La disparada de la extorsión golpea la credibilidad de la paz total

La ingenuidad de Petro es pasmosa, quizás por su romanticismo de la lucha guerrillera. Igual que le pasó a Pastrana con su Caguán. El problema es que el Caguán de Petro es toda Colombia y vamos de rgreso a los noventa del siglo pasado.

Los grupos armados de hoy no son los guerrilleros idealistas de los años sesenta del siglo XX. Son bandas criminales que reciben cuatiosos recursos de sus actividades delictivas y no las van a dejar por un salario mínimo. Pero aprovechan los deseos pacifistas de Petro para fortalecer sus estructuras y su bolsillo.

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La disparada de la extorsión golpea la credibilidad de la paz total Por Santiago Rodríguez Álvarez Hace 6 horas Los grupos armados y las bandas criminales han disparado el número de denuncias por extorsión en los últimos cuatro años. Crédito: Santiago Rodríguez. “Reciba un cordial saludo de las Farc-Ep. La siguiente es para que se presente el día 24 de agosto, a las 10 am, en la cabaña de Tello. No falten por ningún motivo”, dice una boleta que le llegó a un empresario agrícola en Huila para cuadrar la “vacuna” que debe pagar por tener negocios en zonas de la guerrilla. El papel tiene los logos de las Farc y los rostros impresos de “Manuel Marulanda” y “Mono Jojoy”, antiguos comandantes de las Farc. Y aunque parece un recuerdo de los noventa, la extorsión es del 2023 y fue escrita por un “financiero” del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor Central, y que están en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Las disidencias de las Farc citan a empresarios y campesinos en Huila para extorsionarlos. Este ha sido uno de los 10.263 casos de extorsión que fueron denunciados el año pasado en el país. La cifra más alta en 10 años según las cifras consolidadas del Ministerio de Defensa. Se trata de un delito que, a pesar del subregistro de denuncias, ha aumentado un 20 por ciento en los últimos cuatro años, según alertó la Defensoría del Pueblo, la semana pasada. Ganaderos, empresarios, campesinos, comerciantes y hasta tenderos han sido extorsionados en el último año por parte del ELN, el EMC, el Clan del Golfo y bandas criminales. Grupos armados que durante ese mismo período han entrado en diálogos de paz con el gobierno o han manifestado intención de hacerlo. Pero ante el recrudecimiento de este crimen, sus víctimas ponen en duda su verdadera intención de paz y le hacen un llamado al gobierno para fortalecer la seguridad. “Yo pensé que esto era una historia para contarles a los hijos” “Me acuerdo como si fuera ayer. Desde mis 15 años, mi familia me preparó para negociar con la guerrilla”, cuenta Andrés*, un empresario del Huila que sufrió cinco secuestros de familiares y extorsiones periódicas por parte de las Farc por las fincas de su familia antes de 2002. “Yo pensé que esto era una historia para contarles a los hijos, no que los hijos tengan que vivir de nuevo la historia y yo tener que formar a mi hijo para ponerse a negociar el día de mañana”, cuenta con amargura Andrés, quien en los últimos dos años ha vuelto a ser extorsionado. Esta vez, por parte de las disidencias de las Farc, específicamente del Estado Mayor Central (EMC). Cuando las Farc se desarmaron en 2017, Andrés estaba feliz. No iba a tener que volver a negociar ni pagar más las extorsiones que esta guerrilla le hacía a su familia. “En ese momento, me tragué la colombina de la paz y me volví el mayor defensor del proceso de paz”, dice. De acuerdo con la investigación y los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, las Farc fueron los mayores perpetradores de este crimen, y el pico se registró entre 1998 y el 2002. Años que coinciden con el crecimiento de las guerrillas y de los paramilitares. Luego comenzó a disminuir hasta llegar a su punto más bajo al final del gobierno de Álvaro Uribe de acuerdo a cifras del MinDefensa. Aunque este crimen no ha cesado nunca en regiones como