El plan de desarrollo de Petro: Las promesas que quiere volver ley

No creo que haya mayores modificaciones en las facultades extraordinarias pedidas por Petro. Así que éste es el país que veremos en los próximos años.

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El plan de desarrollo de Petro: Las promesas que quiere volver ley Febrero 07, 2023 Juanita León Gustavo Morales Finalmente, y pocas horas antes de que se venciera el plazo constitucional, el Ministro de Hacienda presentó ante el Congreso el proyecto de ley del Plan de Desarrollo del gobierno de Petro. El proyecto fue liderado por su colega Jorge Iván González, y, según él, recoge las conclusiones de todos los diálogos regionales vinculantes realizados desde octubre por todo el país. Las organizaciones sociales que participaron dirán si es así. Después de leerse las 166 páginas y 300 artículos queda clara la apuesta del Gobierno por subsidios para los más pobres, por mejores condiciones para los indígenas y los afros, por un Estado más grande y por la economía popular. También están las promesas de Petro sobre transición energéticas, el rescate de los saberes ancestrales, el ordenamiento del territorio alrededor del agua. No es claro, sin embargo, cuál es la gran apuesta de desarrollo que le permitirá crecer a Colombia. Estos son los 24 puntos más llamativos de este proyecto de ley, que entra a discusión hoy en el Congreso: 1. El norte: la paz total o el “vivir sabroso” Mientras el objetivo del Plan de Desarrollo del gobierno Duque era sentar las bases “de legalidad, emprendimiento y equidad” para que Colombia alcanzara los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de Petro busca sentar las bases para que Colombia se convierta en “un líder de la protección de la vida”.Dice que lo hará a partir de “un nuevo contrato social” que supere las injusticias y las exclusiones históricas, la no repetición del conflicto y “una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.” Pone como norte la “paz total” y no la define como silenciamiento de los fusiles sino en un sentido similar al concepto de “vivir sabroso” que propuso Francia Márquez. La define como “la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia". 2. Sienta las bases para una nueva política de drogas. El Plan dice que el gobierno definirá una nueva política de drogas para los próximos diez años y que lo hará “de manera participativa e incluyente”. Pero ya trae algunos artículos que permitirían que Presidencia modifique acuerdos ya firmados de sustitución entre gobiernos anteriores y los cocaleros sin perder los beneficios ya otorgados por el PNIS. Por ejemplo, que los campesinos sigan sembrando coca mientras funcionan los planes de sustitución. También abre la puerta para que cultivos de coca, marihuana y amapola puedan tener “usos alternativos legales” que sirvan de eje para el desarrollo e industrialización rural. Y le da facultades extraordinarias al Presidente para regular esos usos. 3. Cambia las reglas para los terceros involucrados en el conflicto armado El Plan contempla modificaciones menores para implementar el Acuerdo de Paz. Pero trae un artículo que será objeto de mucha polémica y que tiene que ver con los terceros acusados de haber apoyado a grupos armados. Si este artículo se aprueba, la información que aporten guerrilleros, disidencias, paramilitares y criminales en el marco de acuerdos de paz o de sometimiento servirá como prueba en un proceso judicial contra terceros. Por ejemplo, la versión que ofrezca un jefe del Clan del Golfo sobre sus vínculos con empresarios en el Urabá o un eleno sobre sus relaciones con políticos de Arauca servirá para abrirles a los mencionados un proceso penal. 4. Subordina el ordenamiento territorial a criterios ambientales En línea con la importancia que el presidente le da al cambio climático, este plan jerarquiza explícitamente la protección ambiental sobre otros factores como la infraestructura vial, por ejemplo, para ordenar el territorio y elaborar los POT. También crea unos “Consejos Territoriales del Agua” en territorios estratégicos cuya función será fortalecer “la gobernanza…justa del agua y el ordenamiento del territorio en torno al agua”. 5. Los afros e indígenas tienen un tratamiento privilegiado Si este Plan se cumple, las comunidades afro e indígenas estarán mucho mejor en 4 años pues dispone de varias prerrogativas para estos grupos étnicos tradicionalmente excluidos: desde que ordenamiento de sus territorios respete sus principios ancestrales hasta la obligación de incluir un trazador presupuestal de grupos étnicos para hacer visible la inversión en comunidades afro, indígenas, raizales, palenqueras y Rom. También le da un año al gobierno para definir una política pública para eliminar el racismo y la discriminación racial. También trae todo un capítulo con programas para desarrollar el Pacífico. 6. La reforma agraria y el desarrollo rural tienen un lugar central El plan reforma el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, diseñado desde 1994, para materializar la reforma agraria y la reforma rural integral. Y varias páginas del plan detallan cómo será el avalúo y compra de tierras para darles a los que no la tienen. De los 6 subsistemas que se crearon desde 1994, el plan Petro pasa a 8, con un nuevo énfasis en garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, coordinado por la Agencia Nacional de Tierras. Por ejemplo, se crea un subsistema de ordenamiento territorial y solución de conflictos socioambientales, “respetando el derecho a la objeción cultural” de esos pueblos y comunidades. 