Con los 63 millones de dólares se hicieron polémicas propuestas para la salud
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Con los 63 millones de dólares se hicieron polémicas propuestas para la salud

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El Programa de Apoyo a la Reforma en Salud, PARS, que se financió con esos dineros, propuso la creación de la Pila, una registraduría paralela y el modelo como las EPS definen cada año el plan de beneficios de los usuarios.


Las decisiones más polémicas que ha tomado el Ministerio de la Protección Social en los últimos años fueron propuestas por el Programa de Apoyo a la Reforma en Salud (Pars).

Fue en este programa, creado en el año 1996 y dirigido por Teresa Margarita Tono en su segunda etapa, desde 2003 hasta 2008, en el que se invirtieron 63 millones de dólares.
En ese periodo surgieron varias propuestas que el gobierno empezó a implementar, algunas de ellas polémicas y otras recordadas porque finalmente terminaron por afectar los intereses de los usuarios.

Entre las iniciativas que más dieron de qué hablar están la Planilla Integrada de Liquidación y Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales (Pila); el Registro Único de Afiliados (Ruaf), que fue más conocido como la ‘registraduría paralela’ del Ministerio, y el modelo de ajuste de los dineros que gira el gobierno cada año a las EPS.

"Fue un trabajo del que me siento muy orgullosa", dijo Tono al explicar su labor como directora del Pars en una entrevista publicada por el diario El País de Cali este fin de semana.

Vale decir que las propuestas de este programa fueron más. Quien quiera conocerlas o profundizar en ellas, puede encontrarlas en este documento.


La Pila
El Pars diseñó esta planilla con la idea de que los usuarios tuvieran un formato único para registrar los pagos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Icbf, Sena y cajas de compensación. El presupuesto era facilitar “el control de la evasión y elusión”, pues el formato obligaba a pagar todos estos aportes a la vez y no por separado. Así, quien pagara salud, no podía obviar sus aportes a pensiones, como solía suceder, pese a que la Ley 100 de 1993 exige pagar en ambos.

Para junio de 2008, casi un millón 400 trabajadores independientes que cotizaban a salud y pensiones debían estar utilizando este modelo de pago. Fue entonces cuando se vieron largas filas en los bancos, gente desesperada porque quería pagar sus aportes a salud y no podía hacerlo y otros que, con bajos ingresos, hacían cuentas de lo alto que les iba a costar pagar todos los aportes juntos.

Fue uno de los momentos más difíciles que durante este gobierno han tenido los afiliados al sistema de seguridad social de este país. Funcionarios del Ministerio, en aquel entonces, tuvieron que salir a capotear críticas y a tratar de explicar en qué consistía la molesta Pila. Todo fue caos por esos días.

Lo que no previeron los creadores de este invento es que algunos usuarios terminaran como Fernando*, registrado en su momento por Semana.com.

El 19 de junio de ese año, la Corte Suprema de Justicia falló una tutela a favor de este paciente, que para ese momento tenía 53 años y padecía VIH y diabetes. Era trabajador independiente y recibía un mínimo mensual. Solamente estaba haciendo aportes a salud, porque sus ingresos no le daban para más.

Pero la nueva planilla le exigía el pago de pensiones también, aunque nunca las había cotizado. Si no pagaba las dos, perdía el derecho al tratamiento de sus dos enfermedades, que le exigían consumir mensualmente dos millones de pesos en medicamentos, cubiertos por su EPS. Es decir, suspender los aportes a la EPS significaba su muerte. Después de una larga lucha jurídica, la Corte Suprema definió que le permitieran hacer sólo el pago a salud y no el de pensiones.

Casos parecidos a ese fueron encarnados por decenas de personas en riesgo de perder su acceso a la salud en todo el país.

Finalmente, fue expedida la Ley 1250 en noviembre de 2008. En ella, se estableció que las personas que ganan un salario mínimo o menos tienen derecho a no aportar a pensiones. Pero sólo será “durante los próximos tres años de la vigencia de la presente ley”.

En febrero de 2009, después de todo el alboroto y las protestas, el Ministerio de la Protección Social publicó un comunicado en el que aseguraba que “a pesar de las dificultades que se presentaron, el Ministerio estima que este sistema ha traído grandes beneficios para los colombianos y abre importantes espacios para atacar los fenómenos de elusión y evasión de aportes”.

La 'registraduría paralela’

El Registro Único de Afiliados a la Protección Social (Ruaf) “es la base de datos de la totalidad de la población colombiana con información de afiliados a salud, pensiones, riesgos profesionales, compensación familiar, algunos programas de asistencia social y los datos del Sisbén, con cobertura nacional”, según el Pars.

En la implementación de esta base de datos, los integrantes de aquel programa tuvieron en cuenta registrar las certificaciones de nacimientos y defunciones en el país.

“El desarrollo del Ruaf se ha efectuado en forma concertada con diferentes entidades del Gobierno Nacional como Planeación, el Dane, la Agenda de Conectividad, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el DAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento Administrativo de Acción Social, entre otros”, dice un reporte del Pars.

El pasado noviembre, Semana.com publicó un artículo explicando que son las EPS privadas las encargadas de alimentar este archivo. Ellas son las que tomarán las huellas, las fotos, los registros de muerte y nacimiento y los domicilios de los usuarios.

