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“Hay escándalos que aún no se conocen”: Contralora

La contralora General de la República, Sandra Morelli, tiene claro que las irregularidades que ha encontrado en las entidades del Estado, y en su propio patio, sólo son el principio. Según dice, hay un alto número de escándalos que no se conocen y muchos de ellos son ‘ollas podridas’.

En los últimos tres meses, el organismo de control detectó nóminas paralelas en la Contraloría, la Dian, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Televisión, el Inpec y las Fuerzas Militares, que generarían un detrimento patrimonial que supera los seis billones de pesos.

También tiene en la mira los procesos de contratación que ha adelantado la administración de Bogotá y las presuntas irregularidades en el Inpec, por cuenta del proceso contractual de los brazaletes de seguridad que se otorgan a los reclusos.

Todo esto, dice Morelli entre líneas, representa únicamente la punta del ‘iceberg’ de la corrupción en Colombia, que, incluso, le ha generado el anuncio de demandas por parte de su antecesor en el organismo de control fiscal, Julio César Turbay Quintero.

Al momento de su elección, Morelli prometió no ser “una contralora de bolsillo” y de inmediato inició su labor de denuncia e investigación. En diálogo con El País, reconoce que el Estado es débil y que existe la necesidad de hacer serios ajustes.

Algunos sectores advierten que son muchos los escándalos que se están destapando, pero que todo conduce a que no habrá resultados concretos...
Bueno, la verdad esa es una pregunta compleja de contestar. Lo que le puedo decir es que nosotros hacemos todo el esfuerzo necesario para evitar el detrimento del patrimonio público, para evitar que la plata de los colombianos se pierda y lo hacemos con la mayor celeridad posible y, obviamente, respetando la normatividad y el debido proceso. Esos son, digamos, los ritmos ordinarios de nuestro trabajo. Si usted me dice que hemos hecho muchísimo, yo le diría que nos falta muchísimo. Nuestro ritmo de trabajo es en función de nuestras obligaciones legales y nuestro compromiso con el país, en esa medida hacemos lo que se puede.

Usted advierte que hasta ahora están comenzando, ¿quiere decir que hay demasiada ‘olla podrida’ que destapar?
Sí señor. No todos los casos son ‘ollas podridas’, pero sí hay una infraestructura, sí hay unos vicios estructurales, sí hay unas situaciones de hecho que hacen que los recursos públicos no se gasten de la manera más eficiente, eficaz y transparente. Nos hace falta mucho aún para que las prácticas institucionales y de los particulares que contratan con la Nación, que prestan servicios públicos, lo mismo que las entidades territoriales, modifiquen sus actuaciones para que haya más eficiencia y transparencia. Nos falta muchísimo.

¿El funcionario público, por decirlo, es corrupto por naturaleza?
Falta voluntad del funcionario, muchísima voluntad. No es un tema solamente de normas, hay algunas que se tienen que mejorar, pero falta mucha independencia y mucha claridad de las partes contratantes.

Entonces, ¿cómo cambiar la visión del ciudadano de a pie que dice que lo público es sinónimo de lo corrupto?
Lo público no es sinónimo de corrupto, pero lo público está muy debilitado, porque el Estado no cuenta, en algunos casos, con funcionarios que realmente se apeguen de manera inteligente a la ley y la hagan cumplir, no cuenta con los mejores técnicos que estén en capacidad de discutir con el sector público. Y, sobre todo, un elemento jurídico que parte del presupuesto de que el sector privado es débil y que el Estado es el fuerte como sucedía en el siglo pasado cuando articulamos todas estas doctrinas del derecho administrativo francés. Ese cuerpo normativo toca adaptarlo, porque en este particular el débil es el Estado.

¿Cómo es el tema de la nómina paralela en la Contraloría?
Lo que hay aquí y en muchas entidades del Estado es un número más que proporcional a la nómina de contratación por la modalidad de contrato por prestación de servicios. Esa no es una práctica sana, eso no contribuye a fortalecer las instituciones, eso crea desigualdades entre el funcionario de planta y el funcionario que presta su servicio a través de un contrato. Ahí se requiere hacer una evaluación estructural y, lo mismo, ver cuáles son las verdaderas necesidades y proceder a establecer y si es necesario crear más nóminas o si sencillamente los contratos no eran necesarios.

¿Eso quiere decir que lo político está influenciando los organismos de control?
Yo lo que le quiero decir es que nuestra función es limitarnos al fortalecimiento de las instituciones y verificar que el erario público se gaste como corresponde, dentro de esa perspectiva que no admite juicio de valor que no permite en hipótesis de trabajo, no es el método más sano de fortalecer una institución y además tiene unos costos que no redundan en el beneficio que se presente.

¿Cómo, entonces, cambiar la visión ciudadana en torno a que ustedes están cumpliendo con sus funciones constitucionales?
Nosotros tenemos problemas internos, porque la institución debe fortalecerse, pero aquí hay una institución con historia, hay personal de planta y eso es lo que toca aprovechar al máximo. También hay falencias y necesidades, tenemos nuevas demandas en términos de controles excepcionales que, en cierta medida, nos embiste y estamos buscando las soluciones administrativas a la mayor brevedad.

Independientemente de que la institución sea reforzada en algunos aspectos, lo cierto es que las obligaciones legales y constitucionales hay que cumplirlas ¿no?