La mujer que haría ‘tambalear’ el Marco Jurídico Para La Paz

ALBAFIKA DE PISCIS · 15-08-2013 , 11:43:40

En manos de la Corte Constitucional está el blindaje legal para que el país avance en una salida negociada al conflicto armado: el Marco Jurídico para la Paz. El alto tribunal deberá definir si esta herramienta se ajusta a la Constitución Nacional o no. Hoy ya tiene un concepto de la CPI.

En el interior de la Corte hay conciencia de que van a tomar una de las decisiones más importantes de su historia. Por eso, todos sus integrantes se dedicaron la semana pasada a estudiar a fondo la demanda y la ponencia del magistrado Jorge Pretelt. “Se trata de tomar una decisión sabia y ajustada a la ley”, se dice en los pasillos del Alto Tribunal.

En exclusiva Semana.com conoció que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, le envió el pasado 17 de abril un oficio a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en el que le solicita un concepto sobre el tema.

La respuesta ya llegó. Son tres folios y fueron fotocopiados y repartidos en los despachos de los nueve magistrados. Ya en Sala Plena se hizo un análisis a fondo de tan trascendental punto de vista.

Bensouda le señaló a Palacio, en uno de los apartes de su respuesta, que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Esto significa que el Marco Jurídico, que propone un mecanismo de justicia transicional (penas alternativas por delitos que violen el Derecho Internacional Humanitario (DIH)) para los guerrilleros, no satisface las exigencias internacionales de la justicia en el mundo de hoy.

La fiscal general de la CPI explica, además, que “atendiendo las metas del estatuto de Roma, la suspensión de penas iría contra la finalidad y el propósito debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves”.

El documento firmado por Bensouda manifiesta que “el Estatuto de Roma en la aplicación de sus disposiciones debe ser consistente con su objetivo principal: terminar con la impunidad de los crímenes más serios. Con este propósito el Estatuto de Roma y otros instrumentos internacionales reiteran la obligación del Estado miembro no sólo de investigar perseguir, sino de castigar a los perpetradores de tales crímenes”.

Con esta respuesta de la CPI a la solicitud de la Corte se podría interpretar que Colombia no puede hacer a un lado las investigaciones de todas las infracciones al DIH. Como miembro del Estatuto de Roma tiene que ceñirse estrictamente a su normativa que indica que no se puede renunciar parcialmente al juzgamiento de los implicados en tales hechos, tal como, para algunos juristas, lo propone el Marco Jurídico.

En palabras sencillas, para la CPI es una obligación del país en conflicto sancionar a todos los miembros de un grupo armado que infrinjan el DIH con sus conductas sistemáticas, lo cual, según algunos estudiosos, no garantiza en la actualidad el Marco Jurídico.

Esta posición se asemeja en su totalidad a la expuesta por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el concepto emitido ante la Corte en la demanda. En esta, el jefe del Ministerio Público precisó que en el Marco Jurídico: “unos casos serán investigados y otros no, lo que impediría obtener una justicia efectiva, además de vulnerar tratados de derechos humanos y del DIH”.

El concepto de Bensouda no es marginal sino que puede tener un enorme impacto a la hora de emitir una conclusión.

Pero ¿quién es Bensouda? Se trata de una mujer que nació en 31 de enero de 1961 en el seno de una familia musulmana polígama en la República de Gambia. Tras cursar estudios de derecho en Nigeria volvió a su país natal en 1987 para trabajar como abogada y fiscal. Tiene un master en Derecho Marítimo Internacional y Derecho del Mar. En el plano personal, Bensouda es la madre de dos hijos y una hija adoptada.