Esto hizo que el registrador Carlos Ariel Sánchez se molestara, pues lo que se estaba haciendo era crear una registraduría paralela. Tal vez lo que no se tuvo en cuenta durante el diseño del Ruaf fue que los datos biográficos y la huella son reservados, según lo define el Código Electoral. Es decir, esa información debe ser administrada por la Registraduría y la persona sólo puede difundirla si lo decide.

Al respecto, Carlos Jorge Rodríguez, viceministro Técnico, explicó que la falta de una base de datos de los afiliados estaba trayendo muchos problemas. “Tenemos casos graves de suplantación. Hay personas que van con carnés que no les pertenecen a reclamar pensiones o servicios en las EPS, sin haber pagado”, dijo.

Efectivamente, las demoras en la Registraduría para sacar de las listas a las personas muertas hacen que el Gobierno deba girar recursos cada año para que las EPS cubran la salud de gente que ya no vive. Esta falta de información, según el ministro Diego Palacio, le costó al país entre 60 mil y 70 mil millones de pesos el año pasado.

Sin embargo, no fueron pocos los cuestionamientos que surgieron con la creación de esta base de datos paralela a la de la Registaduría y administrada por empresas privadas, como son las EPS.

¿Por qué no se ayuda más bien a corregir las fallas que tiene la única institución encargada del registro en el país? ¿Acaso el Ministerio de la Protección tiene pocas funciones como para atribuirse una nueva de registro, que incluso tiene dificultades para la misma Registraduría?, son algunas de las preguntas hechas desde diferentes sectores.


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EPS, juez y parte en la definición del POS

Este es, quizás, uno de los puntos más difíciles de entender del sistema de salud por lo técnico que resulta. Pero viene a ser, también, uno de los más importantes, porque se refiere a la destinación de los dineros del sistema de salud y al cubrimiento de las enfermedades de los usuarios.

Ocurre que el Pars, básicamente, les entregó a las EPS la tarea de definir cada año cuánta plata debía girarles el Gobierno para la atención de los pacientes y qué enfermedades debían estar en el plan de beneficios.

“Las acciones realizadas han permitido el diseño e implementación de un proceso para la evaluación y el ajuste periódico de la UPC”, dicen los reportes del Pars.

La UPC es la Unidad de Pago por Capitación, un dinero que el Estado le gira a cada EPS por cada afiliado para el cubrimiento de los tratamientos incluidos en los planes de beneficios.

El programa dirigido por Tono elaboró manuales para recoger y procesar datos para el “análisis de la información de ingresos y gasto en la salud de las EPS y ARS y para la definición de la suficiencia de la UPC”. Es decir, estas empresas privadas entraron a ser las que definían cuánto dinero debía destinar el Estado para la atención de los ciudadanos.

La UPC se define según la información que suministren estas empresas sobre el volumen de usuarios que tiene cada una, la cobertura de servicios y los costos que significan. Esa información debe ser enviada individualmente por cada EPS a la Comisión de Regulación en Salud (Cres), que es la que define el monto que se les girará cada año por cada afiliado. El procedimiento correcto es que lo haga de acuerdo con el comportamiento de la salud de los colombianos afiliados a las EPS.

Así, si hay una enfermedad muy frecuente, su tratamiento debe ser incluido en el POS. Si hay algunas que no son muy normales, no ameritan estar dentro de los beneficios y su atención, que sería excepcional, se la pagaría el Fosyga a las empresas privadas.

Pero el hecho de que sean las EPS las que reciban la plata, paguen, definan de qué se enferman los colombianos y tengan que registrar rendimientos financieros las hace jueces y partes del proceso.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
abrió una investigación a las 15 EPS más grandes del país. La idea es confirmar si estas empresas y Acemi, la agremiación que las agrupa, estaban poniéndose de acuerdo para negar servicios de salud, limitar la información suministrada al Gobierno y fijar los precios de sus servicios.

En la Resolución 10958 de 2009, la Superindustria consigna mensajes de correo electrónico y actas en las que Acemi solicitaba a las EPS información al respecto, la unificaba y luego la repartía entre todas.

“Este despacho encuentra que el intercambio de información estaría permitiendo a las EPS alinear el comportamiento en los procesos de autorización o negación de servicios de salud a los usuarios y unifican criterios de variación y clasificación de los costos y gastos”, dice la Superintendencia en aquel documento, por medio del cual abrió la investigación.

Las conclusiones a las que preliminarmente se llegó son muy preocupantes. Para la SIC, “las EPS estarían acordando no cubrir ciertos servicios de salud” y “existe un consenso entre las EPS para no dar cobertura a los afiliados” en algunos tratamientos.

De acuerdo con aquella resolución, para las EPS es conveniente unificar su información para “mantener su nivel de ingresos”. Así, hacen que el Gobierno no incluya algunos procedimientos en los planes de beneficios y las EPS puedan cobrárselos al Fosyga.

Para lograrlo, también tenían que ocultar información sobre tratamientos que sí están necesitando los usuarios con frecuencia, pero que convenía más no reportarlos, para que no fueran incluidos en el POS. “Las EPS estarían suministrando información consensuada, que no guarda total correspondencia con la realidad del negocio desarrollado por cada una de ellas”, dice la Superindustria.

Puede ser una simple casualidad, pero lo cierto es que las investigaciones que se adelanten para clarificar el destino de los 63 millones de dólares del Pars tocarán los aspectos más polémicos de las políticas de salud pública del presente gobierno. Se sabrá entonces si aparte de evidentes desaciertos hubo, o no, malos manejos.

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