Arauca —donde el ELN extorsiona a la industria petrolera desde hace décadas— o como Urabá —donde el llamado Clan del Golfo extorsiona a las empresas bananeras desde su creación— las denuncias por extorsión se dispararon a partir del 2019, según las cifras del Ministerio de Defensa. La primera vez que Andrés volvió a sufrir una extorsión fue en septiembre de 2022, cuando le llegó una citación a una finca que tiene en la cordillera oriental. “Arrancó como si fuera ayer. Empezó con lo de siempre, le mandan a su casa un panfleto o una boletica en papel para que vaya a algún lado. Si no asiste le mandan otra como: ‘póngase las pilas’. Y ya cuando usted va o manda un mensajero con la plata le dan un ‘paz y salvo’”. Las disidencias de las Farc les entregan “paz y salvo” a sus víctimas cuando estas pagan la extorsión. Pero como la familia de este empresario también tiene predios en la cordillera central, en el occidente de Huila, recibió otra citación. Esta vez por parte del Bloque Occidental de ese mismo grupo armado. Con las mismas amenazas: “que le roban el ganado, que le queman la casa, que se atenga a las consecuencias”. Andrés dice que esta extorsión es como el predial, una vez al año y no perdona, aunque sabe que en otras regiones, como Caquetá, es cada seis meses. Y aunque no se atrevió a decir cuánto le han cobrado por las extorsiones, cuenta que un amigo piscicultor le entregó 300 millones de pesos al EMC. “Eso es un negocio imposible de acabar. Hay una sitio que se llama la Cabaña, en Tello (Huila). Ahí ve uno la cola de gente yendo a llevar la plata todos los días: tres, cuatro, cinco, diez, veinte, cuarenta millones de pesos. Todos los días”, cuenta Andrés. Hay denuncias públicas también. En Norte de Santander, la semana pasada miembros del Frente 33 del EMC quemaron un camión de la empresa nacional de supermercados Ara por no pagar las “vacunas”. Mientras que Fedegan denunció este año que los ganaderos estaban siendo ahogados en extorsiones, especialmente por el Clan del Golfo, que actualmente no tiene mesa de negociación con el gobierno. Para el investigador del conflicto y profesor de la UniNorte de Barranquilla Luis Fernando Trejos, la extorsión responde a varios factores. Por un lado, el proceso de reconfiguración criminal posterior a la firma de los acuerdos con las Farc, pues los grupos armados no solo usan la extorsión para financiarse, sino también para marcar su control territorial Además, Trejos dice que, en los últimos años, por la caída de los precios de la coca en Colombia la extorsión se ha elevado para suplir esa caída en el narcotráfico. “La extorsión crece porque hay otra renta que está disminuyendo y es una renta más ligada a lo transnacional, que es a la exportación de cocaína. Mientras eso pasa, los grupos armados o los grupos criminales buscan con qué financiarse”, dice. De acuerdo a un informe de inteligencia militar revelado por RCN Radio el año pasado, la fuerza pública calcula que el ELN recibe 18 mil millones de pesos mensuales por los secuestros económicos y las extorsiones. En Medellín, una investigación de Valor Público, de la universidad Eafit, arrojó que alrededor de 150 mil familias son extorsionadas por las bandas criminales de esta ciudad, con quien el gobierno también mantiene conversaciones en el marco de la paz total. Es un negocio que —según el investigador Santiago Tobón— factura aproximadamente 100 mil millones de pesos al año, solo en esta ciudad. De acuerdo a esta investigación, los hogares pagan entre 15 y 20 mil pesos extorsión a la semana. Pero las rutas de buses pueden pagar entre 500 y 200 mil pesos. Un proyecto grande de construcción paga a los combos hasta con tres apartamentos su cuota de extorsión para que le dejen terminar su obra. A pesar de esta realidad, solo hay 700 denuncias al año, según Tobón. “La gente que denuncia es la que llaman desde las cárceles a extorsionar, vos no ves a quién te está amenazando. Pero si eres el tendero o el ama de casa a quienes los pelados del combo