¡No más Farc!

El delito político no es un invento colombiano. Desde hace mucho el derecho internacional lo reconoce, incluyendo el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dio origen a la ONU que lo califica una de sus modalidades, la rebelión, como el "supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".

Es por ello que las legislaciones de los países democráticos alrededor del mundo lo han incorporado al derecho interno. En nuestro medio y siguiendo esa corriente universal, la Corte Suprema y la Constitucional en variadas oportunidades se han pronunciado al respecto. En uno de dichos fallos se dijo:

Cita:

"El delito político es aquel que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes prescritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoistas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención." (Sentencia C-009/1995)