24-02-2010
, 23:28:17
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#2 |
| Denunciante Bronce
 |  Respuesta: Con los 63 millones de dólares se hicieron polémicas propuestas para la salud
EPS, juez y parte en la definición del POS Este es, quizás, uno de los puntos más difíciles de entender del sistema de salud por lo técnico que resulta. Pero viene a ser, también, uno de los más importantes, porque se refiere a la destinación de los dineros del sistema de salud y al cubrimiento de las enfermedades de los usuarios. Ocurre que el Pars, básicamente, les entregó a las EPS la tarea de definir cada año cuánta plata debía girarles el Gobierno para la atención de los pacientes y qué enfermedades debían estar en el plan de beneficios.
“Las acciones realizadas han permitido el diseño e implementación de un proceso para la evaluación y el ajuste periódico de la UPC”, dicen los reportes del Pars.
La UPC es la Unidad de Pago por Capitación, un dinero que el Estado le gira a cada EPS por cada afiliado para el cubrimiento de los tratamientos incluidos en los planes de beneficios.
El programa dirigido por Tono elaboró manuales para recoger y procesar datos para el “análisis de la información de ingresos y gasto en la salud de las EPS y ARS y para la definición de la suficiencia de la UPC”. Es decir, estas empresas privadas entraron a ser las que definían cuánto dinero debía destinar el Estado para la atención de los ciudadanos.
La UPC se define según la información que suministren estas empresas sobre el volumen de usuarios que tiene cada una, la cobertura de servicios y los costos que significan. Esa información debe ser enviada individualmente por cada EPS a la Comisión de Regulación en Salud (Cres), que es la que define el monto que se les girará cada año por cada afiliado. El procedimiento correcto es que lo haga de acuerdo con el comportamiento de la salud de los colombianos afiliados a las EPS.
Así, si hay una enfermedad muy frecuente, su tratamiento debe ser incluido en el POS. Si hay algunas que no son muy normales, no ameritan estar dentro de los beneficios y su atención, que sería excepcional, se la pagaría el Fosyga a las empresas privadas.
Pero el hecho de que sean las EPS las que reciban la plata, paguen, definan de qué se enferman los colombianos y tengan que registrar rendimientos financieros las hace jueces y partes del proceso.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación a las 15 EPS más grandes del país. La idea es confirmar si estas empresas y Acemi, la agremiación que las agrupa, estaban poniéndose de acuerdo para negar servicios de salud, limitar la información suministrada al Gobierno y fijar los precios de sus servicios. En la Resolución 10958 de 2009, la Superindustria consigna mensajes de correo electrónico y actas en las que Acemi solicitaba a las EPS información al respecto, la unificaba y luego la repartía entre todas. “Este despacho encuentra que el intercambio de información estaría permitiendo a las EPS alinear el comportamiento en los procesos de autorización o negación de servicios de salud a los usuarios y unifican criterios de variación y clasificación de los costos y gastos”, dice la Superintendencia en aquel documento, por medio del cual abrió la investigación. Las conclusiones a las que preliminarmente se llegó son muy preocupantes. Para la SIC, “las EPS estarían acordando no cubrir ciertos servicios de salud” y “existe un consenso entre las EPS para no dar cobertura a los afiliados” en algunos tratamientos. De acuerdo con aquella resolución, para las EPS es conveniente unificar su información para “mantener su nivel de ingresos”. Así, hacen que el Gobierno no incluya algunos procedimientos en los planes de beneficios y las EPS puedan cobrárselos al Fosyga. Para lograrlo, también tenían que ocultar información sobre tratamientos que sí están necesitando los usuarios con frecuencia, pero que convenía más no reportarlos, para que no fueran incluidos en el POS. “Las EPS estarían suministrando información consensuada, que no guarda total correspondencia con la realidad del negocio desarrollado por cada una de ellas”, dice la Superindustria. Puede ser una simple casualidad, pero lo cierto es que las investigaciones que se adelanten para clarificar el destino de los 63 millones de dólares del Pars tocarán los aspectos más polémicos de las políticas de salud pública del presente gobierno. Se sabrá entonces si aparte de evidentes desaciertos hubo, o no, malos manejos.
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