Manejo del desplazamiento por parte de Acción Social recibió críticas de la Corte Constitucional

Según el tribunal, la agencia estatal careció de instrumentos operativos ágiles para entregar la ayuda humanitaria a los desplazados.

El director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, presentó en audiencia pública un balance sobre las políticas y ayudas a la población desplazada en el país, que es de casi 4 millones de personas.
"Toda la información que entregó el Director de Acción Social habla de propuestas y obstáculos, algunos identificados desde el 2004, pero no hay acciones concretas que permitan salir del estado de inconstitucionalidad en el que se encuentran los desplazados", dijo el presidente de la Corte, Nilson Pinilla.

Y agregó que no existen instrumentos ágiles para la entrega de las ayudas humanitarias. "La unificación de los plazos solicitados por Acción Social no es el resultado de una voluntad para superar la situación de los desplazados, sino un mecanismo para dilatar la respuesta. En forma reiterada Acción Social ha solicitado plazos para entregar reportes", señaló el magistrado Pinilla.

El jalón de orejas se dio al término de la audiencia, que se inició a las 8 de la mañana en el Palacio de Justicia. En ella, participaron Codhes, Acnur, la Defensoría del Pueblo, organizaciones indígenas , entre otras.
Por su parte, Hoyos --que está próximo a dejar el cargo para ocupar la silla de embajador ante la OEA-- se defendió con cifras.
Dijo que el Gobierno ha reconstruido 196 municipios y que se repararon 8 mil viviendas que fueron destruidas en medio del conflicto.
Además, el funcionario informó que la Agencia ha garantizado la inscripción al Programa de más de 3 millones de personas y, para ello, la ayuda humanitaria pasó de 20 mil millones de pesos a 200 mil millones durante su gestión.

Pero también aseguró que para resolver el problema de desplazamiento se requeriría el presupuesto de siete ministerios, equivalente a unos 550 millones de dólares.
"Un problema de medio siglo no se puede arreglar en cuatro años. Somos conscientes de que faltan muchísimas cosas, pero hay avances y pedimos a los magistrados que miren lo que hemos hecho", dijo Hoyos.
Para los magistrados, Acción Social no ha cumplido satisfactoriamente con los fallos de la Corte respecto a realizar proyectos para atender a menores de edad, indígenas, discapacitados y afrodescendientes desarraigados de sus tierras por la violencia.

Además, según el alto tribunal, hace falta diseñar planes para evitar riesgos que generan el desplazamiento como el reclutamiento y las minas antipersonales.
Otro punto que fue centro de críticas fue el poco avance en las políticas de tierras, vivienda y generación de ingresos para la población desplazada.

El magistrado Nilson Pinilla le indicó a Acción Social que debe tener "mecanisnos de coordinación". Habló, por ejemplo, de cuatro entidades mencionadas en el informe que trabajan simultáneamente en la restitución de tierras para indígenas, pero "sin ninguna articulación".
Finalmente, Codhes, que tuvo la oportunidad de plantear preguntas a Hoyos, hizo un llamado para que la Corte Constitucional fije lineamientos más concretos para que el Gobierno cumpla con sus compromisos, o de lo contrario acuda a los instrumentos
disciplinarios para que se cumpla con todo lo que ordena en sus sentencias.