La guerra de Uribe

almenos esos terroristas ya se terminaron
a que quedaron la bacrim
acaso udes creen que el total de las farc
se vana entregar

ya dijeron que no responderan por nada
si no me equivoco he oido algo sobre
devolucion de tierras y algunos han pagado

que cada quien quiere guardar lo suyo si
pero hay estan

Desmovilizados, supuestas víctimas y esposas de 'exparas' ocupan 201 propiedades.

La entrega de bienes para reparación de las víctimas sigue siendo, semanas antes de cumplirse la vigencia original de la Ley de Justicia y Paz, el compromiso más incumplido por los paramilitares desmovilizados en el gobierno de Álvaro Uribe.
La norma, aprobada a mediados del 2005, tenía vigencia de ocho años y les daba a los ex-Auc el beneficio de penas mucho más bajas por sus crímenes a cambio de verdad, justicia y reparación. Y aunque hay críticas internacionales porque las condenas aún no tocan a los grandes jefes ‘paras’ –que, sin embargo, han pasado todos estos años en la cárcel–, es la reparación el frente con menores avances.
Desde el 2005, los victimarios entregaron bienes por apenas 113.000 millones de pesos, una cifra que para la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, es irrisoria comparada con los casi 55 billones de pesos que podría costar la reparación por vía administrativa.
Ese desolador panorama se agrava porque al menos la mitad de las 407 fincas, casas y apartamentos entregados al Fondo Nacional de Reparación están invadidos, algunos de ellos precisamente por desmovilizados de las autodefensas o por herederos de los capos de las Auc (ver notas anexas al final).
Por ejemplo, aunque judicialmente todo está resuelto, el Fondo de Reparación no ha podido destinar a las víctimas seis predios de Córdoba valorados en 6.200 millones de pesos, entregados por el exjefe ‘para’ Salvatore Mancuso en el 2008.
Esas haciendas, situadas en Tierralta y que engloban 1.503 hectáreas, están ocupadas desde hace siete años por 557 desmovilizados del ‘bloque Catatumbo’ y sus familias.
Ellos conformaron la Asociación Maderera Agrícola y Ganadera del Sinú (Asomags) y se niegan a entregar los predios, donde crecen plantaciones de acacias.
El caso es complejo porque los desmovilizados, liderados por el ex-Auc Manuel Caballero, aseguran que Mancuso y el excomisionado Luis Carlos Restrepo, hoy en líos con la justicia, acordaron que ellos se quedarían con esas fincas para desarrollar proyectos productivos al menos durante 25 años.
“Desde entonces, el Gobierno nos dejó solos. De aquí no nos vamos a ir hasta que nos den solución”, dice. En esas mismas tierras el Fondo ha tenido que realizar operativos con la Policía pues, debido a los líos para poder administrarlas, grupos ilegales están robando la madera. Hace un mes 5 personas fueron capturadas.
Los bienes ‘problema’
La Unidad de Víctimas, la institución que maneja al Fondo, asegura que ha buscado salidas para la encrucijada con los desmovilizados ofreciéndoles trabajo, pero que, en últimas, de no llegar a un acuerdo, tendría que recurrir a la Fuerza Pública. “No tenemos dinero ni bienes; si nos sacan de aquí, vamos a ser 557 familias desplazadas”, respondió el líder de los desmovilizados.
Entre tanto, al menos 10.000 familias víctimas en Córdoba siguen esperando que les cumplan los compromisos de restitución y reparación.
El caso de Tierralta se repite en Balboa (Risaralda), donde ‘exparas’ de alias ‘Macaco’ ocupan las fincas que el jefe del ‘bloque central Bolívar’ entregó en esa región. Como Asomags, dicen que su jefe y el gobierno de Uribe hicieron un acuerdo para dejarlos con esas tierras.
El coordinador del Fondo de Reparación de Víctimas, Juan Camilo Morales, aseguró que 8 de cada 10 bienes entregados tienen problemas. En todo este tiempo, apenas 27 bienes están listos para la venta (todos entregados por Mancuso, el jefe de las Auc que más le cumplió a la reparación).
