El conflicto armado en Colombia deja 220.000 muertos desde 1958

Estas no son estadísticas oficiales proporcionadas por los organismos del Estado. Los investigadores, durante seis años, consultaron diversas fuentes independientes para sustentar su estudio. De ahí que la cifra sea muy cercana a la realidad, con un escaso margen de error.

En el informe no se tienen en cuenta los homicidios cometidos por la delincuencia común, sino los que han sido consecuencia del conflicto armado. De ahí que cuando se habla de asesinatos selectivos, se refiere a los cometidos por los actores de la guerra específicamente contra personas del bando contrario. Entre ellos están los militantes de la Unión Patriótica, por poner un ejemplo. Aquí una cita textual del informe sobre el particular:

Cita:

"Los asesinatos selectivos constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto. El número de víctimas de los asesinatos selectivos pudo haber alcanzado, de acuerdo con las proyecciones del GMH, las 150.000 personas. Esto significa que nueve de cada diez homicidios de civiles en el conflicto armado fueron asesinatos selectivos. Los asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esto se debe a que su carácter de acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetradores. La estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen. Teniendo en cuenta que la información del RUV sobre quiénes son los autores de los hechos victimizantes es muy limitada (9,8% de los casos), el registro estadístico del GMH permite establecer tendencias en el empleo de esta modalidad y niveles diferenciados de presunta responsabilidad. En este registro se documentan 23.161 asesinatos selectivos entre 1981 y el 2012. De este total, 8.902 muertes, es decir el 38,4% fueron ocasionadas presuntamente por grupos paramilitares; 6.406 o el 27,7% fueron perpetradas por grupos armados no identificados; 3.906 correspondientes al 16,8% fueron responsabilidad de las guerrillas; 2.340, el 10,1%, las cometieron miembros de la Fuerza Pública; 1.511, o sea el 6,5%, las ocasionaron desconocidos; 83 muertes, equivalentes al 0,4%, fueron cometidas por grupos paramilitares y la Fuerza Pública en acciones conjuntas; y 13 más, o el 0,05%, fueron el resultado de la acción de otros grupos, entre ellos milicias populares y agentes extranjeros. (...) Los asesinatos selectivos no solo fueron una estrategia de invisibilización, sino que se integraron a los mecanismos de terror de los actores armados, junto con las huellas de la sevicia y la tortura en los cuerpos expuestos públicamente y con el asesinato de personalidades públicas. Estas prácticas buscaban lograr un efecto de desestabilización política y social, tal como ocurrió en los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre 1987; Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989; Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990; y Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, o como sucedió con el asesinato del humorista Jaime Garzón, el 13 agosto de 1999, entre otros." (...) Mención especial merecen los 2.304 asesinatos selectivos atribuidos presuntamente a miembros de la Fuerza Pública. La gravedad de estos casos reside en que constituyen violaciones a los derechos de las cuales ellos son garantes, de acuerdo con la Constitución Política. Entre los casos se cuentan las ejecuciones extrajudiciales que se integraron a la estrategia criminal de presentar como guerrilleros muertos en combate a civiles, quienes fueron engañados o raptados de su lugar de residencia, para luego ser ejecutados en regiones distantes con la intención de que no fueran reclamados y acabar inhumados como nn en los cementerios. Esta derivación perversa de la Política de Seguridad Democrática se sumó a una saga de crímenes que se extendieron a lo largo del conflicto armado para encubrir errores militares o enmascarar acciones intencionales guiadas por el afán de retaliación por un ataque guerrillero o por la convicción en la eficacia de la máxima contrainsurgente de que solo aislando a la población civil de la guerrilla se puede conseguir derrotarla.

220.000 muertos del conflicto armado colombiano es la mayor tragedia histórica de América Latina y una de las mayores de la historia contemporánea. De verdad me sorprende que te parezca un número pequeño. De todas formas, en este enlace puedes descargar el informe completo para que despejes tus inquietudes:

Esto no tiene nada que ver con el DANE. Este Centro de Memoria Histórica es un organismo creado por la Ley de Justicia y Paz para documentar el conflicto armado colombiano y constituirse en una referencia histórica que cumple con uno de los requisitos para conseguir la paz: el esclarecimiento de la verdad. Un equipo multidisciplinario, seis años de investigación y fuentes variadas respaldan la seriedad científica de este informe, apoyado por organismos internacionales y el gobierno de Suiza, en especial.

Vale la pena leerlo si uno quiere de verdad enterarse de una parte de nuestra historia reciente y entender el horror de esta guerra insensata que ha marcado a varias generaciones de colombianos. Como lo expresa lúcidamente el director del proyecto, el filósofo Gonzálo Sánchez, en el prólogo del informe:

Cita:

"A la luz de las consideraciones expuestas, el relato aquí plasmado intenta romper con las visiones reductoras de la violencia que condensan en coordenadas morales (los buenos y los villanos) la complejidad de lo que hemos vivido. La larga trayectoria del conflicto y las transformaciones de sus actores, junto a las transformaciones sociales e institucionales, clausuran toda pretensión de un relato monocausal que reduzca la continuidad de la violencia o su solución a la sola acción de los perpetradores o a un ejercicio de condena moral. La sociedad ha sido víctima pero también ha sido partícipe en la confrontación: la anuencia, el silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de reflexión colectiva. (...) Este informe no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente. Es un relato que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria oficial del conflicto armado. Lejos de pretender erigirse en un corpus de verdades cerradas, quiere ser elemento de reflexión para un debate social y político abierto. El país está pendiente de construir una memoria legítima, que no consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas y sus responsabilidades, y, además, se reconozca a las víctimas."