En el informe no se tienen en cuenta los homicidios cometidos por la delincuencia común, sino los que han sido consecuencia del conflicto armado. De ahí que cuando se habla de asesinatos selectivos, se refiere a los cometidos por los actores de la guerra específicamente contra personas del bando contrario. Entre ellos están los militantes de la Unión Patriótica, por poner un ejemplo. Aquí una cita textual del informe sobre el particular:

Cita:

"Los asesinatos selectivos constituyen la modalidad de violencia empleada por los actores armados que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto. El número de víctimas de los asesinatos selectivos pudo haber alcanzado, de acuerdo con las proyecciones del GMH, las 150.000 personas. Esto significa que nueve de cada diez homicidios de civiles en el conflicto armado fueron asesinatos selectivos. Los asesinatos selectivos son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esto se debe a que su carácter de acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetradores. La estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen. Teniendo en cuenta que la información del RUV sobre quiénes son los autores de los hechos victimizantes es muy limitada (9,8% de los casos), el registro estadístico del GMH permite establecer tendencias en el empleo de esta modalidad y niveles diferenciados de presunta responsabilidad. En este registro se documentan 23.161 asesinatos selectivos entre 1981 y el 2012. De este total, 8.902 muertes, es decir el 38,4% fueron ocasionadas presuntamente por grupos paramilitares; 6.406 o el 27,7% fueron perpetradas por grupos armados no identificados; 3.906 correspondientes al 16,8% fueron responsabilidad de las guerrillas; 2.340, el 10,1%, las cometieron miembros de la Fuerza Pública; 1.511, o sea el 6,5%, las ocasionaron desconocidos; 83 muertes, equivalentes al 0,4%, fueron cometidas por grupos paramilitares y la Fuerza Pública en acciones conjuntas; y 13 más, o el 0,05%, fueron el resultado de la acción de otros grupos, entre ellos milicias populares y agentes extranjeros. (...) Los asesinatos selectivos no solo fueron una estrategia de invisibilización, sino que se integraron a los mecanismos de terror de los actores armados, junto con las huellas de la sevicia y la tortura en los cuerpos expuestos públicamente y con el asesinato de personalidades públicas. Estas prácticas buscaban lograr un efecto de desestabilización política y social, tal como ocurrió en los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre 1987; Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989; Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990; y Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, o como sucedió con el asesinato del humorista Jaime Garzón, el 13 agosto de 1999, entre otros." (...) Mención especial merecen los 2.304 asesinatos selectivos atribuidos presuntamente a miembros de la Fuerza Pública. La gravedad de estos casos reside en que constituyen violaciones a los derechos de las cuales ellos son garantes, de acuerdo con la Constitución Política. Entre los casos se cuentan las ejecuciones extrajudiciales que se integraron a la estrategia criminal de presentar como guerrilleros muertos en combate a civiles, quienes fueron engañados o raptados de su lugar de residencia, para luego ser ejecutados en regiones distantes con la intención de que no fueran reclamados y acabar inhumados como nn en los cementerios. Esta derivación perversa de la Política de Seguridad Democrática se sumó a una saga de crímenes que se extendieron a lo largo del conflicto armado para encubrir errores militares o enmascarar acciones intencionales guiadas por el afán de retaliación por un ataque guerrillero o por la convicción en la eficacia de la máxima contrainsurgente de que solo aislando a la población civil de la guerrilla se puede conseguir derrotarla.