En Simití, sur de Bolívar, unas 40 personas mantienen ocupadas, desde hace un año, 300 hectáreas, cultivadas con palma de aceite, de la finca El Cairo, entregada por los jefes del ‘bloque central Bolívar’. “Dicen que son víctimas y que tenían la titularidad de esas tierras, pero aún no han podido demostrarlo”, dice el Fondo.
Ni un peso de fortunas escondidas en el exterior ha llegado al Fondo
La ley de justicia y paz –y así quedó remarcado en la reforma del año pasado, que permitió que responsables de delitos cometidos hasta el 2012 pudieran acogerse a la norma– castiga a los victimarios que escondan los bienes para reparar a sus víctimas, con la pérdida de la pena alternativa.
Sin embargo, hasta ahora no aparecen la totalidad de las fortunas amasadas por los máximos capos de las Auc en más de 20 años de guerra y narcotráfico. Así, las propiedades de los hermanos Castaño en Europa, sus colecciones de arte y las inversiones en paraísos fiscales siguen en manos de los delincuentes. Lo propio ha pasado con empresas de fachada creadas por otros capos en países como Ecuador, Costa Rica y Panamá.
Hace menos de un mes, la Fiscalía pidió excluir de justicia y paz a Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, a quien le encontraron bienes escondidos por 17.000 millones de pesos. “A diferencia de los jefes de la guerrilla, casi todos los de las autodefensas tenían planes de un ‘retiro dorado’ en el exterior. De esa plata no se sabe nada”, dice un investigador.
Por otra parte, el Fondo de Reparación tiene líos para administrar propiedades que son inviables: acaba de negarse a recibirle a la Fiscalía unas oficinas en Cali que no valen más de 60 millones de pesos, pero que tienen deudas por 80 millones. Otros bienes han sido desvalijados. Es el caso de un edificio en Turbo y una hacienda de lujo en Cáceres (Antioquia).
Familias de jefes ‘paras’ reclaman propiedades
Las esposas y familiares de postulados a Justicia y Paz también pretenden quedarse con bienes entregados para la reparación de las víctimas. Es el caso de Doralba Giraldo, una de las compañeras sentimentales del ‘patrón de la Sierra’, el capo Hernán Giraldo Serna. Ella y su hija se niegan a entregar un piso en un lujoso edificio de Santa Marta, que fue entregado por el extraditado jefe ‘para’. En los archivos del Fondo también aparecen como reclamantes el hijo de Ramón Isaza, que alega la propiedad de unas mejoras en un lote que su padre entregó en Puerto Triunfo. Una de las excompañeras del temido jefe paramilitar ‘Macaco’, quien también paga pena en Estados Unidos, está reclamando propiedad sobre bienes de ese capo en Medellín, Copacabana y El Poblado y una casa de lujo en Sabaneta. Entre tanto, miles de propiedades siguen en manos de testaferros o de sucesores de los jefes paramilitares que quedaron fuera de juego.
‘Fiscalía debe agilizar casos’
Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, aseguró que los 113.000 millones de pesos en bienes entregados por exjefes ‘paras’ es una cifra irrisoria.
¿Los paramilitares han cumplido con el compromiso de reparación?
Es evidente que no. Ocho años de justicia y paz para solo haber entregado 113.000 millones de pesos en bienes, es insuficiente.
¿Qué va a hacer el Fondo para buscar más recursos?
Nos hemos dedicado a hacer un esfuerzo para mejorar la administración de estas propiedades y volverlas rentables. También estamos buscando otras fuentes de recursos en el sector privado.
¿Los paramilitares siguen escondiendo bienes?
La Fiscalía debe agilizar las investigaciones. Esperamos que con la priorización de la macrocriminalidad se develen esas estructuras de poder que los ocultan.
MILENA SARRALDE DUQUE