En mayo del 2002 Bensouda comenzó a trabajar como abogado litigante y asesor legal en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. En el 2004, fue elegida fiscal adjunta y como tal supervisó el enjuiciamiento del comandante congolés Thomas Lubanga en marzo del 2011. Thomas Lubanga era el jefe del movimiento rebelde de la República Democrática del Congo. Para ella, este hombre debía pagar por todos los horrores que cometió durante su llamada guerra revolucionaria y “en particular con el reclutamiento de menores de edad” que fueron “enviados al frente de batalla” o para satisfacer “sexualmente a algunos comandantes”. Para ella, esto era inadmisible y por eso lo condenó en una decisión histórica. La opinión de esta mujer es la que ahora estudian los magistrados de la Corte Constitucional.
semana

DJuank · 15-08-2013 , 13:12:45

Eso era de ahí. Incluso basta con que un familiar de un, digamos alemán, ex secuestrado por las FART, ponga la denuncia ante la CPI y mueva a la Fiscalía alemana -ya que la colombiana, está politizada- para que coadyuve en el caso contra cualquier de las hp´s cabecillas de esa mafia.

A las FART sólo les queda la salida de la guerra, saben muy bien que mueren con el fusil en el brazo, de viejos o por una enfermedad, pero jamás volverán a ver paz en sus vidas y es esa su condena por todo lo que han hecho, y sobre todo, por lo que han deshecho.

+Wilfred · 15-08-2013 , 14:22:24

Las FARC no pueden hacer parte del presente ni del futuro de este país. Deben ser parte del pasado y punto!

+Wilfred · 15-08-2013 , 14:27:28

Cita:

Iniciado por DJuank

A las FART sólo les queda la salida de la guerra, saben muy bien que mueren con el fusil en el brazo, de viejos o por una enfermedad, pero jamás volverán a ver paz en sus vidas y es esa su condena por todo lo que han hecho, y sobre todo, por lo que han deshecho.

Como dijo Óscar Iván Zuluaga, lo único que hay que negociar con ellos es su entrega a la justicia.

Heráclito · 15-08-2013 , 15:23:01

Si y no. Respetable el concepto de la CPI, pero poco práctico para solucionar la guerra colombiana que necesita de soluciones reales y no ideales.

Es cierto, se debe castigar a todos los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero si del terreno jurídico aterrizamos en la realidad, vemos que hay mucho camino por recorrer.

Infortunadamente son demasiados los delincuentes y ni siquiera poniendo a todos los jueces del país a investigarlos, se conseguiría hacerlo en menos de un siglo, lo que daría paso a una completa impunidad.

Lo real y es lo que enseña el moderno derecho penal, es seleccionar los crímenes más graves y representativos, los que causaron más impacto y daño, para que los responsables sean investigados y juzgados por una jurisdicción especial.

Esos son los costos de la guerra y por ello, en estos casos, como ha sucedido en otras latitudes, en guerras tan cruentas como la de Ruanda o la de la antigua Yuguslavia, se debe dar máxima importancia a la Comisión de la verdad, y a la reparación de las víctimas.

En este sentido bien lo está haciendo el gobierno con la ley de Víctimas y con la Comisión de Verdad Histórica, dos de los puntales sobre los que se debe elevar el proceso de paz que dé por terminada la guerra y abra la oportunidad de construcción de un nuevo país.

El tercero, que es la justicia transicional, es una solución real y justa. No van a estar todos los que son , pero si serán juzgados los casos emblemáticos, para constancia de las generaciones futuras de los horrores de una guerra en la que todos los colombianos, por acción o por omisión, fuimos responsables en mayor o menor medida.

INDIVIDUAL · 15-08-2013 , 16:23:11

Buen punto Wilfred
Pero lo mejor es que se den las pociones par que haya paz

+Wilfred · 15-08-2013 , 17:05:42

Cita:

Iniciado por INDIVIDUAL

Buen punto Wilfred
Pero lo mejor es que se den las pociones par que haya paz

Algunas concesiones que se den no hacen daño. El problema es que las FARC son demasiado ambiciosas y pretenden obtener mucho a cambio de casi nada.