7. La Policía sale de Mindefensa El Plan dice que se creará una nueva arquitectura institucional para la Policía “que incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil”. También que el Mindefensa fortalecerá las capacidades de las Fuerzas Militares “para el desarrollo de operaciones contra estructuras armadas organizadas”. Es decir, que no se dedicarán a combatir amenazas a la soberanía nacional como inicialmente quería Petro. El Plan también aumenta del 3 al 4% de la nómina anual del Mindefensa y de la Policía el aporte para el subsidio de vivienda de la Fuerza Pública, que en algún momento se creyó que iban a eliminar. 8. Francia no manejará subsidios ni programas para mujeres El Plan crea el Programa de Renta Ciudadana que “armonizará” todos los subsidios para aliviar la pobreza y la transferencia en especie “Hambre cero”, que serán alimentos para las ollas comunitarias. Los dos serán manejados por el DPS, que también definirá la política para la superación de la pobreza. Estos subsidios serán focalizados de acuerdo a un Registro Universal de Ingresos, que será administrado por Planeación Nacional, con base en todas las bases de datos oficiales, incluidas las de la Dian. A Francia Márquez le encargan la creación y coordinación del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad que busca eliminar las desigualdades y defender grupos marginados. Su ministerio será el encargado de definir todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado; la inclusión laboral para personas con discapacidad, y una política de accesibilidad para ellas; y ell Sistema Nacional para el Seguimiento y la Superación de la Malnutrición. Sin embargo, el Ministerio de la Igualdad no manejará programas claves para mujeres que serán liderados por la Consejería de la Mujer en Presidencia. Incluido el Sistema Nacional de Monitoreo de las Violencias Basadas en Género. 9. De la economía informal a la economía popular El plan adopta un nuevo concepto para referirse a lo que hasta ahora se conocía como “economía informal”. Ahora se denominará “economía popular”, y tendrá su propio Consejo Nacional. En temas tales como el régimen tributario, los aportes a la seguridad social, el derecho laboral y el aumento del salario mínimo siempre se había criticado que las decisiones se tomaban sin consultar la voz de los llamados trabajadores informales. Esta propuesta apunta a crear una institucionalidad donde estos “voceros de la economía popular” tendrán asiento. Incluyendo un lugar en las juntas de las cámaras de comercio y en la política de las entidades financieras públicas. Se establece incluso la posibilidad de Asociaciones Público Populares, para construir vivienda y vías terciarias, por ejemplo, para lo cual queda prohibido exigirles a las asociaciones de economía popular el Registro Único de Proponentes. 10. Los contratos de prestación de servicios Este tema, que generó controversia al inicio del año por las discrepancias entre el Ministerio de Trabajo y el Departamento de la Función Pública, se aborda en el plan por la vía de ordenar a éste último que diseñe un plan de formalización, donde se exploren nuevas formas de vinculación con el Estado, y se “haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios”. 11. El estado empresario En línea con la fe que tiene el Presidente Petro en el estado empresario, un artículo del Plan autoriza al Ministerio de Hacienda a capitalizar en efectivo o por cualquier otro medio de “fortalecimiento patrimonial” a las empresas estatales. En este plan, a diferencia de los anteriores, el camino no es la privatización de empresas estatales, sino el fortalecimiento del Estado como accionista. 12. Cámaras de comercio en cintura Hasta ahora, la posibilidad de destinar recursos de las Cámaras de Comercio hacia el Ministerio de Comercio para programas de desarrollo empresarial, era algo optativo. El plan propone que esa transferencia de recursos de estas entidades semiprivadas hacia el gobierno central sea obligatoria. Así mismo, el plan les impone la obligación de financiar la interoperabilidad del registro único de proponentes que ellas manejan con el Sistema electrónico de contratación pública. 13. Concesiones vía APP Contrario a las críticas del Presidente Petro en materia de concesiones viales, el plan propone ampliar esta modalidad de asociaciones público privadas a otros ámbitos, más allá de infraestructura de transporte, en lo que llama “infraestructrura social y productiva”, todo a cargo de la ANI. Incluso, en el capítulo de transición energética se promueven las APP para la conservación de recursos naturales renovables. 14. El gobierno nacional y los sistemas de transporte En el contexto del duro enfrentamiento entre Petro y la alcaldesa de Bogotá por el metro, el plan trae todo un detallado régimen sobre las condiciones y requisitos bajo los cuales el gobierno nacional puede cofinanciar los grandes sistemas de transporte masivo. Mientras que la regulación vigente le dedica tres renglones al tema, el plan trae siete largos parágrafos sobre el particular, en los que se ponen condiciones para desembolsar el grueso de los recursos, como que exista un sistema de recaudo centralizado en el sistema. Adicionalmente, el plan propone flexibilidades para adicionar los contratos en lo relacionado con la cofinanciación, y se regula la posibilidad de explotar comercialmente las infraestructuras adyacentes. 