Audiencia de garantías de DD. HH.

Mininterior revisará la situación en Sucre de los defensores de Derechos Humanos en Audiencia Territorial.
COSTA-CARIBE. Con el propósito de examinar la situación en Sucre de los defensores de Derechos Humanos y Líderes sociales, el Ministerio del Interior y Justicia realizará en esta capital la Audiencia Territorial sobre garantías para el ejercicio de la defensa de los DD. HH.
Así lo precisa dicho Ministerio que además fijó la fecha del 12 de junio del presente año para el desarrollo de la Audiencia que inicia a las 8 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, en un auditorio por definir.
Dentro de los objetivos figura el de facilitar un espacio para la construcción de confianza entre las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera busca enfatizar la importancia del tema de garantías en las regiones y la necesidad de buscar soluciones a dicha situación.
La iniciativa tiene como uno de los objetivos la creación de la mesa territorial de garantías y además lograr acuerdos para las agendas de trabajo.
Esta audiencia sobre garantías para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos requiere de una voluntad conjunta con la intervención de la Administración Departamental y de allí surgirá la formulación de propuestas, así como las acciones por desarrollar.
En desarrollo de la Audiencia de garantías asistirá el Gobernador de Sucre, además el Procurador Regional, el Defensor del Pueblo, los directores seccionales de la Fiscalía y el DAS y los comandantes de Policía Sucre y de la Primera Brigada de Infantería de Marina.
Temas centrales
Entre éstos figuran las amenazas contra los defensores de los Derechos Humanos, líderes sociales y sindicales.
Judicialización de los Defensores de Derechos Humanos, temor por panfletos dirigidos a los defensores y personas de la sociedad civil, también figuran en la agenda de la audiencia.
De igual manera se abordará el tema de los atentados, desplazamientos, desaparición forzada a defensores de Derechos Humanos.
Pronunciamientos públicos de funcionarios del Estado en contra de los defensores de Derechos Humanos, también se incluye en la agenda.