Guapi en la encrucijada del conflicto armado

A pesar de que el 23 de febrero se decretó un toque de queda de tres días en la población de Guapi, Cauca, sus pobladores siguen protestando en el parque y en las calles. Las razones que tienen para su indignación contra la policía, la Sijín y la Fiscalía es la connivencia y complicidad con el grupo de Los Rastrojos, situación que ya no aguantan más, pues en dos años van más de 50 asesinatos y un sinnúmero de extorsiones, desplazamientos, confinamientos y amenazas.

Los antecedentes de la protesta datan del 23 de noviembre de 2011, cuando el teniente de la policía Avit Pino asesinó al joven de 17 años, John Fredy Vidal Sánchez, que se desempeñaba como carretero. Este hecho se presentó en un ambiente de confrontación entre Los Rastrojos y un nuevo grupo denominado Los Papamija o "no identificados", conformado por jóvenes que decidieron enfrentar directamente a los paramilitares, desde el 9 de octubre de 2011. La muerte de John Fredy, empezó a rebosar el vaso. La indignación de los pobladores era mayor en cuanto la policía no actuaba contra Los Rastrojos que se paseaban libremente en el pueblo amedrentando y asesinando; es más, en ciertos sitios se les veía departiendo como buenos amigos. De inmediato los pobladores se levantaron en una protesta que terminó en un paro cívico y en la exigencia de una comisión de alto nivel encabezada por el ministro del Interior o el Vicepresidente de la República.

El 25 y 26 de noviembre la Comisión de Paz de Guapi que se había conformado el día anterior, se reúne con la comisión gubernamental integrada por delegados del ministerio del Interior, el comandante de policía Cauca, el comandante operativo del Cauca, el contraalmirante de la infantería, el comandante del batallón de infantería # 10, el juez promiscuo municipal, el fiscal seccional, el juez de familia, la personera, el alcalde, la defensoría del pueblo regional Cauca, el defensor del pueblo de Guapi y un delegado de la secretaría de gobierno departamental.

La solicitud de la Comisión de Paz fue el aumento de pie de fuerza con revisión periódica de hojas de vida, fortalecimiento de la justicia, memoria e investigación de los crímenes y traslado inmediato de los 23 miembros de la policía acantonados en el puesto de Guapi, entre otras.

Pero las cosas no mejoraron. El nuevo contingente policial continuó la alianza con Los Rastrojos, liderados por alias Cristian. En estos tres meses, la violencia aumentó, muertos, heridos y confinamiento en los barrios. En informes de la Regional Cococauca se hace referencia a ocho muertos en los primeros 12 días del año nuevo. Para febrero el accionar de Los Rastrojos aumentó. Dice el último comunicado de Cococauca:

"El 3 de febrero de 2012 en el barrio las Flores del área urbana de Guapi – Cauca, resultaron 2 personas heridas, el uno recibió 3 disparos y el otro recibió un tiro perpetrados al parecer por los paramilitares.

El 13 y 14 de febrero de 2012 fueron desalojadas en forma violenta 45 viviendas del barrio Santa Mónica del área urbana de Guapi, perpetrada al parecer por los paramilitares de los RASTROJOS. En este barrio residen alrededor del 40% de personas desplazadas que están siendo revictimizadas, sitio donde también se aumentaron los reclutamientos forzados a menores.

El 14 de febrero de 2012 se realizó de carácter urgente una reunión del Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada (CLAIPD), ahora se llama Comité territorial de Justicia transicional (CTJT). La gente denunció los hechos, la situación de riesgos, y se manifestó sobre posible complicidad de miembros de la policía con los paramilitares".

Con la detención del cabecilla de Los Rastrojos, el 20 de febrero, de alias Cristian en el vecino municipio de Satinga, los guapireños pensaron que las cosas mejorarían y que la policía podía actuar contra los otros miembros de Los Rastrojos que estaban en Guapi. Pero las cosas no sucedieron así. La acción de la policía, la Sijín y la Fiscalía fue detener a dos jóvenes que al parecer hacen parte de los Papamija, situación que de nuevo, desencadenó fuertes protestas el día 23 de febrero, pues el juez los acusó de intento de homicidio y porte ilegal de armas.

Los pobladores enardecidos quemaron una moto de la Sijin, tiraron piedras contra la estación de la policía exigiendo la libertad de los jóvenes, pues temen por sus vidas. Ante esta situación fue enviado un contingente del ESMAD que intenta dispersar a la población con gases lacrimógenos. El primer día de la protesta la policía disparó contra tres pobladores, dos de los cuales están en situación grave. De inmediato fue decretado el toque de queda por tres días, medida que los pobladores no han acatado, a excepción del comercio que cerró sus puertas desde el inicio de las protestas.

Los dos jóvenes fueron trasladados de inmediato a la cárcel de Buenaventura, donde corren inminente peligro, pues están a merced de los otros paramilitares detenidos en la misma cárcel.

La solicitud de los pobladores de Guapi es que el alto gobierno se haga presente para analizar los últimos acontecimientos. Que se respete la vida de los jóvenes, que si bien tienen antecedentes penales, puedan ser trasladados a un sitio de reclusión en Guapi donde puedan estar más protegidos.

Estos hechos han colocado a los habitantes de Guapi en una encrucijada, pues si bien exigen la presencia de la policía, no saben cómo evitar su connivencia con los grupos paramilitares. Algunos líderes se atreven a decir que pareciera una directriz institucional, pues esta complicidad lleva largos años. Se ha denunciado en distintas instancias estatales y no ha pasado nada. Por ello, solicitan la presencia del general Naranjo, con quien creen pueden llegar a tratar la situación, dicen los lideres.