Denunciante Bronce
 |  Con los 63 millones de dólares se hicieron polémicas propuestas para la salud
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 | El Programa de Apoyo a la Reforma en Salud, PARS, que se financió con esos dineros, propuso la creación de la Pila, una registraduría paralela y el modelo como las EPS definen cada año el plan de beneficios de los usuarios. Las decisiones más polémicas que ha tomado el Ministerio de la Protección Social en los últimos años fueron propuestas por el Programa de Apoyo a la Reforma en Salud (Pars).
Fue en este programa, creado en el año 1996 y dirigido por Teresa Margarita Tono en su segunda etapa, desde 2003 hasta 2008, en el que se invirtieron 63 millones de dólares.
En ese periodo surgieron varias propuestas que el gobierno empezó a implementar, algunas de ellas polémicas y otras recordadas porque finalmente terminaron por afectar los intereses de los usuarios.
Entre las iniciativas que más dieron de qué hablar están la Planilla Integrada de Liquidación y Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales (Pila); el Registro Único de Afiliados (Ruaf), que fue más conocido como la ‘registraduría paralela’ del Ministerio, y el modelo de ajuste de los dineros que gira el gobierno cada año a las EPS.
"Fue un trabajo del que me siento muy orgullosa", dijo Tono al explicar su labor como directora del Pars en una entrevista publicada por el diario El País de Cali este fin de semana.
Vale decir que las propuestas de este programa fueron más. Quien quiera conocerlas o profundizar en ellas, puede encontrarlas en este documento.
La Pila
El Pars diseñó esta planilla con la idea de que los usuarios tuvieran un formato único para registrar los pagos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Icbf, Sena y cajas de compensación. El presupuesto era facilitar “el control de la evasión y elusión”, pues el formato obligaba a pagar todos estos aportes a la vez y no por separado. Así, quien pagara salud, no podía obviar sus aportes a pensiones, como solía suceder, pese a que la Ley 100 de 1993 exige pagar en ambos.
Para junio de 2008, casi un millón 400 trabajadores independientes que cotizaban a salud y pensiones debían estar utilizando este modelo de pago. Fue entonces cuando se vieron largas filas en los bancos, gente desesperada porque quería pagar sus aportes a salud y no podía hacerlo y otros que, con bajos ingresos, hacían cuentas de lo alto que les iba a costar pagar todos los aportes juntos.
Fue uno de los momentos más difíciles que durante este gobierno han tenido los afiliados al sistema de seguridad social de este país. Funcionarios del Ministerio, en aquel entonces, tuvieron que salir a capotear críticas y a tratar de explicar en qué consistía la molesta Pila. Todo fue caos por esos días.
Lo que no previeron los creadores de este invento es que algunos usuarios terminaran como Fernando*, registrado en su momento por Semana.com.
El 19 de junio de ese año, la Corte Suprema de Justicia falló una tutela a favor de este paciente, que para ese momento tenía 53 años y padecía VIH y diabetes. Era trabajador independiente y recibía un mínimo mensual. Solamente estaba haciendo aportes a salud, porque sus ingresos no le daban para más.
Pero la nueva planilla le exigía el pago de pensiones también, aunque nunca las había cotizado. Si no pagaba las dos, perdía el derecho al tratamiento de sus dos enfermedades, que le exigían consumir mensualmente dos millones de pesos en medicamentos, cubiertos por su EPS. Es decir, suspender los aportes a la EPS significaba su muerte. Después de una larga lucha jurídica, la Corte Suprema definió que le permitieran hacer sólo el pago a salud y no el de pensiones.
Casos parecidos a ese fueron encarnados por decenas de personas en riesgo de perder su acceso a la salud en todo el país.
Finalmente, fue expedida la Ley 1250 en noviembre de 2008. En ella, se estableció que las personas que ganan un salario mínimo o menos tienen derecho a no aportar a pensiones. Pero sólo será “durante los próximos tres años de la vigencia de la presente ley”.
En febrero de 2009, después de todo el alboroto y las protestas, el Ministerio de la Protección Social publicó un comunicado en el que aseguraba que “a pesar de las dificultades que se presentaron, el Ministerio estima que este sistema ha traído grandes beneficios para los colombianos y abre importantes espacios para atacar los fenómenos de elusión y evasión de aportes”.
La 'registraduría paralela’
El Registro Único de Afiliados a la Protección Social (Ruaf) “es la base de datos de la totalidad de la población colombiana con información de afiliados a salud, pensiones, riesgos profesionales, compensación familiar, algunos programas de asistencia social y los datos del Sisbén, con cobertura nacional”, según el Pars.
En la implementación de esta base de datos, los integrantes de aquel programa tuvieron en cuenta registrar las certificaciones de nacimientos y defunciones en el país.
“El desarrollo del Ruaf se ha efectuado en forma concertada con diferentes entidades del Gobierno Nacional como Planeación, el Dane, la Agenda de Conectividad, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el DAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento Administrativo de Acción Social, entre otros”, dice un reporte del Pars.
El pasado noviembre, Semana.com publicó un artículo explicando que son las EPS privadas las encargadas de alimentar este archivo. Ellas son las que tomarán las huellas, las fotos, los registros de muerte y nacimiento y los domicilios de los usuarios.
Esto hizo que el registrador Carlos Ariel Sánchez se molestara, pues lo que se estaba haciendo era crear una registraduría paralela. Tal vez lo que no se tuvo en cuenta durante el diseño del Ruaf fue que los datos biográficos y la huella son reservados, según lo define el Código Electoral. Es decir, esa información debe ser administrada por la Registraduría y la persona sólo puede difundirla si lo decide.
Al respecto, Carlos Jorge Rodríguez, viceministro Técnico, explicó que la falta de una base de datos de los afiliados estaba trayendo muchos problemas. “Tenemos casos graves de suplantación. Hay personas que van con carnés que no les pertenecen a reclamar pensiones o servicios en las EPS, sin haber pagado”, dijo.
Efectivamente, las demoras en la Registraduría para sacar de las listas a las personas muertas hacen que el Gobierno deba girar recursos cada año para que las EPS cubran la salud de gente que ya no vive. Esta falta de información, según el ministro Diego Palacio, le costó al país entre 60 mil y 70 mil millones de pesos el año pasado.
Sin embargo, no fueron pocos los cuestionamientos que surgieron con la creación de esta base de datos paralela a la de la Registaduría y administrada por empresas privadas, como son las EPS.
¿Por qué no se ayuda más bien a corregir las fallas que tiene la única institución encargada del registro en el país? ¿Acaso el Ministerio de la Protección tiene pocas funciones como para atribuirse una nueva de registro, que incluso tiene dificultades para la misma Registraduría?, son algunas de las preguntas hechas desde diferentes sectores.
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