La tarea pendiente

La tarea pendiente



El movimiento de los estudiantes, que ganó tantos adeptos con su audaz manera de oponerse a la idea gubernamental de reformar la educación superior, se desdibuja en las redes de la política.

El miércoles pasado, los habitantes de varias ciudades del país fueron testigos de una serie de marchas convocadas por el sindicato de maestros, Fecode, y los estudiantes agrupados en torno a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), el movimiento que surgió para rechazar el proyecto de ley que buscaba reformar la educación superior en Colombia y que naufragó el año pasado. En contraste con ocasiones anteriores, en esta, la convocatoria atrajo a menos participantes, algunos de los cuales protagonizaron actos vandálicos en Bogotá y otras capitales.
El ambiente de las manifestaciones fue muy diferente en comparación con las del 2011. En lugar de estrategias ingeniosas para dar a conocer los puntos de quienes promueven un cambio en la enseñanza universitaria, como la 'besatón' y la 'abrazatón', ahora volvieron a sonar las papas bomba y las consignas de protesta contra el neoliberalismo o el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
A la luz de esas expresiones, resulta lamentable que el movimiento estudiantil, que en un comienzo tenía un propósito renovador y moderno, haya caído en la trampa de la política tradicional. En lugar de convocar a sus simpatizantes con propuestas incluyentes, cada vez son más notorios los elementos polarizantes, alentados por líderes de la izquierda tradicional que quiere quedarse con este sector de la juventud.
Dicho tinte partidista puede llevar al fracaso la propuesta que con varios meses de retraso la propia Mane presentará el próximo 12 de octubre, con el fin de que el Congreso la discuta. El borrador de la exposición de motivos de la iniciativa, que ya se encuentra en Internet, no permite tener optimismo sobre el alcance de propuestas que plantean una visión del Estado que trasciende la meramente educativa, se alejan de las realidades del sector y buscan establecer un sistema exclusivamente público.
Si estas impresiones se comprueban, sería deplorable perder la oportunidad de impulsar las reformas que son necesarias, no solo para que aumente la cobertura universitaria en el país -que hoy en día es cercana al 40 por ciento-, sino para que los índices de calidad mejoren. Tal esfuerzo requiere recursos del presupuesto nacional, pero también argumentos que demuestren que cada peso adicional que reciban las universidades va a redundar en un número más alto de profesionales que tengan las capacidades y el conocimiento necesarios para desempeñarse en un mundo en el que la competencia cada vez es mayor.
No menos importante es asegurar que existirán los mecanismos para que los jóvenes pertenecientes a los sectores de menores ingresos tengan las mismas oportunidades de completar una carrera que los de estratos más altos. Un avance en ese campo es fundamental para hacer de Colombia un país más igualitario y romper aquello que los especialistas conocen como la trampa de la pobreza.
Al tiempo que eso ocurre, debería incrementarse el interés de la ciudadanía en los asuntos de la educación, la única llave que existe en cualquier país para construir sociedades más prósperas y equitativas. La razón es que llegar a la meta de tener más y mejores universitarios pasa no solo por crear cupos adicionales, sino por asegurarse de que la enseñanza en todos los niveles -es decir, preescolar, primaria, secundaria, media y superior- cumpla con estándares altos.
En tal sentido, hay que reiterar que, más allá del debate sobre la cobertura, es necesario examinar en forma descarnada las falencias del sistema actual. Los resultados de las pruebas Pisa, que administra la Ocde y se aplican entre los adolescentes de unas 70 naciones, sitúan a Colombia en los últimos lugares de la muestra en categorías como comprensión de lectura y matemáticas. De allí que la preocupación por la calidad deba ser una constante, sin desconocer los esfuerzos hechos.
Al respecto, vale la pena destacar algunos avances. Un estudio de Alejandro Ome, un economista colombiano que realiza un doctorado en la Universidad de Chicago, demuestra que, tras la adopción del Estatuto de Profesionalización Docente, que rompió con el esquema tradicional que defiende Fecode, hay una mejora de los resultados de las pruebas que presentan los alumnos de noveno grado. Ese cambio, al cual se le debe agregar el ambicioso programa Todos a Aprender, que impulsa el Ministerio de Educación, con presencia en 780 municipios, permite tener cierto grado de optimismo sobre el futuro.
Por eso, es lamentable que el sindicato de maestros siga en su objetivo de defender las mismas prebendas que relegan el bienestar de los estudiantes a un segundo lugar. Solo así se puede entender la actitud de rechazo pleno a la directiva que les exige cumplir la jornada laboral, como si esa no fuera la obligación de cualquier empleado.
Y es todavía más deplorable que la Mane se haya dejado arrastrar a esta controversia, ajena a su causa, ya sea por ingenuidad o ambición de sus líderes. En cualquier caso, la esperanza de tener un interlocutor válido para hablar de educación está en riesgo de perderse por cuenta de un movimiento que empezó bien, pero que, con el paso del tiempo, comienza a comportarse como aquellos estudiantes que solo se quejan porque no pueden entender en qué consistía la tarea.

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