Por ejemplo, no me parece tan malo, después de todo, que puedan participar en política. Pero hay puntos que no apoyo, como las "zonas de reserva campesina", ni cualquier otra concesión que implique negociar el modelo socioeconómico de este país con ellos. Si ellos quieren cambiarlo, deben ganarse ese derecho con votos.

DJuank · 15-08-2013 , 17:10:21

Cita:

Iniciado por Heráclito

Si y no. Respetable el concepto de la CPI, pero poco práctico para solucionar la guerra colombiana que necesita de soluciones reales y no ideales.

Es cierto, se debe castigar a todos los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero si del terreno jurídico aterrizamos en la realidad, vemos que hay mucho camino por recorrer.

Infortunadamente son demasiados los delincuentes y ni siquiera poniendo a todos los jueces del país a investigarlos, se conseguiría hacerlo en menos de un siglo, lo que daría paso a una completa impunidad.

Lo real y es lo que enseña el moderno derecho penal, es seleccionar los crímenes más graves y representativos, los que causaron más impacto y daño, para que los responsables sean investigados y juzgados por una jurisdicción especial.

Esos son los costos de la guerra y por ello, en estos casos, como ha sucedido en otras latitudes, en guerras tan cruentas como la de Ruanda o la de la antigua Yuguslavia, se debe dar máxima importancia a la Comisión de la verdad, y a la reparación de las víctimas.

En este sentido bien lo está haciendo el gobierno con la ley de Víctimas y con la Comisión de Verdad Histórica, dos de los puntales sobre los que se debe elevar el proceso de paz que dé por terminada la guerra y abra la oportunidad de construcción de un nuevo país.

El tercero, que es la justicia transicional, es una solución real y justa. No van a estar todos los que son , pero si serán juzgados los casos emblemáticos, para constancia de las generaciones futuras de los horrores de una guerra en la que todos los colombianos, por acción o por omisión, fuimos responsables en mayor o menor medida.

Eso que menciona de justicia transicional, de los casos exitosos de Ruanda, la disuelta Yugoslavia y los teoremas del derecho penal moderno, suenan hermosos en los libros, en las aulas universitarias, en los congresos, simposios y memorias, pero la realidad a la que se enfrentan las FART, en especial los cabecillas, es muy distinta y parece ser que incluso ellos son más conscientes de eso que todos los ufanos juristas y politólogos que acompañan el actual "proceso" de paz y hablan desde la cátedra.

Los "duros" de las FART saben muy bien que la deuda que tienen con la sociedad colombiana sólo la van a pagar con sangre o en una cárcel de máxima seguridad en el extranjero. En serio usted cree, que después de un eventual proceso de paz, con el marco jurídico y todas las comisiones, secretarías y cuantos organismos del Estado quiera meter, ellos van a andar tranquilos por la calle, escoltados por funcionarios cuyos compañeros o conocidos fueron asesinados o mutilados por esos ruanes; obvio que no, por eso es que hablan de que incluso después de un acuerdo van a seguir armados, es más, van a esperar que sean los mismos guerrilleros de base quienes los escolten y las milicias quienes encuadren su seguridad, porque de que se las cobran, se las cobran.

Ahora bien, les tocará quedarse en el país, con el miedo siempre latente de que si salen, les hagan un arresto fortuito y se los lleven al mejor "estilo Granda" y tengan que empezar un proceso en cualquier jurisdicción distinta a la colombiana.

Todos esos preceptos y conceptos de justicia transcisional y verdad y reparación quedaron en procesos anteriores a la existencia y ratificación de la CPI, o son aplicados a procesos en donde los beneficiarios, aparte de las víctimas, son los combatientes de cuadro, pero no va a aplicar a los cabecillas y a quienes ordenaron masacres, secuestros y desplazamiento forzado. El último tiquete de ese tren lo tomaron los "paras"; ya no hay más salidas, y ellos son conscientes de eso, desde el momento mismo en que empezó todo este montaje en la Habana.

