Georgia sufre éxodo de trabajadores hispanos

En los 17 años que lleva en Georgia el mexicano Edilberto Pérez nunca había visto que una cosecha se perdiera por falta de manos para recogerla.

Hasta este año, cuando por culpa de una ley que todavía no está vigente, cientos de los que solían trabajar con Pérez decidieron dejar el sureño estado de Estados Unidos, justo en el pico de la temporada de recolección de varias frutas y verduras.

"Se han ido por miedo a la ley", aseguró Pérez, refiriéndose a la ley HB-87 con la que Georgia, siguiendo el ejemplo de Arizona y otros estados, pretende controlar la inmigración ilegal cortando el acceso de los indocumentados a servicios públicos y autorizando a la policía a detener a los "sospechosos" de no tener papeles.

"El año pasado hubo suficiente gente. Éramos unos 80 en mi grupo y en este nos quedamos en menos de la mitad. Esta semana vinimos cinco a recoger las moras y tuvimos que dejarlas ahí en las matas. Entre cinco no podemos recoger 20 kilómetros cuadrados de cultivos, si acaso uno", dijo Pérez, original de Oaxaca.
Desde que empezó la cosecha de la mora y la cebolla a finales de abril Pérez, quien tampoco tiene documentación legal, dice haber sentido cómo había menos gente en las granjas, por el éxodo y porque muchos de los que siguen en Georgia se niegan a recorrer grandes distancias en auto por temor a toparse con la policía.

Ley "espanto"

Los agricultores de Georgia coinciden con Pérez y consideran que la ley HB-87 está "espantando" a muchos hispanos que suelen trabajar en los campos, sobre todo en los cultivos de frutas y verduras, los más intensivos en cuanto a mano de obra.

"La ley no ha entrado en efecto pero creo que mucha gente tiene preocupación porque no quieren ser acosados o que se les vaya a arrestar", aseguró Charles Hall, director de la Asociación de Cultivadores de Frutas y Vegetales de Georgia.
Se calcula que unas 87.000 personas trabajan en la agro-industria de Georgia, el 90% de origen hispano, principalmente de México y Guatemala.

De acuerdo con un estudio presentado la semana pasada por la Comisión de Agricultura del estado, para esta cosecha han faltado 11.000 recolectores, un 14% de la fuerza laboral necesaria.
Cuando el mes pasado el gobernador Nathan Deal le puso el "ejecútese" a la ley, quizá no pensó en los problemas que podría crearle a la agroindustria, que con US$ 69.000 millones es la principal actividad económica del estado.

Ahora, presionado por el sector, Deal busca soluciones para la escasez de trabajadores, una de ellas poner a recoger frutas a los 2.000 convictos que actualmente están en libertad condicional.

40 grados a la sombra

A Edilberto Pérez no le parece muy atractiva la idea de compartir la jornada con criminales convictos, y se pregunta por qué las agencias de empleo no mandan a los que no tienen trabajo para que ayuden en los campos.
Según datos de la industria los trabajadores del campo pueden ganar entre US$10 y US$18 por hora, aunque el estudio presentado de la Comisión de Agricultura del estado determinó que la mayoría ronda los US$8, el sueldo mínimo federal.
Claramente es un trabajo poco atractivo para muchos. La paga es la mínima legal, un promedio de US$8 por hora, menos del 7,7% incluyen seguros de salud.
Charles Hall considera que los ciudadanos estadounidenses "quieran o no quieran" estar dispuestos para trabajar en los campos "no tienen la energía suficiente".
"Cosechar es difícil. A 38 o 40 grados en los campos sin sombra. Trabajas contra reloj obviamente para hacer más dinero y mantener los estándares de producción. Te paras, te doblas, levantas peso, es un trabajo duro".

Ayuda legal

Para esta cosecha podría decirse que "el mal está hecho" y que ya no hay tiempo para volver por lo que quedó sin recoger.

Sin embargo, la situación podría repetirse en octubre con la segunda temporada de algunos productos y nuevamente en la próxima primavera boreal, cuando haya que recoger moras, frambuesas, fresas, pimientos, cebollas y duraznos
El remedio a largo plazo pasa por una reforma legal que adapte el sistema de trabajadores invitados que actualmente tiene el gobierno federal.
"La solución es un programa de trabajadores invitados que sea más fácil de usar que el que tenemos actualmente. Porque la burocracia y el papeleo que implica éste hace que pocos cultivadores lo usen", aseguró Hall, quien afirmó que sólo 7.000 trabajadores han sido llevados al estado con ese programa.
Algunos consideran que la falta de comunicación entre el gobierno estatal y la industria generó un problema que puede tener millonarias repercusiones económicas que algunos tasan en hasta US$300 millones en pérdidas esta temporada.
"Con la demanda federal presentada la semana pasada, uno se pregunta si los funcionarios del estado no estarán secretamente esperando ser rescatados de este desastre por la intervención de un juez", escribió Jay Bookman en el Atlanta Journal Constitution

El futuro en Carolina

Si la ley sigue vigente sin alteraciones y los inmigrantes no regresan, los productores siempre tienen el recurso de cambiar de cultivo y centrarse en productos de recolección mas mecanizada que les permita reducir su necesidad de mano de obra, como algodón, maní o soya.
Por su parte Pérez no se quedará a esperar. A fines de mes irá a Carolina del Norte a trabajar en la cosecha de moras, como ha venido haciendo todos los años.
Sólo que en este ocasión es posible que tenga que quedarse allí.
"Yo no quisiera porque mi casa está aquí. Mis hijas (16 y 17 años), que son ciudadanas estadounidenses, quieren estudiar aquí. Para ellas sería emocionalmente muy duro tener que dejar Georgia. Esta es nuestra casa".

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