Colombia. Los “falsos positivos” son cerca de 1.800, según ONU
Los casos de “falsos positivos” (civiles asesinados por miembros del Ejército) se encuentran en investigación, pero no solo por los máximos organismos judiciales, como la Fiscalía, sino también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual ya arroja los primeros resultados.
Precisamente, un relator especial de la ONU visitó el país convocado por los principales partidos políticos de oposición y por organizaciones no gubernamentales, ante la serie de asesinatos que despertó la sospecha entre los sectores humanitarios de que los crímenes no eran simples casos aislados entre las Fuerzas Militares.
Según investigaciones de las Naciones Unidas, los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1.800.
La cifra fue publicada en un informe de su relator, Philip Alston, quien estuvo en Colombia investigando estos hechos. El funcionario aseguró, además, que estos asesinatos no son obra de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere hacer ver el gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército y son un “crimen de Estado”.
Sin embargo, Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa de los altos mandos del gobierno de Uribe, y tampoco que el macabro sistema fuera de su conocimiento. Aunque sí culpó de los asesinatos al sistema de recompensas que establece el programa de Seguridad Democrática implantado por el presidente Uribe para ganar la guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc).
Los casos de los “falsos positivos” comenzaron a registrarse desde el año pasado, cuando muchos jóvenes desempleados empezaron a desaparecer de sus lugares habituales de residencia en diferentes ciudades del país, para luego aparecer muertos en supuestos combates y ser señalados por el Ejército de pertenecer a grupos de paramilitares o guerrilleros, según el caso.
Como sucedió en algunas ocasiones, los cadáveres de los jóvenes lucían vestidos con prendas que usualmente utilizan los guerrilleros o los paramilitares para dar mayor credibilidad al ‘combate’.
Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa del Gobierno
Generalmente, cuando las fuerzas militares se enfrentan a grupos ilegales o subversivos y registran la mayor cantidad de muertos en las filas enemigas, los soldados que participan en la acción son premiados con permisos y ayudas económicas.
En varias declaraciones a los medios y a las autoridades, un coronel del Ejército que prefirió el anonimato sugirió que el rápido crecimiento estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano.
El uniformado dijo que “esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores”. Y agregó que también “podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército y así les ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”.
Sobre este hecho, el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, sostuvo a El Telégrafo que “esa es una actividad macabra de muchos militares, que fue ocultada por sus superiores y ahora ha quedado al descubierto por las continuas denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y por la visita del relator de las Naciones Unidas.
“Esos hechos son crímenes de Estado que han proliferado durante los dos períodos del gobierno del presidente Álvaro Uribe, de allí que muchos nos preguntemos con qué cara puede presentarse el Mandatario para otra reelección”, sostiene el defensor de los derechos humanos.
Precisamente, cuando el país creía que estos hechos se debían a casos aislados de militares criminales, se descubrió que el número de casos de desaparecidos por obra de las fuerzas regulares podría llegar a los 1.800.
Aunque de acuerdo con documentos e investigaciones realizadas por la CIA (Agencia de Inteligencia de EE.UU.) y el Gobierno de EE.UU. –varios de ellos han sido desclasificados y publicados (ver recuadro)–, las acciones de los “falsos positivos” por parte de las fuerzas militares vienen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo en los dos últimos años recobró vigencia, cuando se descubrió que varios jóvenes desempleados que habían desaparecido misteriosamente en Soacha, una localidad del área metropolitana de Bogotá, aparecieron muertos a 1.000 kilómetros de sus hogares.
Este escándalo fue conocido por el país a mediados del año pasado, cuando once madres de jóvenes de esta localidad denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas en combate pertenecientes a grupos guerrilleros, fueron asesinados, al parecer, por miembros de la fuerza pública en la zona rural de Ocaña (norte de Santander).
Desde entonces, y aun cuando el Presidente destituyó a 27 militares, incluidos tres generales y otros oficiales de alto rango, los familiares siguen reclamando justicia.
El Gobierno, por su parte, a través del actual ministro de defensa encargado, general Freddy Padilla de León, ha dicho que los “falsos positivos” son casos aislados cometidos por algunos miembros del Ejército que no merecen estar en esa institución y por eso han solicitado a la justicia que aplique todo el peso de la ley.
Sin embargo, esta situación ya ha trascendido las fronteras, porque varias organizaciones europeas han solicitado a los representantes de la Unión Europea no negociar ningún Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta que se esclarezcan estos crímenes, al igual de lo que sucede en Estados Unidos, donde sindicatos y senadores demócratas tienen frenado el TLC por las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del Ejecutivo.
Dos precandidatos presidenciales mostraron sus posturas con respecto a este problema que involucra al Ejército de Colombia. El líder de Polo Democrático, Carlos Gaviria, manifestó a este Diario que “el Gobierno debe responder por estos crímenes de Estado, más allá de los oficiales del Ejército que han intervenido en esos “falsos positivos”. El presidente Uribe es el máximo comandante de las fuerzas militares, y como tal debe enfrentar todo el costo político de las muertes de esos civiles”.
Desde su curul en el Senado, Gustavo Petro, quien disputa con Gaviria la candidatura a la Presidencia de la República y es uno de los más fuertes opositores del Gobierno, manifestó que “con la misma intensidad que desde el poder se trató de minimizar estos crímenes, ahora se debe reconocer y sancionar con todo el peso de la ley a los autores, tanto materiales como intelectuales. Esta es una barbarie que no puede suceder en una democracia como la colombiana”.
