Procuraduría General sancionó disciplinariamente a Gustavo Petro

El procurador calculó mal su extremismo político-religioso. Se creyó omnipotente y no sólo la CIDH meterá la mano, sino igualmente la fiscalía. Y hay que resaltar, la controversia no es por Petro. Este caso simplemente fue la gota que rebasó la copa. Lo que se discute en estos momentos son los excesivos poderes del procurador y la contradicción entre el régimen interno y los convenios internacionales suscritos por Colombia que sólo permiten la destitución de un funcionario elegido por voto popular a través de una autoridad judicial luego de habérsele declarado responsable de un delito.

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Entre el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre Guerra fría por efecto Petro El jefe del ente investigador se despachó en críticas contra el jefe del Ministerio Público y, además, ordenó una inspección para verificar las pruebas del fallo contra el alcalde de Bogotá. Por: Juan David Laverde Palma El procurador Alejandro Ordóñez (izq.) y el fiscal Eduardo Montealegre han tenido enfrentamientos públicos por sus visiones del derecho. / Archivo En la Procuraduría cayó muy mal la inspección por parte de la Fiscalía del expediente que terminó con la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para cercanos asesores del procurador Alejandro Ordóñez, se trató de una medida excesiva, que no se tramitó por los canales institucionales regulares y que se sumó a las fuertes críticas que ayer mismo pronunció el fiscal Eduardo Montealegre al afirmar que el modelo de justicia del Ministerio Público era “medieval e inquisitorio”. Pero en la Fiscalía sostienen a rajatabla que se trató de un trámite rutinario con el fin de incorporar el fallo y otras pruebas obtenidas por la Procuraduría al proceso que adelanta esa entidad contra el alcalde Gustavo Petro. Es más, fuentes de la Fiscalía consultadas por El Espectador señalaron que la única forma para que el ente investigador pudiera acceder a esas pruebas era mediante la inspección. Además, como esta misma semana el despacho del vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, asumió esta investigación, el objetivo era recaudar a la mayor brevedad todas las pruebas del caso y, sin lugar a dudas, el antecedente del fallo del procurador era indispensable en ese contexto. Al margen de las interpretaciones encontradas, lo cierto es que el caso Petro empieza a tener repercusiones en los organismos de control. Ayer, el fiscal Montealegre se despachó en críticas contra la Procuraduría y señaló textualmente: “Es altamente antidemocrático que un funcionario elegido popularmente sea destituido a través de un proceso que no es garantista y por un funcionario que no tiene naturaleza judicial”. Como quien dice, Montealegre entró a terciar en el debate sobre los cuestionados ‘superpoderes’ del procurador y sobre la posibilidad de que las funciones del jefe del Ministerio Público sean reformadas radicalmente. El fiscal lo dijo sin rodeos: “Hay que cambiar el diseño actual de la Procuraduría”. Además, de alguna forma compró la principal tesis del alcalde Gustavo Petro sobre las competencias del jefe del Ministerio Público en relación con la sanción de funcionarios elegidos por voto popular. Para la guardia pretoriana del procurador Ordóñez, esta andanada de Montealegre, sumada a la súbita inspección judicial al expediente del alcalde Petro, es casi una provocación, como si el fiscal estuviera poniendo en duda la idoneidad del fallo y quisiera mostrarle los dientes. Un panorama que terminó de enrarecerse con la declaración del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien recordó que el fiscal puede investigar al procurador, como lo hizo en su momento el fiscal Alfonso Valdivieso con el entonces jefe del Ministerio Público, Orlando Vásquez Velásquez, finalmente condenado por el proceso 8.000. En momentos como este, un recordatorio de este estilo genera una inevitable controversia, al tiempo que el alcalde Gustavo Petro continúa su cruzada, la misma que él ha comparado con la Primavera Árabe, desde el Palacio Liévano. La nuez de la controversia se suscitó a tempranas horas de ayer, cuando dos delegados del despacho del vicefiscal Perdomo se presentaron a la Procuraduría para pedir el fallo del pasado lunes. Los funcionarios de la Fiscalía se reunieron con el procurador delegado, Juan Carlos Novoa, quien recolectó las pruebas que terminaron hundiendo al alcalde Petro. Aunque voceros oficiales del Ministerio Público trataron de bajarle la temperatura a la controversia que generó la inspección de la Fiscalía, en círculos privados esta medida les pareció, cuando menos, hostil. “Era la única manera que teníamos para acceder cuanto antes a los elementos materiales probatorios con el fin de incorporarlos a las pesquisas que llevamos. Este tipo de procedimientos son completamente normales. No hay por qué agrandar una diligencia de rutina”, le dijo a El Espectador un alto funcionario de la Fiscalía. La respuesta de un alto funcionario de la Procuraduría, cuando este diario preguntó si este tipo de procedimientos eran usuales, es ilustrativa: “Eso no había pasado. Por lo general se hace un traslado probatorio”. La molestia de los más cercanos colaboradores del procurador es evidente. Incluso si la Fiscalía estaba simplemente adelantando una diligencia de rutina, la sensación que quedó fue que Montealegre le mostró los dientes a Ordóñez. Ninguno de ellos lo va a reconocer públicamente, pero el mensaje quedó en el aire. Ya de tiempo atrás el fiscal y el procurador habían tenido encontrones por cuenta de sus formas diametralmente opuestas de entender el derecho. Pero esta es la primera vez en la que este choque tiene como telón de fondo un proceso disciplinario marcado por la controversia: la destitución del alcalde Gustavo Petro.