van y cobran todas las semanas, vos no denuncias”, dice Tobón. “¿Si estamos en negociaciones de paz, por qué siguen haciendo estas cosas?” Para personas como Andrés, la culpa del aumento de las extorsiones sí la tiene el gobierno Petro y la falta de mano dura con los grupos armados. “Cuando me llegan a extorsionar en septiembre de 2022, yo empiezo a negociar con el comandante. Y cuando yo me iba enojando, me responde: ‘Oiga señor, no se ponga bravito que los que tenemos gobierno somos nosotros’. Llegó la paz total y esto se jodió”, dice Andrés. Así pasó de la ilusión al escepticismo. Para este empresario, hay una contradicción entre estar hablando de paz y que estos crímenes continúen. Y aunque el senador y negociador con el ELN, Iván Cepeda, dice que ya han abordado el tema del fin de la extorsión en la mesa de diálogo con los elenos, por ahora no hay un compromiso de este grupo de abandonarla en medio de los ceses al fuego. Esto se ha traducido en incertidumbre en las regiones. El consejero de paz de la Gobernación de Santander, Luis Fernando Niño, dice que las extorsiones por parte del ELN y el EMC, que están en cese al fuego con el gobierno, son difíciles de asimilar para las víctimas en su región. “Los mineros me decían a mí en reuniones: ‘Si estamos en negociaciones de paz y ellos están comprometidos, ¿por qué siguen haciendo estas cosas?’. Por eso estamos presionando al gobierno nacional”, le dijo Niño a La Silla Vacía. El consejero dice que el sector minero de carbón en el Catatumbo está asfixiado por las extorsiones del ELN y el EMC. “Hoy la tonelada de carbón está a 12 mil pesos, y los grupos armados siguen cobrando los 30 mil por tonelada. Como no les pagan lo mismo, empiezan las amenazas de que les van a quemar los camiones”. Niño dice que la situación está afectando también a otros sectores productivos y que el miedo se incrementó desde la quema del camión de Ara. Al igual que el profesor Trejos, Niño explica el aumento de la extorsión en Norte de Santander por la caída del mercado de la cocaína. “El precio del kilo de coca se estancó y el negocio no está dando tantos frutos como antes. Entonces los grupos armados comenzaron con otro tipo de negocios, que son el secuestro y la extorsión. Y eso se disparó a un 150 por ciento”, dice. Niño le dijo a La Silla que se ha comunicado con el comisionado para la Paz y con los miembros de las mesas de negociación para hacer un llamado urgente para que atiendan la situación de Norte de Santander, que es el quinto departamento con más casos (525) de extorsión en el último año. Para el general retirado Fernando Murillo, que estuvo al frente del Gaula de la Policía en 2016, hace falta mano dura por parte del gobierno: “El delincuente se siente hoy con más garantías y más autoridad para salir a delinquir. Porque no es solo la extorsión, son todos los delitos de impacto que están creciendo y es lo que hoy está sintiendo el ciudadano: mayor inseguridad”. Y ese pedido de mano dura es una postura que gana cada vez más tracción en el país. Según la última encuesta Invamer de diciembre de 2023, el 63 por ciento de las personas piensan que la paz total va por mal camino: la mayor desaprobación contra esta política desde que empezó el gobierno Petro. Mientras que la propuesta de “no dialogar y derrotar militarmente a los grupos armados organizados” obtuvo un 41 por ciento de aprobación en diciembre, 20 por ciento más que cuando arrancó este gobierno. En ese momento, la encuesta recogió el rechazó y la indignación posterior al secuestro del padre del futbolista Luis Díaz pero no una reacción favorable a la decisión tanto del ELN como del EMC de suspender el secuestro. Las alertas sobre el aumento de las cifras de extorsión y del falta de compromiso por abandonar ese negocio, podría seguir golpeando el débil respaldo a los procesos de paz. “No nos dejen otra vez solos” A principios de este año, José Félix Lafaurie, presidente del gremio ganadero Fedegan y negociador del gobierno con el ELN, publicó una columna de opinión que tituló “¡No repitamos la historia…, no nos dejen otra vez solos!”