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Así será la justicia especial para los militares
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Una de las quejas del senador Uribe era lo referente al tratamiento que debían recibir los miembros de la fuerza pública a la hora de juzgar sus crímenes. No se pueden equiparar con el terrorismo, reclamó.
Aunque se menciona en el punto cuarto del acuerdo sobre las víctimas y la justicia transicional, este tratamiento aparte y diferenciado que tiene como fundamento su condición de guardianes del orden por lo que sus acciones se presumen legales, no fue materia de negociación como se puso de presente con firmeza desde un principio de que nada que tuviera que ver con las fuerzas armadas haría parte del temario. Pero si es una consecuencia del proceso de paz ya que los militares, como los demás actiores armados deben beneficiarse de la justicia transicional.
Esta, por tanto, es una iniciativa propia del Gobierno para favorecer al estamento castrense. Asi las cosas, si deciden acogerse a los términos de la nueva jurisdicción de paz, las penas se reducirían drásticamente y el desarrollo de sus procesos serán propios para su condición, todo dentro del marco del derecho Internacional Humanitario y no del régimen penal colombiano, mucho más restrictivo y severo.
Cita:
19 DIC 2015 - 4:07 PM
Así será la justicia especial para los militares
Cuatro días después de que se anunciara que las Farc pagarán entre cinco y ocho años por sus delitos más graves, el Gobierno anunció que a los militares se les dará un régimen especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, basado en el DIH.
Por: Redacción política
El Gobierno nacional acaba de definir los criterios mediante los cuales se le pone fin a uno de los dilemas más grandes del conflicto colombiano: el trato que tendrán los militares vinculados con la comisión de delitos en el cumplimiento de sus labores y con ocasión del conflicto armado que el país padece hace cerca de seis décadas.
Si bien es cierto que la resolución de este desafío es clave para el desenlace del proceso de paz que el Gobierno y las Farc emprendieron desde hace tres años y medio, el Ejecutivo se reservó la facultad de definirlo al margen de la mesa de negociaciones y sin que la guerrilla tuviese injerencia en el asunto. Así las cosas, el Gobierno acaba de decidir que los agentes del Estado vinculados con violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) no se les podrá dar una pena mayor a la que tendrán los otros actores vinculados en los hechos y que por el contrario tendrán derecho a un trato especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo.
Esto significa que serán juzgados a través del tribunal especial para la paz, que tendrán derecho a que dicho organismo revise las sentencias ya proferidas contra ellos por la justicia ordinaria y que sus acciones siempre serán judicializadas bajo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, que es la legislación internacionalmente aceptada cuando se trata de conflictos armados. Este ultimo punto es clave por cuanto acepta la tesis defendida por los militares desde hace tres años, cuando emprendieron una batalla jurídica mediante la cual pretendían que se les reconociera que tratándose del cumplimiento de sus funciones, en un caso de guerra y confrontación militar irregular como la que vive el país, podrían presentarse hechos violentos, acciones militares e incluso pérdidas de vidas que no debiesen ser juzgados como violaciones de derechos humanos.
La esencia de esta jurisdicción especial fue anunciada por santos ante la misma tropa, en el marco de la ceremonia de ascensos militares y policiales en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, y contempla los siguientes aspectos numerados en 10 puntos que serán firmados por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el ministro de Defensa, Luis Cárlos Villegas:
1. Deber de garantía y presunción de legalidad:
En el caso de los Agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parte del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones y de su legitimidad. Sus agentes, en particular los miembros de la Fuerza Pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.
2. Seguridad Jurídica:
La seguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y en general los Agentes del Estado, se deriva de la participación de éstos en los diferentes mecanismos del Sistema Integral, así como de la investigación, juzgamiento y sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular, del Tribunal para la Paz, instancia máxima de cierre de esta Jurisdicción. Todas las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz harán tránsito a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad. Dichas decisiones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal.
3. Tratamiento diferenciado, independencia e imparcialidad:
El acuerdo firmado en La Habana, incorpora el carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz. En relación con los Agentes del Estado que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. La Jurisdicción Especial para la Paz, tanto en su forma de selección de los magistrados como en su funcionamiento, deberá dar las mayores garantías de independencia, probidad, objetividad e imparcialidad.
