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(Independencia judicial) : Hoy las pensiones, ¿y mañana?
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Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Nadie sensato puede estar de acuerdo con los abusos que se vienen cometiendo con ciertas pensiones obtenidas con ventaja y fraude a la ley.
Desde ese punto de vista es bienvenida la decisión anunciada por la Corte Constitucional de extirpar esos regímenes desiguales, pero no todo lo que brilla es oro ni merece aplauso.
Fue grotesca la filtración de la decisión que finalmente se adoptó, que dio la sensación de que el asunto se estaba manejando mediática y no jurídicamente. Hubo alguien en la Corte Constitucional que se dio a la tarea de mantener inflamada en la opinión la idea de que se tenían que caer las pensiones excesivas. En ese ambiente de inocultable presión, era obvio que resultaba imposible que la Corte hubiera podido libremente adoptar una decisión contraria a la que profirió, porque ya la gente en general acariciaba el derrumbamiento de este odioso régimen pensional. Hoy la causa fue noble, pero el antecedente es nefasto para una corporación que ha de estar alejada de todo tipo de injerencias, incluidas las bien intencionadas.
La parte resolutiva de la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó las pensiones parece más un auto cabeza de proceso de una investigación penal o disciplinaria, que un enjundioso tratado de derecho público. Ciertamente, llegar al detalle de tener que decir en una sentencia de constitucionalidad que las pensiones otorgadas “con abuso del derecho o con fraude a la ley, se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes” es inusual, por decir lo menos. El sabor que dejó tanta minucia en la decisión fue que la Corte sustituyó a fiscales, jueces y organismos de control, pues terminó haciendo lo que éstos pudieron haber hecho, validos no de la Carta Política sino de los códigos Penal o Disciplinario. No hay duda de que hubo un interés manifiesto de halagar a la galería, y lo consiguieron, pero a qué inmenso costo. Por ese accidentado camino la protectora de los principios de la Carta Política, entre los cuales está la presunción de inocencia, de una vez dio por sentado que los pensionados obraron de mala fe, y que por ello se hacen merecedores de que sus mesadas sean revisadas.
Fácil resulta imaginar lo que se vendrá ahora. Una cacería de brujas ejercida por funcionarios de las instituciones de seguridad social que se sentirán asistidos de poderes omnímodos conferidos por este fallo de la Corte Constitucional, para pisotear a los pensionados que no gocen de sus simpatías o preferencias personales o políticas.
Pero lo peor está por venir. Si hoy la Corte Constitucional fue capaz de desconocer por motivos de interés general derechos adquiridos de pensionados —entre los cuales hay personas decentes con quienes tengo lazos entrañables, razón por la cual me abstuve de opinar sobre este tema antes del fallo—, nada asegura que no se haya abierto la puerta de que en el futuro, también por motivaciones semejantes, puedan sacudirse otros derechos ya consolidados.
Con algo de “chavismo” y de verbo caliente, el argumento que sirvió en esta ocasión para suprimir el régimen pensional desigual podría habilitar, por ejemplo, a que mañana se revisen contratos estatales con empresarios nacionales y extranjeros, por considerarse lesivos del erario. Muy seguramente ya hay quienes deben de estarse preguntando si a sus negocios o actividades no les podría llegar también la hora de que la Corte, pretendiendo restablecer la inequidad generada por ciertos negocios, declare inexequible la ley que autoriza su celebración. Y eso, a no dudarlo, también sería aplaudido con satisfacción por la tribuna.
Adenda Nº 1. Algunos oportunistas de la paz pretenden quedar bien con todo el mundo. Uno de los delegados del Gobierno en la mesa de La Habana le celebra privadamente al procurador su postura contra el proceso de paz. Traición, oportunismo y lagartería, qué explosiva combinación. Si no fue Humberto de la Calle, ¿entonces quién?
Adenda Nº 2. El procurador Ordóñez tiene “procuradores en la sombra”. Si lo dijo el fiscal general, por algo será. ¡Qué peligro!
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