¡No más Farc!

El problema es que si queremos castigar a todos los bandidos de la forma tradicional, necesitaríamos varias cosas.

La primera, tiempo. Investigar cada delito cometido en los últimos cincuenta años, necesitaríamos de aproximadamente unos cien o ciento cincuenta años.

La segunda, recursos humanos. La planta de la justicia que con sólo los delitos comunes ya tiene un millón de procesos atrasados, necesitaría muchos miles de funcionarios, quizás el doble o el triple de los que hasta ahora hay, entre 150 y 200 mil funcionarios trabajando de sol a sol durante varias décadas hasta el siglo XXII para llevar a cabo la justicia pedida.

La tercera, los recursos materiales. Como hay que investigar, juzgar y condenar a todos los bandidos, se necesita mucho dinero, construcción de muchos edificios para albergar a los cientos de miles de funcionarios nuevos y construir muchas cárceles a lo largo y ancho del país donde quepan los cientos de miles que van a ser procesados, aparte de los guardianes que también deberán ser muchos miles.

La cuarta, es que se paralizaría el país, porque los bandidos incluyen a cientos de miles de militares y policías, políticos, empresarios, hacendados, testaferros, cómplices, indígenas, afrodescendientes, campesinos, comunidades enteras en campos y ciudades, demasiados bandidos que en una u otra forma, por acción o por omisión, contribuyeron a degradar esta guerra infame que hoy pretendemos acabar.

Esto no sólo pasa en Colombia. En todos los países del mundo sucede igual. Cuando se pacta la paz, si se quisiera procesar a todos los responsables, se tendrán por delante muchos años, tantos que, al final, ante lo descomunal del esfuerzo, todo quedaría en nada, y se daría la mayor impunidad, como sucedió con los paramilitares que se trató de abarcar todo y al final no se consiguió casi nada. Quedaron con sus fortunas intactas y la verdad sabida fue muy escasa.

Por eso, desde el Tribunal de Nurembeg, la comunidad internacional se inventó la justicia transicional. ¿Se imaginan si hubiera aplicado la justicia ordinaria a Alemania después de terminar la Segunda Guerra Mundial? Millones de procesados, prácticamente todos los alemanes habrían tenido que ir a la cárcel lo que era una tarea imposible. Por eso la ONU ha hecho una justicia selectiva como en el caso del Tribunal de la Antigua Yugoslavia, el de Ruanda o se hizo en el proceso de paz de Irlanda del norte, Sudáfrica y El Salvador.

Por eso hoy, en Colombia, se habla de justicia restaurativa, que los criminales paguen su deuda con la sociedad restaurando las heridas. ¿Cómo? Sembraron minas, ayuden al desminado. Atacaron poblaciones indefensas, ayuden a construir escuelas, puestos de salud. ¿Causaron víctimas? Cuenten la verdad de lo que les pasó, pidan perdón, entreguen sus restos. ¿Se levantaron en armas contra el Estado? Desármense, acepten el Estado de Derecho y la democracia, asuman sus responsabilidades y luego, acepten las instituciones democráticas y sometan sus ideas a los electores.

Es difícil de digerir para una población que se acostumbró a la Ley del talión. Si me atacas te ataco. Si me combates te combato. Si matas a mi familia te mato a la tuya. Como lo dijo alguna vez Gandhi, el ojo por ojo al final deja a todo el mundo tuerto.

¿Se quiere seguir la guerra? Ya lo hicimos en los ochenta, en los noventa y lo único que cambió fue el número de víctimas. Entonces, adelante, nos volveremos a sentar a conversar dentro de 10 o 20 años y miles de muertos más, a hacer lo mismo que se está haciendo ahora, ponernos de acuerdo en un modelo de justicia transicional que desmovilice a los insurgentes, aplique penas restaurativas y se repare a las víctimas.

Ya perdieron mucho y van a perder más. Sus intenciones de llegar al poder por la vía armada, después de 50 años de comer mierda en el monte, quedaron en nada. ¿Fueron vencidos? Claro que sí. ¿Qué les queda? Aceptar el Estado de derecho al que combatían, el que querían destruir, y vivir bajo sus reglas.

No consiguieron imponer un Estado marxista con partido único, restricción de libertades, economía controlada, y exclusión del que pensara diferente. El Estado al que jurarán obedecer es capitalista, pluralista y de derecho, con respeto de la propiedad privada y la libre competencia.

Tenían bajo su poder amplias zonas del país donde imponían sus reglas. Ahora, cuando se desmovilicen, deben ganarse a ese pueblo que oprimían a su antojo, actuando bajo las reglas democráticas que negaron siempre. Y sus votos deberán disputarlos con sus antiguos enemigos a los que deben aprender a respetar.

Y no les va a quedar fácil. El Centro Democrático, en las pasadas elecciones ganó en sus fortines como San Vicente del Caguán, demostrativo de que el pueblo por el que decían luchar, los rechaza al igual que la mayor parte del país.

Pero eso será después. Las penas restrictivas de la libertad no las va a imponer el Gobierno. Será tarea de la Jurisdicción de paz. Los magistrados serán los que decidirán en cada caso qué pena deben pagar, y si los requisitos de verdad y reparación fueron cumplidos. De lo contrario, les esperan largas condenas en prisión.

¿Qué porción de poder van a conseguir? Muy poca. Pasará mucho tiempo y deberán realizar muchos esfuerzos para que los colombianos cambien el rencor de décadas por confianza. A cambio de su supervivencia se convertirán en un partido minúsculo del que poco se hablará.

Aparte de las obligaciones que les impondrá la ley, ése es su peor castigo: haber sembrado en el aire y arado en el mar.