4. Prevalencia de la Jurisdicción Especial para la Paz:
La Jurisdicción Especial para la Paz prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.
5. Finalidad y configuración de las sanciones:
Las sanciones previstas en la Jurisdicción Especial para la Paz, aplicables a los Agentes del Estado, tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. La configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado será propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del Acuerdo Final. El tiempo de duración de las sanciones – que son de naturaleza propia, alternativa y ordinaria- que se impongan a los Agentes del Estado será en todo caso el mismo definido en la Jurisdicción Especial para la Paz para todos los responsables.
6. Sanciones:
Las sanciones a miembros de la Fuerza Pública que impliquen privación efectiva de la libertad, se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para ellos, conforme al principio de tratamiento diferenciado. Cuando se trate de sanciones de restricción efectiva de libertad y derechos, se reglamentarán las diferentes modalidades de ejecución, garantizando mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones.
7. Responsabilidad del mando y otros superiores:
La Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Derecho Internacional Humanitario y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH, como ley especial. La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía, o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.
8. Revisión de sentencias:
La Jurisdicción Especial para la Paz consagra que a petición del condenado, la Sección de Revisión del Tribunal revisará las sentencias proferidas por la justicia por inexistencia del hecho, error manifiesto en la calificación jurídica, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema Integral.
9. Resolución de la situación jurídica:
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá la función de resolver la situación jurídica de los Agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos. En estos casos, frente a quienes hayan cumplido las condiciones del Sistema Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá aplicar, según el nivel de responsabilidad, medidas de resolución de la situación jurídica, como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, entre otras.
10. Integralidad y Condicionalidad del Sistema:
Para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia prevista en la Jurisdicción Especial para la Paz del Sistema Integral, los Agentes del Estado deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Quien aporte de manera dolosa información falsa perderá el tratamiento especial de justicia. El Gobierno Nacional impulsará las leyes que definan la naturaleza, alcance y contenidos de las medidas de reparación de víctimas por parte de los Agentes del Estado.
Santos: “No permitiré que los soldados acaben en la cárcel y los guerrilleros libres”
Cita:
2015/12/19 17:04
“No permitiré que los soldados acaben en la cárcel y los guerrilleros libres”
El presidente Juan Manuel Santos presentó ante Las Fuerzas Armadas los mecanismos de justicia transicional que se aplicará a agentes del Estado en el marco del conflicto armado.
Cinco días después del histórico acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, en el punto relacionado a las víctimas del conflicto, el presidente Juan Manuel Santos presentó el documento, diseñado por el gobierno, para garantizar justicia transicional a los agentes del Estado que hayan cometido graves delitos contra los derechos humanos, con ocasión del conflicto.
Refiriéndose al actual proceso de paz, el mandatario aseguró que no iba a repetir el error de ocasiones anteriores, que los guerrilleros terminaban amnistiados, mientras que los militares o policías terminaban condenados. El caso emblemático, sin duda, fue la condena que en primera instancia se impuso al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia, por lo que alcanzó a pagar 8 años de prisión, mientras que los desmovilizados del M-19 recibieron perdón y olvido.
“En esta ocasión no iba a permitir la injusticia de años anteriores, donde los soldados y policías acaban en la cárcel y los guerrilleros libres”, dijo Santos. El presidente reveló que ese fue el compromiso que adquirió hace cinco con el general Alejandro Navas, entonces comandante de las Fuerzas Militares, y con el general Óscar Naranjo, director de la Policía. A ellos fue a los primeros a quienes notificó de sus intenciones e poner fin al conflicto por la vía negociada.
El documento que Santos presentó durante la ceremonia de ascensos, celebrada en Bogotá, parte de la base de que todas las acciones de la fuerza pública son legales, legítimas. “Nuestros soldados y policías combaten con la Constitución en una mano y el fusil en la otra, defienden a los colombianos dentro de la ley”. Esa definición marca el carácter diferenciado frente a las FARC, explicó el mandatario, pues es claro que la guerrilla actúa por fuera de la Constitución y la ley.
