Educación: ¿es suficiente con la matrícula cero?

Un avance y hay que aplaudirlo.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que uno de los proyectos a los que le dará impulso en la segunda legislatura del año es el de la reforma a la educación, tras la aprobación de la ley de matrícula cero para universidades públicas. ¿Qué tan efectiva puede ser esta medida? Por: Angélica M. Gómez La educación pública, y en especial el acceso para las familias de menores ingresos, ha sido una de las grandes banderas del actual gobierno desde la época de la campaña presidencial. Días después de que el Congreso aprobara una ley que obliga a la gratuidad de matrícula en las universidades públicas, el mandatario anunció que le dará mayor impulso a su reforma al sistema educativo. Sin embargo, Petro también criticó a quienes han advertido que la ley de matrícula cero en instituciones de educación superior (IES) públicas podría no ser la mejor medida para garantizar el acceso a educación superior a los pobres y vulnerables, pese a que tendría un costo de 1,4 billones de pesos cada año. Nuevamente, apeló a su discurso de que los más ricos no quieren “el bien común” o que sus trabajadores se eduquen más. Pero el argumento de quienes critican la medida es que, debido a la calidad y acceso a educación en etapas previas, hoy esas universidades tienen mayor presencia de estudiantes de clase media e incluso alta. Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), explicó: “La medida dará subsidio del 100 por ciento en la matrícula a todas las personas que accedan a un pregrado en una institución de educación superior oficial, independientemente de su condición socioeconómica. Por tanto, teniendo en cuenta que en Colombia aquellos de ingresos medios y altos se gradúan de colegios de mejor calidad, ellos tendrán más posibilidades de ser admitidos (pasar el examen y requisitos) en universidades oficiales de alta calidad, las cuales son más competitivas y tienen restricciones de cupos. Lo anterior, haría más difícil para los jóvenes de bajos recursos lograr un cupo”. Y es que, según el Índice de Competitividad 2023 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), “un estudiante de 15 años en Colombia cuenta con 3,4, 2,7 y 2,6 años de escolaridad menos en matemáticas, ciencias y lectura respecto al estudiante promedio de la Ocde”, pero con brechas amplias entre quienes estudian en las zonas rurales y en las urbanas, así como según el nivel de ingreso de su familia, ya que esto determina sus posibilidades de tener acceso a un computador y a internet para, por ejemplo, hacer sus tareas. Además, en 2022 el país no había retornado por completo a las clases presenciales, lo que, según el CPC, puede representar a futuro mayores atrasos educativos para esos niños, niñas y adolescentes, así como pérdidas de capital humano. Abadía agrega que el plan de querer aumentar el acceso a educación superior, matrícula cero tiene buena intención, pero la implementación es errónea. "Esta no es una medida que esté bien focalizada ni que vaya a aumentar la cobertura”. La razón es que el estrato de la vivienda no está necesariamente asociado a la condición socioeconómica del hogar, por lo que estos recursos podrían focalizarse mejor con la información del Sisbén. Por su parte, el CPC le recomendó al gobierno "desarrollar una estrategia integral para atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la educación superior”, ya que para muchos no es suficiente tener una matrícula gratis, pues no tienen recursos para el transporte, la alimentación, ni para su bienestar durante la época estudiantil. Además, el consejo destacó que “la forma como se asignan los recursos públicos para la educación superior en Colombia no promueve la eficiencia, la equidad o el establecimiento de metas de calidad, ni crea los incentivos para la modernización de las instituciones educativas”, por lo que sugirió también un rediseño de ese financiamiento. Esta estrategia podría incluir un “principio de financiación basada en resultados, teniendo en cuenta criterios tanto de sostenibilidad financiera como de calidad y pertinencia”. Este esquema debería incluir una evaluación de pertinencia de la oferta académica, de la permanencia de los estudiantes y de la capacidad de las IES de aumentar la calidad y cobertura de la educación superior. No todo se soluciona en las universidades Pero el problema de acceso y calidad de la educación para los pobres y vulnerables viene desde más atrás. Colombia todavía no tiene una cobertura completa de educación básica y media. En 2021 la cobertura de primaria era de 89 por ciento, pero con una deserción de 2,1 por ciento; la de secundaria llegaba al 79 por ciento y la de superior era de 47 por ciento. Esas cifras se han logrado con la implementación de políticas como la reglamentación de la gratuidad educativa en la educación básica y media, los programas de transferencias condicionadas, la mayor inversión en infraestructura educativa y las mayores capacidades territoriales para cubrir la demanda en las regiones. Pero los datos de calidad y de cobertura especialmente rural siguen mostrando que falta un esfuerzo adicional para que esos niños, niñas y adolescente logren un nivel educativo que les asegure la entrada a esas universidades que ahora serán gratuitas. “Colombia tiene un sistema educativo desigual que segrega promoviendo la desigualdad. Las inversiones educativas que generan las mayores ganancias sociales e individuales son las que se hacen a la primera infancia, ahí es donde se desarrollan habilidades cognitivas y socioemocionales claves para los siguientes niveles educativos, para la vida y para el mercado laboral. La niñez en Colombia está desprotegida y estamos lejos de garantizar una educación integral”, concluyó Abadía.

Fuente: La Silla Vacía