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Corte reabre caso de lesa humanidad contra General (r) Yanine Díaz
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El oficial (r) y 14 uniformados más de la Policía están involucrados en la desaparición de 13 civiles, acaecida en 1982. Siguiendo su reciente postura de reabrir los procesos por delitos de lesa humanidad archivados por organismos jurídicos, la Corte Suprema de Justicia determinó asumir la investigación en contra del general (r) de la Policía Nacin Yanine Díaz y otros 14 uniformados involucrados en la desaparición forzada de 11 estudiantes universitarios, un obrero y un vigilante.
Al parecer, hace casi 28 años, el narcotraficante José Jader Álvarez contrató a los policías para que asesinaran a los captores de sus hijos, que habían sido secuestrados en 1981 aparentemente por el M-19, un año antes de impartir esta instrucción a los supuestos criminales; para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, se trataba de una confesión acerca de la participación de agentes del desaparecido F-2 en la desparición de las 13 personas.
La medida tomada por la Sala Penal de la Corte también cobija a los mayores Ernesto Condia Garzón y Jorge Alipio Vanegas Torres, los capitanes Luis Ángel Perdomo Perdomo, Jairo Otálora Durán y Miguel Rodrigo Torrado Badillo, los sargentos José Alirio Velásquez Garzón, Jorge Enrique Ortiz Parrado y Josué Rafael Lobos Silva y los agentes Jaime Helí Colmenares Botero, Pedro Jesús Ramírez, Luis Eduardo Aguirre Barragán, Benedicto Lara, Adrian Villamizar Jaimes, Henry Espitia Díaz, Luis Ernesto Suárez Cevallos, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
Tras investigar los hechos, el Instructor General de la Policía había archivado el proceso a favor de los uniformados (r), decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior Militar en 1987, cinco años después de iniciado el drama de las familias de los 13 desaparecidos.
El caso había sido denunciado ante la Cidh, lo que motivó la solicitud de la Sala Penal de requerir al Gobierno Nacional para que le hiciera llegar el informe enviado a ese tribunal multilateral, en el que expone las herramientas de las que dispuso el Estado colombiano para castigar a los culpables de este delito de lesa humanidad.
En su informe anual de 1991, la Comisión condenó al Gobierno colombiano por no respetar y garantizar los derechos de los desaparecidos a la vida, la integridad personal, la libertad y a la protección judicial, en tanto que recomendó la reapertura de las investigaciones, lo que derivó en la llegada del proceso a la rcién establecida Fiscalía General de la Nación.
En ese entonces le instó a que "ordene reabrir una exhaustiva e imparcial investigación sobre los hechos denunciados y tomando en cuenta las coincidentes conclusiones acusatorias de los organismos citados, para evitar hechos de grave impunidad que lesionan las bases mismas del orden jurídico, disponga se revisen los graves y no desvirtuados cargos que pesan contra los oficiales sobreseidos, tomando en consideración el principio de que no hace cosa juzgada un grave error judicial".
Recientemente, la misma Corte Suprema había reabierto la investigación en contra del ex congresista César Pérez, por su presunta responsabilidad en la masacre de Segovia, Antioquia, ocurrida en 1988, en la que el grupo paramilitar entonces denominado "muerte a revolucionarios del nordeste" asesinó a 43 civiles.
En ambos casos, la Corporación analizó la incorporación de los elementos contenidos en el Estatuto de Roma, del cual es firmante el Estado colombiano, que considera la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como los son el genocidio, el secuestro, la desaparición, entre otros.
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__________________ Andy
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