Por eso el Presidente aclaró que las acciones de los agentes del Estado se presumen legales, y que todas las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial de Paz, harán tránsito a cosa juzgada. “Lo que se decida en esa jurisdicción no podrá ser cuestionado o reabierto por ninguna otra instancia.
"El propósito es cerrar definitivamente el conflicto”.
El jefe de Estado también explicó que los militares y policías que se beneficien de justicia transicional no estarán en inferioridad de condiciones, pues aclaró que los magistrados de ese tribunal de paz “no serán escogidos, ni uno solo, por las FARC”.
Al explicar ese detalle, el mandatario le envió un mensaje a la oposición: “A quién se le puede ocurrir que nuestros soldados serán juzgados por las FARC. A los que quieren desinformar. Serán magistrados escogidos con toda la objetividad por instituciones con toda legitimidad”.
El presidente Santos también explicó que el tribunal de paz absorberá la competencia sobre cualquier otra jurisdicción, además, la privación efectiva se hará en establecimientos previstos por el régimen carcelario especial para los uniformados.
Pero quizás el punto neurálgico del documento, que fue recibido con una larga ovación, fue el de la cadena de mando. Santos dijo que ningún comandante de batallón, brigada, o división, sería responsable por los hechos de sus subalternos. “Solo serán sancionados los directos responsables”.
Otro de los puntos trascendentales del documento es que los policías y militares que hoy están cumpliendo una condena por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado, podrán someter ante ese tribunal de paz la revisión de sus procesos. “Y en muchos casos saldrán libres por cumplimiento de la pena…”, explicó el mandatario.
Por eso Santos calificó este documento como un paso histórico, que cumplo con el compromiso de darle beneficios a la fuerza pública en igualdad de condiciones que los de la contraparte (las FARC). “Aquí estamos cumpliendo con la palabra empeñada”.
El texto del mecanismo de justicia transicional para los militares no fue discutido con la guerrilla, aclaró Santos, y su redacción estuvo a cargo de los generales (r) Jorge Mora Rangel y Óscar Naranjo, dos de los plenipotenciarios del gobierno en la Mesa de La Habana
Fuerzas Armadas se muestran de acuerdo con justicia especial para militares
Cita:
20 DIC 2015 - 11:58 AM
Fuerzas Armadas se muestran de acuerdo con justicia especial para militares
El presidente Juan Manuel Santos anunció que a los militares se les dará un régimen especial, diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, basado en el DIH.
Por: Redacción Paz
Foto: Archivo EFE.
Tanto militares como policías se mostraron a favor de la aplicación de una Justicia Especial para las Fuerzas Armadas propuesta por el Gobierno Nacional para que quienes hayan cometido delitos vinculados al conflicto armado en el país sean juzgados a través de un tribunal especial para la paz.
De acurdo con el comandante de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez hay una “seguridad jurídica” para los militares, pero así mismo se cumplirá con la promesa de que los militares reciban los mismos beneficios que tendrán los guerrilleros de las Farc.
Así mismo, consideró importante que no se juzgará por línea de mando a los comandantes de las Fuerzas Armadas por hechos cometidos por subalternos sin el consentimiento o conocimiento de la brigada o unidad, sino que “cada persona tiene que responder individualmente por sus hechos”.
“Como bien lo dijo el Presidente, este es un acuerdo que tiene varios aspectos fundamentales; la simetría, la equidad y la simultaneidad, en ese orden de ideas pienso que los agentes del Estado salen muy beneficiados”, dijo Rodríguez a RCN Radio.
Por su parte el general en retiro, Oscar Naranjo se mostró a favor del anuncio realizado por Santos y afirmo que el compromiso que queda es “investigar, juzgar y sancionar a todos quienes han tenido participación en el conflicto”, y además, partir de la legitimidad de las acciones de los agentes de Estado, quienes están a cargo de la defensa de la democracia.
El pasado martes 15 de diciembre, durante el acto de presentación del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, se anunció “un régimen especial diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo, basado en el Derecho Internacional Humanitario” para los agentes del Estado.
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