Si y no. Respetable el concepto de la CPI, pero poco práctico para solucionar la guerra colombiana que necesita de soluciones reales y no ideales.

Es cierto, se debe castigar a todos los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero si del terreno jurídico aterrizamos en la realidad, vemos que hay mucho camino por recorrer.

Infortunadamente son demasiados los delincuentes y ni siquiera poniendo a todos los jueces del país a investigarlos, se conseguiría hacerlo en menos de un siglo, lo que daría paso a una completa impunidad.

Lo real y es lo que enseña el moderno derecho penal, es seleccionar los crímenes más graves y representativos, los que causaron más impacto y daño, para que los responsables sean investigados y juzgados por una jurisdicción especial.

Esos son los costos de la guerra y por ello, en estos casos, como ha sucedido en otras latitudes, en guerras tan cruentas como la de Ruanda o la de la antigua Yuguslavia, se debe dar máxima importancia a la Comisión de la verdad, y a la reparación de las víctimas.

En este sentido bien lo está haciendo el gobierno con la ley de Víctimas y con la Comisión de Verdad Histórica, dos de los puntales sobre los que se debe elevar el proceso de paz que dé por terminada la guerra y abra la oportunidad de construcción de un nuevo país.

El tercero, que es la justicia transicional, es una solución real y justa. No van a estar todos los que son , pero si serán juzgados los casos emblemáticos, para constancia de las generaciones futuras de los horrores de una guerra en la que todos los colombianos, por acción o por omisión, fuimos responsables en mayor o menor medida.