Yo, contrario a los uribistas, estoy dispuesta a hacer concesiones si la guerrilla deja las armas y les pone la cara a las víctimas, dos cosas que no hicieron los paramilitares.



Para María Jimena Duzan, lamentable víctima del paramilitarismo,
cuando se negocio con paras, no había posibilidad de ninguna concesión.... Cárcel... miren sus escritos...

Pero la inefable columnista de tanto andar con “Teodora” haciéndole homenajes al finado Chávez, le cambio el carazón...

Bueno pero reconocerá que algo es algo….
Y que estén en la cárcel no es poca cosa…

Ah sí encerrados de día y qué juergas los fines de semana. Ta' bien un exilio hacia dentro con gurdaespaldas mientras llega otra generación ...y a disfrutar los meloncitos

Tal vez para la sociedad o la parte de ella que no ha sido directamente afectada por la acción criminal de estos grupos criminales lo sea. Pero muchos grupos de víctimas afirman lo contrario.

El gran problema que ha tenido el uribismo y demás grupos sociales que se oponen al proceso de paz con las Farc es no tener en cuenta el punto de vista de las víctimas sino simplemente el punto de vista de ese sector de la sociedad que no está directamente afectada por estas acciones criminales.

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... Frank Pearl, alto consejero para la Reinserción, reveló que de los 31.000 paramilitares desmovilizados no se tiene noticia de 4.731. ...

El tribunal le puso dos condiciones muy duras con el que tanto los paramilitares y el gobierno no contaban. Primero dejó por fuera el delito político lo cual hace que cualquiera de las personas detenidas en Itagüí pueda ser extraditada de un día para otro. Es una espada de Damocles que no les permite a los comandantes desmovilizados respirar tranquilos.

Y también la Corte hizo obligatoria la confesión. El hecho es valioso para recobrar la verdad y reconstruir la memoria de lo ocurrido pero no para los desmovilizados, quienes sienten que así actúen de buena voluntad y se les olvide algo en su relato la justicia puede cobrarles eso y sentenciarlos a condenas que jamás imaginaron cuando firmaron sus acuerdos.

Estos dos hechos minaron la confianza de los paras. La confusión es tal que por ejemplo SEMANA.COM pudo confirmar que Mancuso ha preferido encerrarse en su celda y salir muy poco, porque sencillamente no confía casi en nadie. Además, a la gran mayoría de su familia ya la sacó hacia el exterior para blindarla en caso de que le pase algo.

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Desde la publicación, en marzo del 2006, del sexto informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) no cabe duda de que los grupos armados emergentes representan un peligro real para Colombia. También está claro que en el último año el fenómeno ha ido creciendo y que tienen vínculos estrechos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Hoy por hoy, el Gobierno colombiano tiene identificados 22 grupos que operan en 102 municipalidades en la mitad de los 32 departamentos del país. La policía calcula que suman 3.000 hombres, una cifra que se queda corta frente a los 3.500 - 4.000 o incluso 9.000 miembros de grupos emergentes, según dos centros de pensamiento colombianos.

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Si el desmovilizado cumple estos requisitos, la justicia debe suspender la orden de captura “por un periodo equivalente a la mitad de la condena establecida en la sentencia, a fin de lograr su libertad”.

Requisitos para suspensión de la pena:

• El desmovilizado debe informar todo cambio de residencia.
• Debe comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
• No puede salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.
• Debe demostrar su buena conducta.

La ley también ordena la creación de un mecanismo no judicial que recolectará y sistematizará la información que se obtenga del Acuerdo, que no podrá ser utilizada como prueba en el proceso judicial en contra de quien suscribe el Acuerdo o en contra de terceros.

Además el documento aclara que “sin perjuicio de los beneficios que se otorguen en el marco de esta Ley, los desmovilizados serán investigados y /o juzgados según las normas aplicables en el momento de la comisión de la conducta punible”, es decir que de producirse sentencias condenatorias, los desmovilizados que se acojan al beneficio no pierden su libertad, no obstante deberán ser asumidas las consecuencias de otro orden que implique la condena, como por ejemplo la inhabilidad para poder postularse a cargos de elección popular, entre otros.

No hubo reparación, no hubo un ápice de verdad. Los nexos, innegables, de los paras con los estamentos militares y políticos se han ido develando a cuentagotas, más producto de rencillas entre quienes compartieron crímenes anteriormente, que de procesos o instancias conducentes a tal fin.

Nadie pide que a la narcoguerrilla no le cobren sus crímenes, mas faltaba. Solo se advierte que el otro bando solo esta pagando cárcel por narcotráfico, controla todavía infinidad de alcaldías y parte del Congreso y nos quedo debiendo muchísimas explicaciones.