Pensiones: un debate incompleto

CUANDO SE INSTAURÓ EL SISTEMA de pensiones en Colombia, más que un premio a una larga vida laboral, la idea medular fue la de proteger a la población más pobre durante el tiempo de su vejez.

Para esto se creó el régimen único de prima media, en el cual los trabajadores aportaban a un gran fondo común y, cuando llegaba el fin de la época laboral, solidariamente los jóvenes subsidiaban a todos los mayores. Sin embargo, con el tiempo, ya no era sólo a los pobres a quienes debía cubrir el sistema, sino también a los más pudientes que habían cotizado juiciosamente durante toda su vida. El lío comenzó cuando ni este incremento en los pagos ni el cambio demográfico fueron contemplados y con los mismos requisitos en cuanto al monto y el tiempo de los aportes, se pasó de 10 trabajadores por pensionado en los años 40, a cuatro trabajadores por pensionado en los 90. Al hacerse las proyecciones, se descubrió que el sistema en 2011 sería inviable.
La salida inmediata fue la de permitir en el país los fondos de ahorro privado y así movilizar a la población con altos ingresos, liberando el sistema de la carga de las altas pensiones. No obstante, aunque esta reforma, implementada con la Ley 100 del 93, alivió el monto de pagos del sistema en el tiempo futuro, la consecuencia en el corto plazo fue que éste se desfondó. Sellar el hueco financiero supuso, por un lado, recurrir a los recursos de la nación —todavía el país le gira al sistema de pensiones cuatro puntos del PIB cada año— y, por el otro, replantear las reglas del sistema. Entre los cambios más notables estuvo el que hizo obligatoria la cotización en todo trabajo formal y el desmonte —hasta ahora parcial— de los absurdos privilegios que se había concedido a ciertos sectores de la burocracia estatal.
Otras reformas han estado pendientes, entre ellas, la de aumentar la edad de jubilación que, en principio, debe comenzar 15 años antes de la expectativa de vida promedio y ésta, en respuesta a las mejoras en la calidad de vida, se ha incrementado en el país. La iniciativa de este cambio, sin embargo, fue mal pensada por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional: al pretender pasarla por debajo de la mesa en el Plan de Desarrollo, lo único que se logró fue frenar su aprobación. No sin razón: por necesaria que sea la modificación, ésta debe ser públicamente discutida. Son otras las vías que debe utilizar el Gobierno las cuales, además, no estaría mal aprovechar para resolver, junto con éste, otros problemas que es necesario, y tal vez más urgente, atender.
Uno de ellos es el retorno, por vías legales, de los privilegios que el Congreso desde 1993 ha ido desmontando. Aunque este retorno no es para segmentos de la burocracia sino para individuos aislados, según cálculos del DNP, los distintos fallos le costarían al Estado 15 puntos del PIB, cantidad cuyas proporciones se entienden cuando se conoce que darles una mesada mensual, inferior al mínimo, a todas las personas que no alcanzaron a cotizar el número exigido de semanas —siendo este el gran lío del país— costaría 1,3 puntos del PIB anuales; monto que se debería asumir para darles, especialmente a los trabajadores informales, una oportunidad para vivir en la vejez. Como la pensión que se ofrece es menor que el mínimo, la Corte Constitucional ha bloqueado varias veces las iniciativas que en esta dirección se han presentado. Con o sin razón, el gran lío permanece: el 57,2% de trabajadores nacionales son informales, entonces, cuando envejezcan, ¿qué va a pasar con ellos? Es realmente esto, y no la edad de pensión, lo que debería estar afanando al país, pues la alternativa no es tan fácil como la de garantizarle, en un claro ilusionismo jurídico, un ingreso mayor al mínimo a todo el que supere la edad de jubilación. Bien haríamos al comenzar a revisar alternativas, pues la bomba social no es que esté dando espera.

Fuente: Elespectador.com