Fuente: El Espectador

¿Es omnipotente el procurador? Como bien lo aclaró el ministro de justicia, la fiscalía tiene la potestad de investigarlo penalmente y, si es el caso, acusarlo ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y en cuanto a su régimen disciplinario, es a la propia Corte a la que le corresponde investigarlo y sancionarlo, si lo declara incurso en alguna falta de este tenor.

Por lo pronto, se va a radicar una denuncia específica ante la fiscalía y conociendo al fiscal Montealegre, se decidirá en estricto derecho.

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Destitución de Gustavo Petro Radicarán denuncia contra el Procurador General por destitución de Gustavo Petro La acción judicial, que será interpuesta por defensores de derechos humanos, argumenta que el jefe del Ministerio Público incurrió en los delitos de prevaricato por acción agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario y abuso de función pública. Por: Elespectador.com Foto: Gabriel Aponte El abogado Jorge Molano anunció que en los próximos días radicará una denuncia en contra del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al considerar que se extralimitó en sus funciones al emitir el fallo en el cual se destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En la acción judicial, que será impulsada por otros abogados defensores de derechos humanos, considera que el jefe del Ministerio Público habría incurrido en los delitos de prevaricato por acción agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario y abuso de función pública. En este sentido consideran que Ordóñez Maldonado se extralimitó en sus competencias constitucionales y legales, argumentando que al hacer una revisión de los fallos se puede inferir que el Procurador General de manera arbitraria. Igualmente se radicará una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado al considerar que había con este fallo incurrió en una falta grave.

Fuente: El Espectador

Fue tan torpe lo del Procurador que terminó resucitando a un muerto. Petro, cuya soberbia e improvisación le hizo dar palos de ciego al frente de la alcaldía, ya era un cadáver político al que, probablemente, el proceso de revocatoria podría haberlo puesto contra la pared e incluso provocar su destitución.

Pero el procurador, con su desproporcionado fallo terminó reviviéndolo. De inepto lo convirtió en víctima y, si persiste en su estupidez (no le queda de otra) lo catapultará hacia la presidencia una vez la CIDH (se va a demorar su tiempo, quizás tres o cuatro años) le ordene al Estado revertir el fallo, regresando a la arena política convertido en héroe.

Los fundamentalistas no son buenos políticos. Les suena la flauta por el momento, pero no avizoran el futuro.

