está dispuesto a tomar, a pesar de su aparente voluntad de atacar los problemas estructurales, lo que pasaría por reconocer y afectar los intereses de los grupos dominantes a nivel nacional e internacional. Como se ha señalado, la lógica subyacente a la política social inequitativa, regresiva y que bajo el esquema de focalización e intermediación de subsidios a la demanda, más que privilegiar a los sectores pobres beneficia a los actores privados intermediarios, debe ser transformada totalmente, bajo las características y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica un nuevo acuerdo de economía política, en el cual el Estado asuma su responsabilidad directa en la garantía de los Derechos económicos sociales y culturales |
busque una transformación institucional que efectivamente permita aumentar cobertura y calidad, y desarrolle programas sociales masivos. Pretender focalizar en un país con el 60% de población en condiciones de pobreza es en sí mismo contradictorio, y sugiere obviamente el desarrollo de programas de alcance universal que no solo aportan al mejoramiento de la calidad de vida, sino al crecimiento económico que los haga sostenibles. A pesar de los altos niveles de popularidad y unanimismo alrededor del presidente Uribe Vélez, existen sectores sociales inconformes frente a las políticas gubernamentales, ello se puede observar en las luchas sociales registradas durante los primer año de gobierno, que tienen como principal motivación la exigencia de protección y respeto a los derechos humanos, en segundo lugar las demandas en torno a servicios públicos y en tercer lugar las protestas contra políticas gubernamentales. Pobladores urbanos, asalariados, estudiantes y trabajadores independientes protagonizaron el 79% de las mismas. La mayoría de éstas no obtuvieron respuesta gubernamental a sus peticiones, a pesar de contar con propuestas estructuradas como la de los campesinos, afrocolombianos e indígenas, expresadas en el Mandato Nacional Agrario presentado al país y al Gobierno nacional en el mes de abril de 2003, donde se señalan 14 puntos que conforman una propuesta de política pública agraria. El desconocimiento de estas expresiones por parte del Gobierno da cuenta de la arrogancia e indiferencia con la que se continúa tratando a los sectores subalternos del país y expresa igualmente el aplazamiento de la resolución de los múltiples y profundos conflictos históricos. |
¿cuando van a entender que Uribe no posee la varita magica pa cambiar todo de una vez?, ome, porque será que siempre faltan cinco pal peso, porque será que se niegan a abrir los ojos y mirar ambito por ambito que las cosas van mejorando con respecto al pasado, los reto a que comencemos a desglosar tema a tema y tengalo por seguro que en cada cosa se estan aplicando politicas acordes al mejoramiento de nuestra nacion y las que no han funcionado se han tratado de corregir. Para la oposición es tan facil hablar y hablar mierda sin detenerse a pensar la porqueria de pais que recibio Uribe y comparar.... No podemos desconocer que las cosas vienen mal desde hace tiempo, pero ¿cuanto invierte el pais en la guerra? inversión que se hace necesaria porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que narco-terroristas que matan y secuestran gente inocente se tomen el poder, lo que pasa es que el colombiano es vida buena y quiere todo ya, no entendemos que pa que las cosas se arreglen todos y cada uno debemos sacrificarnos y poner algo, es que digame quien (y sobre todo los de la oposición que hablan tan bonito sobre como arreglar el pais es tan facil) puede asumir una presidencia y arreglar una situación compleja de conflicto interno por todos los flancos: varios grupos guerrilleros, narcotraficantes mafiosos al cien, grupos paramilitares bastantes, delincuencia común toda la que usted quiera, de un momento a otro, es complejo, solo imaginese, de esa guerra que encontro Uribe cuando asumio ya queda muy poca (aun queda pero ha disminuido), lo cual nos da mas dinero pa inversiones, que si sabemos poner nuestra parte y ser pacientes sin morirnos de la desesperación de que uribe utilice la varita magica que solo la oposicion conoce, muy seguramente veremos un pais mejor.... |
La verdad, la verdad, la verdad ..... dsps de leer esto, q creo q es lo + largo q he leido dsps d El Principito, NO ENCONTRE RAZONES PARA HACER OPOSICION!!!! Igual es tu opinion, no la comparto ..... pero tampoco te puteo!!! :) |
no es mejor hacer una participacion propòsitiva que anda de opositor? se necesitan ideas y proyectos nuevos, soluciones, no problemas al govierno... si los opositores jodieran menos, el tiempo que gastan los gobernantes en las jodas de los opositores, lo podrian invertir en otras cosas utlies |
Yo opino que si el gobierno se pusiera a tratar de recuperar economicamente a los sectores mas afectados de la poblacion (ke amenudo son los ke son abusados por las guerrillas y forzados a desplazarse) estaria gastando esos recursos en rearmar los enemigos ke amenudo se camuflan entre esa gente |
Cita:
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por fin una mirada a los necesitados .....que bien Cita:
a esto es lo que yo llamo no oposicion si no realismo social. el gobierno debe de mirar hacia una educacion ,salud y trabajo, pero para los que no lo tienen,y no todo lo contrario esa es mi oposicion muchas pwersonas como yo no necesitamos trabajo,ni cobertura en salud y estudio por que ya la tenemos pero YO SI SE que muchos de mis compatriotas si la necesitan.....pero el señor uribito de tanto oir ADELANTE PRESIDENTE. el va por alla adelante y no ve la realidad de los que verdaderamente lo necesitan ..... |
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