El humo pensional

El humo pensional. Cuando la agitación política reemplaza el buen gobierno. Este análisis lo publica en X la abogada Carolina Restrepo Cañavera, juiciosa analista, sin sesgos políticos. En la alcantarilla, que son las redes sociales donde el odio es el lenguaje, encontrar voces ponderadas y técnicas es un hallazgo mayor.

La reforma pensional es un buen ejemplo de lo que está haciendo este gobierno. Improvisación, ineptitud, o lo que es más preocupante, impulsor de proyectos inconstitucionales para que, al ser negados por la justicia, les sirvan como caballo de batalla para señalar como enemigos a los otros poderes públicos, tapar su corrupción y agitar el clima político para ganar las elecciones de 2026.

El mal está hecho y como lo dijo el expresidente Santos hace unos días, Petro va a entregar un país despelotado que necesitará de varios gobiernos para sacarlo del hueco en el que lo metió y corregir el rumbo. Confiemos en que la cordura nos guíe en las urnas y elijamos un estadista que piense en las próximas generaciones y no un populista obsesionado en las próximas elecciones.

Cita:

La verdad, no entiendo qué es lo que están celebrando con la reforma pensional. Cualquier jurista que conozca mínimamente el proceso legislativo, el control constitucional y la jurisprudencia sobre vicios insubsanables sabe que este trámite está gravemente viciado y que la Corte Constitucional, si respeta sus precedentes, no puede avalar un proyecto que viola principios esenciales del procedimiento legislativo. El defecto no es de consecutividad ni de legislatura; es mucho más profundo: la reforma se saltó un debate obligatorio en la Comisión Séptima de la Cámara, que según el artículo 157 de la Constitución es un requisito sine qua non para la validez de cualquier ley. Sin este debate preceptivo, el proyecto incurrió en un vicio insubsanable porque se vulneró el principio democrático que exige deliberación completa en las instancias constitucionalmente previstas. La Corte ha sido absolutamente clara al respecto. En sentencias como la C-760 de 2001, la C-754 de 2004 y más recientemente la C-131 de 2023, ha reiterado que la omisión de un debate obligatorio constituye un vicio que no puede corregirse ni en la misma legislatura ni en sesiones extraordinarias. Esto se debe a que el debate es un elemento esencial para garantizar el principio de publicidad, el derecho de participación de los congresistas y la formación democrática de la ley. Intentar “subsanar” el error mediante una proposición aprobada en plenaria —como acaba de hacerse— es jurídicamente inane: un debate que no existió en su momento no puede suplirse con un simple acto declarativo posterior. Además, la doctrina constitucional establece que estos vicios afectan la validez del trámite en su conjunto y no admiten convalidación posterior. Pretender lo contrario es desconocer lo más básico del derecho parlamentario colombiano y del control de constitucionalidad sobre los actos legislativos. Por eso resulta preocupante que varios congresistas celebren la supuesta aprobación como un triunfo político, sin entender que este trámite ya nació muerto jurídicamente. Esa celebración solo demuestra el desconocimiento del proceso legislativo y del precedente de la Corte Constitucional, o, peor aún, el intento de engañar a la opinión pública haciendo creer que el vicio puede corregirse cuando en realidad es insubsanable. Si la Corte actúa en coherencia con su jurisprudencia —como lo ha hecho de manera consistente— la reforma pensional será inexequible. Y más allá de la posición que cada quien tenga sobre el contenido de la reforma, lo que está en juego es la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a las reglas democráticas que garantizan la legitimidad de las leyes. Yo me niego a pensar que quienes estaban en el recinto desconocen estos aspectos básicos del trámite legislativo y de la jurisprudencia constitucional. Y eso es lo que más me preocupa: si la Corte Constitucional, como debe hacerlo conforme a su propia línea jurisprudencial, declara inexequible la reforma pensional por el vicio insubsanable en su trámite, ¿qué pasará después? Porque si algunos —que claramente saben que este resultado es previsible— comienzan a usarlo como argumento para afirmar que “los están bloqueando” o que “no los dejan gobernar”, se avivarán aún más los ánimos de polarización en el país. Y creo que ahí radica la verdadera intención: generar un escenario donde el fracaso jurídico se convierta en un discurso político de victimización. Porque jurídicamente este gobierno ha demostrado un desconocimiento alarmante de los procedimientos constitucionales y legislativos, y varios congresistas han evidenciado que no comprenden cómo se hacen correctamente las leyes en Colombia. La gran pregunta, mirando más allá del trámite puntual, es: ¿qué busca el gobierno impulsando una reforma que, desde el primer momento, sabían que era insalvablemente inconstitucional? Esa reflexión es urgente para entender la estrategia política detrás de este caos jurídico. Carolina Restrepo Cañavera

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