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La figura política de Petro se fortalece tras su destitución Desde los Estados Unidos hasta las FARC, pasando por la guardia indígena, levantan su voz en favor del alcalde de Bogotá. Hasta ahora, era una constante que las encuestas le dieran la espalda al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Sin embargo, acaba de salir una en la que los resultados lo favorecen. La W Radio reveló un sondeo hecho por Datexco en el que se muestra que el 60 por ciento de los bogotanos está en desacuerdo con el fallo que destituyó e inhabilitó al mandatario por 15 años. Es decir, la mayoría está del lado del alcalde y en contra del Procurador Alejandro Ordoñez. La encuesta también refleja que la imagen favorable de Petro saltó del 30,4 % al 50,6 %., siendo la más alta desde que comenzó en el cargo en enero del 2011. Así las cosas, el alcalde vive una paradoja. Está ad portas de salir del segundo cargo público más importante de elección popular en el país, pero vive un momento dulce por la solidaridad que le ha llegado de los más variados sectores. En los balcones del Palacio Liévano ha sido flanqueado por el cabeza de lista al senado por Alianza Verde, Antonio Navarro, la candidata a la presidencia de la Unión Patriótica, Aida Avella; y el líder del movimiento agrario, César Pachón. Siempre dirigiéndose a miles de ciudadanos que se agolpan en la Plaza de Bolívar para escucharlo y a quienes convocó para este viernes a la “más grande movilización de la historia”. Por si fuera poco, Kevin Whitaker, nominado por el presidente Barack Obama como nuevo embajador de Estados Unidos para Colombia también se puso de su lado. El funcionario dijo en las últimas horas que la destitución de Petro, “podría erosionar” el proceso de paz si sectores del país concluyen que no se está respetando el pluralismo político. “Conozco el caso... Y aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”, dijo Whitaker, según un reportaje publicado por el diario EL TIEMPO. Además de esa voz que llega de Washington se han escuchado otras de enorme peso. Así, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. El representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, de la ONU pidió una cita al procurador para hablar de la jurisprudencia existente a nivel internacional sobre funcionarios elegidos democráticamente. “En este caso podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él”. Según Howland, “cualquier intervención de un funcionario que no esté elegido tiene que ser equilibrada”. También, los alcaldes de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) manifestaron su apoyo y solidaridad a Petro y valoraron que la sanción es “peligrosa” para la democracia. “Consideramos muy grave este hecho ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias”, manifiestan los firmantes de la carta. La misiva está firmada por los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri. “Cuestionamos de igual forma que una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima”. Asimismo, una veintena de eurodiputados le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le advierten su “profunda preocupación” por la decisión de la Procuraduría. En la comunicación destacan que Petro fue “elegido por una mayoría de votos” y que “tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia”. Los miembros de la Eurocámara firmantes subrayaron que, en el marco de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “no es posible que un funcionario destituya a un gobernante elegido popularmente”. En el ámbito nacional, también se han escuchado otras voces. La más sonora quizás es la de las FARC que hasta hace poco tenía a Petro como un objetivo militar y al que ahora sale a defender con vehemencia. La guerrilla llamó a los colombianos a “salir a la calle” para “alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá”. Las FARC recuerdan que “por encima de los desencuentros ideológicos y políticos que podamos tener con el señor Petro, no podemos permanecer impasibles ante tan desmedida muestra de soberbia oligárquica”. La guerrilla también señala que “la intolerancia y la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política, son las causas de la larga confrontación armada que se libra” en el país. Las FARC dicen que la decisión del Procurador, al que califican de fanático, pone en riesgo el proceso de paz que esta guerrilla negocia con el Gobierno Nacional en La Habana. Simultáneamente a esta serie de declaraciones, ha habido otras acciones concretas. De una parte, el desplazamiento de unos 300 integrantes de la Guardia Indígena desde el norte del departamento del Cauca hacia Bogotá para defender al alcalde. Así lo afirmó Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa, quien explicó que el grupo saldría en “chivas” para llegar este jueves a la capital. Y de otra, la decisión de la Fiscalía de realizar una inspección a la Procuraduría para verificar el procedimiento por el que este organismo administrativo destituyó e inhabilitó al alcalde. El fiscal Eduardo Montealegre pidió a su vicefiscal, Jorge Perdomo, “trabajar intensamente en el caso, ordenar nuevas pruebas y verificar la decisión del procurador general”. El caso generó una gran controversia en la que entró el Gobierno. En efecto, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, respaldó a la Fiscalía: “El fiscal es la autoridad competente constitucionalmente para investigar al procurador”, declaró. Así las cosas, la figura política de Petro se crece cada vez por la decisión del Procurador.

Fuente: Semana

Comenzó la cuenta regresiva. La pregunta es ¿quién lo reemplazará? Navarro lo está pensando. Si se le apunta, el voto emocional puede hacerle ganar las elecciones atípicas.

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Las fechas claves que le quedan a Petro Hasta el 31 de diciembre tiene el destituido alcalde para presentar el recurso ante el procurador general. Todavía se siente la tensión en algunos puntos neurálgicos de Bogotá. Pareciera que la ciudad no termina de asimilar la trascendental decisión del procurador Alejandro Ordóñez de inhabilitar por 15 años al alcalde mayor, Gustavo Petro. El mandatario, en un discurso pasional y bastante emotivo en la Plaza de Bolívar, se definió como una víctima de un plan de la derecha para sacarlo del juego democrático y aseguró que seguirá gobernando en Bogotá. Sin embargo ¿cuáles son los tiempos de los recursos que tiene Petro para reversar el fallo? En términos de fechas la comunicación del fallo fue enviada este lunes 9 de diciembre al alcalde mayor de Bogotá a su despacho. A partir de entonces tiene ocho días para notificarse, es decir, para recibir el fallo en sus manos y tomar la decisión de interponer el recurso o no. Este plazo se cumpliría el 20 de diciembre. Sí el alcalde Petro decide no notificarse de su fallo al considerarlo injusto o desproporcionado, como ha señalado en sus intervenciones, la norma del código disciplinario emplea una figura que se llama edicto. Es decir que se informa de la decisión que se tomó y así no sea recibido por el alcalde, el fallo queda ejecutoriado. Esto en fechas sería entre el 23 y el 26 diciembre. A partir de ese momento corren tres días (hasta el 31 de diciembre) para presentar el recurso de reposición en caso de que lo interponga. Y desde ese momento el procurador general tendrá en sus manos por un término aproximado de dos meses la decisión de sacarlo definitivamente del Palacio de Liévano o de reversar su decisión.

Fuente: Semana