El derecho penal se internacionalizó, para bien o para mal, y ojalá permita que por primera en los doscientos años de historia de Colombia, un enemigo de la institucionalidad, de la paz, la seguridad y el orden sea debidamente juzgado o subyugado militarmente, porque siempre ha sido lo mismo, el Estado arrodillado y negociando, camuflado bajo esos conceptos de un derecho penal moderno, de una justicia transicional, de sólo enjuiciar lo peor (alentando la comisión de "lo que no es peor") para lograr un acuerdo que no hace sino darle motivos y arranque a otro actor o grupo violento.

+Wilfred · 15-08-2013 , 17:29:23

Cita:

Iniciado por Heráclito

Si y no. Respetable el concepto de la CPI, pero poco práctico para solucionar la guerra colombiana que necesita de soluciones reales y no ideales.

Es cierto, se debe castigar a todos los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero si del terreno jurídico aterrizamos en la realidad, vemos que hay mucho camino por recorrer.

Infortunadamente son demasiados los delincuentes y ni siquiera poniendo a todos los jueces del país a investigarlos, se conseguiría hacerlo en menos de un siglo, lo que daría paso a una completa impunidad.

Lo real y es lo que enseña el moderno derecho penal, es seleccionar los crímenes más graves y representativos, los que causaron más impacto y daño, para que los responsables sean investigados y juzgados por una jurisdicción especial.

Esos son los costos de la guerra y por ello, en estos casos, como ha sucedido en otras latitudes, en guerras tan cruentas como la de Ruanda o la de la antigua Yuguslavia, se debe dar máxima importancia a la Comisión de la verdad, y a la reparación de las víctimas.

En este sentido bien lo está haciendo el gobierno con la ley de Víctimas y con la Comisión de Verdad Histórica, dos de los puntales sobre los que se debe elevar el proceso de paz que dé por terminada la guerra y abra la oportunidad de construcción de un nuevo país.

El tercero, que es la justicia transicional, es una solución real y justa. No van a estar todos los que son , pero si serán juzgados los casos emblemáticos, para constancia de las generaciones futuras de los horrores de una guerra en la que todos los colombianos, por acción o por omisión, fuimos responsables en mayor o menor medida.

Verdad, reparación, son importantes para iniciar una vida en sociedad en paz. Pero hay otro factor, muy importante y que no se puede suprimir, ni menguar, y es el de la justicia. Y para que la paz sea plena, tanto la reparación, como la verdad, y en especial la justicia, deben ser plenas. Puede que no suene práctico, pero así debe ser si queremos evitar que en un futuro volvamos a vivir estos episodios que nos llenan de vergüenza.

El ejemplo de la desmovilización de los paramilitares ha tenido sus problemas, eso lo sabemos todos. Pero su esencia es la que debe rescatarse. Para una negociación, primero las FARC deben cesar toda actividad delictiva, posterior a eso someterse a la justicia, reparar y reconocer a sus víctimas y contar la verdad de los hechos. El perdón es algo que no puede darse así como si nada, ellos deben ganárselo. Y yo creo que castigando a una gran parte de los miembros de las FARC, habremos dado un gran paso. No se trata de odio ni rencor, se trata de hacer justicia.

Una cosa distinta era haber negociado en su momento con el M-19, ellos por lo menos tuvieron la valentía de entregar las armas y reconocer sus delitos. Hasta ahora han cumplido ese compromiso. Pero ahí radica la diferencia entre el proceso con el M-19 y el proceso con las FARC: el M-19 contaba con una considerable imagen favorable y no por menos obtuvieron el 28% de votos en la Constituyente del 91. En cambio las FARC cuentan con el desprecio de una inmensa mayoría de colombianos, de los cuales la mayoría no estaría de acuerdo con verlos ocupando cargos públicos.

Por lo menos eso es lo que yo veo de inconvenientes es estos asuntos de justicia transicional y en los que Juank tiene razón: el único destino que va a tener esta gente es la muerte o la cárcel, por más acuerdos y compromisos que haya.

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