15. Exámenes del Icfes en todos los niveles El Plan crea nuevos instrumentos para medir la calidad de la educación y extiende los exámenes para evaluar a las instituciones educativas en el nivel preescolar y primaria, además de secundaria. También ordena al Mineducación que diseñe un modelo híbrido de educación básica y media que combine las clases presenciales con aquellas a distancia. Y crea varios mecanismos para aliviar los créditos del Icetex y garantizar el acceso gratuito a la universidad pública. 16. Adiós a la economía naranja De un plumazo, el Plan de Desarrollo acaba con la economía naranja, el programa bandera de Iván Duque. Y lo reemplaza por los Territorios Culturales, Creativos y de los Saberes (TCCS), que rescatan a la cultura más en función de los saberes tradicionales y de la cultura ancestral y popular y de proyectos asociativos que de una producción cultural más orientada hacia proyectos productivos de gran escala. 17. Mínimo vital de agua, luz e Internet El Plan ordena a la Creg y a la CRA crear esquemas diferenciales para que la gente más pobre pueda tener un mínimo vital de luz, agua y aseo. Prorroga los subsidios de energía eléctrica gas, acueducto, alcantarillado y aseo hasta el 2027. Y trae una serie de medidas para garantizar que hayan redes e infraestructura para llevar Internet a todo el país, imponiéndoles cargas adicionales a las empresas de telecomunicaciones móviles y también creando exenciones para masificar el Internet. 18. El derecho humano a la alimentación Bajo este dramático título, se establece, como ya se dijo, que la política de superación de la malnutrición estará a cargo del Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, pero seguidamente, se introducen una serie de medidas puramente financieras, relacionadas con las funciones de Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, la conformación de la Comisión de Crédito Agropecuario, y el fondo de estabilización de precios del café. La relación de estos ajustes con el problema de la malnutrición no es del todo visible. 19. Apoyo a la minería pequeña y muerte de algunas grandes El plan faculta a la autoridad minera a otorgarles a mineros pequeños y medianos, bajo figuras asociativas, reservas mineras estratégicas que tengan potencial para minerales estratégicos para la transición energética. De otra parte, el plan de manera explícita prohíbe a partir de la vigencia de la ley el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como de gran escala. 20. El gas entra en la transición Las discusiones sobre el tratamiento que el gobierno Petro quiere darle al gas, si como combustible fósil que debe rechazarse, o como combustible de transición, quedan despejadas en este plan, a favor de la segunda tesis. En un artículo amplían y flexibilizan las condiciones para que el gobierno financie redes internas de gas combustible, al menos para estratos 1 y 2. 21. Transición energética Son varias las normas sobre transición energética. Una de las más importantes es la que elimina las restricciones a la integración vertical entre generadores y distribuidores, lo que facilitará que ISA invierta aún más en energías renovables. 22. Medidas proteccionistas de la industria nacional El Plan “autoriza” al Gobierno nacional para adoptar aranceles y “medidas comerciales de carácter restrictivo o de fomento, por razones de seguridad nacional, incluyendo soberanía alimentaria y protección de la industria y el mercado”. También a adoptar “medidas de carácter recíproco frente a las medidas que adopte un gobierno extranjero” por razones de seguridad nacional u “otras razones internas”. Dice que lo hará respetando la Constitución y los tratados internacionales. 23. Fondos aquí y allá A todo lo largo del proyecto se crean fondos con destinación específica, alimentados por varias fuentes públicas de financiación. Para mencionar solo algunos, está el Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico” (para ayudar en la conversión energética de las distintas categorías de vehículos), el “Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida” (sector de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma rural integral) , y el “Fondo para la Igualdad y la Equidad” (para los proyectos del ministerio idem). La particularidad de estos fondos es que se van a manejar a través de una fiducia pública, pero con las reglas del derecho privado, a pesar de su origen esencialmente público. Esto quiere decir que, para varios de los temas más caros al corazón del Presidente Petro, el gobierno opta por el camino más expedito para ejecutar esos recursos, pues, por la vía del derecho privado, se ahorra los engorrosos trámites de la contratación pública. 24. La reforma a la salud queda hecha en este plan El proyecto contiene 12 normas sobre el sector salud, pero la crucial está en el artículo 125. Hoy en día, el estado le paga una prima a las EPS, y luego éstas le pagan a las clínicas, hospitales y laboratorios por los servicios prestados. A eso se le llama la “intermediación financiera”, y ese el punto que con más insistencia la Ministra de Salud dice que hay que eliminar. El proyecto propone que a partir de ahora, todos los pagos salgan directamente del Estado hacia quien prestó el servicio, sin pasar por la EPS. A eso se le llama el “giro directo”. Las EPS recibirían unos honorarios fijos para gestionar los trámites de facturas y pagos. El artículo, al hacer obligatorio el giro directo, logra de manera expedita el objetivo de eliminar la “intermediación financiera” y el sistema de aseguramiento, y haría prácticamente innecesaria una reforma separada al sistema de salud.

Fuente: La Silla Vacía