El delito político no es un invento colombiano. Desde hace mucho el derecho internacional lo reconoce, incluyendo el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dio origen a la ONU que lo califica una de sus modalidades, la rebelión, como el "supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".

Es por ello que las legislaciones de los países democráticos alrededor del mundo lo han incorporado al derecho interno. En nuestro medio y siguiendo esa corriente universal, la Corte Suprema y la Constitucional en variadas oportunidades se han pronunciado al respecto. En uno de dichos fallos se dijo:

Cita:

"El delito político es aquel que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes prescritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoistas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención." (Sentencia C-009/1995)