. En esta, Lafaurie alerta sobre el aumento de la extorsión a los ganaderos y dice que teme un regreso a los noventa cuando este delito dejaba el campo a merced de los grupos. “El efecto del aumento de la extorsión puede ser que la gente deje de ir al campo, que le deje el espacio vacío a estos grupos criminales. Sería terrible porque repetiríamos el escenario de los años noventa: la gente se quedó en sus casas en la ciudad, se abandonaron las fincas”, dice Lafaurie. Ante la falta de garantías, Luis Fernando Niño dice que las grandes mineras de carbón de Norte de Santander tomaron la decisión de “apagar los hornos” esta semana. “Eso significa 15 mil personas sin empleo”, dijo. Por su parte, Andrés dice que tiene todos sus proyectos agropecuarios frenados. “Son los proyectos que se supone que reclama la paz, el campo, la gente. ¿Pero con qué garantías va uno a invertir en una finca?”. Para enfrentar este crimen, desde Fedegan están trabajando con el general (r) Murillo para crear “frentes solidarios de seguridad ganadera”. Una propuesta que por los pasados vínculos de ganaderos con el paramilitarismo revive muchos fantasmas. “La estrategia del Frente Solidario de Seguridad Ganadera es el modelo desde 1995 en el país. Tenemos más de 10 mil frentes de seguridad ciudadana en los barrios, en las cuadras. Es el modelo de cómo el ciudadano trabaja con las autoridades de su sector para minimizar los riesgos y ser preventivos y participativos. Pero no es ir a actuar, porque de eso no se trata”, explica el general (r) Murillo. Dice que buscan contribuir a las acciones que ha tomado la Policía para que haya más denuncias de extorsión. Según la experiencia del general en el Gaula, la fuerza pública solo tiene registro de un 30 por ciento de los casos. Este año, la Policía lanzó una estrategia para combatir este delito con seis puntos, que abarcan desde fortalecer la infraestructura tecnológica para mejorar la línea de denuncia y las capacidades para bloquear el uso de celulares y redes digitales para extorsionar desde las cárceles, hasta megaoperativos contra estructuras criminales dedicadas a este delito. También apunta a hacer mayor pedagogía para que las víctimas denuncien. Además, ya la Policía había lanzado, desde el año pasado, la operación Dominó para enfrentar la extorsión que proviene de presos en las cárceles y que por la obsolescencia de los dispositivos para bloquear llamadas se había disparado en los últimos años. De acuerdo al MinJusticia, por está operación se abrieron, en 2023, 5.353 investigaciones disciplinarias dentro de las cárceles. Para la fuerza pública es clave que los ciudadanos se atrevan a denunciar, pues según cifras oficiales de la Policía cerca del 77 por ciento de los casos denunciados fueron atendidos con éxito por parte de la fuerza pública, según le dijo el coronel Elver Alfonso a El Tiempo. Pero, para el profesor Trejos denunciar la extorsión siempre es lo más difícil. “Mucho ciudadano no denuncia porque percibe que es perder el tiempo, porque las autoridades no van a ser capaces de garantizar su seguridad. Porque en muchos territorios, la amenaza del uso de la fuerza que hacen los grupos ilegales es muy creíble y muy cercana”. Así le pasó a Andrés, quien cansado de las extorsiones que le hacía el Bloque Jorge Suárez Briceño denunció ante las autoridades y organizó un operativo en el que efectivamente cayó uno de sus extorsionadores. “Pero están muy putos conmigo los de ese frente porque sospechan. Si yo quiero volver a mi finca me toca con mucha prudencia, pero igual es con intranquilidad. Entonces puede que uno deje esas fincas abandonadas, a la administración de lo que sea, y se empieza a echar para atrás todo”, dice. Andrés dice que seguirá denunciando para que el día de mañana no digan que fue un auxiliador de la guerrilla, pero también seguirá negociando el pago de su cuota para no perder sus fincas.

Fuente: La Silla Vacía