Colombia. Cuatro informes sobre víctimas, paramilitarismo y criminalidad estatal Destacado

PEDROELGRANDE · 21-10-2015 , 20:24:55

Martes, 20 Octubre 2015 17:41

Antetítulo: Movice
Autor: Allan Bolívar
País: Colombia
Región: Suramérica

Un proceso de desmovilización ficticio, la extradición de jefes paramilitares y la estigmatización de las víctimas y sus representantes, no han sido suficientes para acallar las voces de quienes proclaman la necesidad por develar las verdades sobre el conflicto armado en Colombia, las mismas que comprometen a las elites como sus artífices y promulgadoras. La persistencia de agrupaciones paramilitares que desarrollan actividades contrainsurgentes en 31 departamentos y 400 municipios del país, 168 agresiones contra dirigentes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice– desde junio del 2013 y tres asesinatos durante el 2015, son el testimonio de que persiste su voluntad de exterminio contra organizaciones sociales. Informes detallan la situación.

El 14 de octubre tuvo lugar en la Casa España, ubicada en el céntrico parque de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, el lanzamiento de cuatro publicaciones presentadas por tres organizaciones integrantes del Movice, quien a su vez representa alrededor de 200 organizaciones –organizadas a través de 22 capítulos regionales– de víctimas de la violación de los derechos humanos. La presentación tuvo lugar en el evento denominado "El desmonte de las estructuras criminales y la protección de las víctimas de crímenes de Estado: una obligación del Estado colombiano para la construcción de la paz".

Los informes "Protección de las víctimas de crímenes de Estado como un imperativo para la paz" y "Estructuras criminales al interior del Estado colombiano" fueron presentados por el Movice, mientras que el Libro "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas" y el informe "La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las victimas", fueron presentados por La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Aura Díaz, Directora Nacional de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) e integrante del Movice, fue la encargada de instalar el evento con la lectura de un comunicado que promulgaba: "Urge garantizar la protección de las víctimas y el desmonte efectivo de la criminalidad estatal para lograr una paz estable y duradera". Dicho comunicado presentado a la opinión pública puso de manifiesto la remanencia de estructuras criminales al interior del Estado y el poco e inefectivo desmonte de los grupos paramilitares que siguen ejerciendo la violencia y la victimización en amplias zonas del país.

Las constantes agresiones contra el Área de Protecciones del Movice, provenientes de grupos como Los rastrojos, Los urabeños, Aguilas negras, Amigos del pueblo, entre otras, corroboran esta hipótesis. Desde agosto del 2013 y hasta junio del presente año se han presentado 168 agresiones contra integrantes del Movice. Solo durante el primer semestre del 2015 tres de sus integrantes han sido asesinados: en enero ocurrió la desaparición forzada y posterior asesinato de Carlos Alberto Pedraza en Bogotá, el 7 de abril el líder indígena Fernando Salazar Campo fue asesinado en Caldas, y durante los últimos días de mayo se presentó el asesinato de Alex Fabian Carvajalino integrante del capítulo de Norte de Santander.

De acuerdo a los organizadores del evento, los informes fueron pensados para entender la realidad colombiana desde la mediana duración, permitiendo mirar hacía el pasado en la historia de las víctimas de la violencia estatal, así como la naturaleza mafiosa y criminal innata al Estado colombiano. Una de las grandes preguntas que plantean los informes es de manera precisa ¿cómo va desmantelarse la criminalidad estatal? Los informes también pretenden contribuir al esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la violencia, a modificar su imagen de víctima de la infiltración del paramilitarismo por la visión de un Estado que ha usado sistemáticamente el paramilitarismo como estrategia para sembrar el terror, tercerizar la guerra y auspiciar cada momento de acomodación económica del país desde mediados del siglo XX.

El informe "Estructuras criminales al interior del Estado colombiano" habla de cómo los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez impulsaron cierres simbólicos con los cuales lograron fundamentar la percepción de que los paramilitares, en efecto, se desmovilizaron y sus víctimas fueron satisfechas con la verdad, la justicia y la reparación, así como del exitoso proceso de restitución de tierras con los que están regresando las propiedades usurpadas durante el ejercicio de la violencia.

El informe llama la atención respecto a la posibilidad de que el proceso de paz no busque superar las causas sociales y políticas que dieron origen al conflicto, "[...] sino la imposición de un relato que busca legalizar el despojo, asegurar el acceso a recursos todavía no explotados y garantizar una seguridad jurídica y política para los inversionistas nacionales y extranjeros profundizando, de esta manera, las contradicciones sociales, políticas y económicas que dieron origen al conflicto armado". La evasión de la responsabilidad del Estado a través de la promulgación de una Ley de punto final para indultar a los máximos responsables de la criminalidad del Estado deja de ser procedente en el escenario de la reconciliación y de la paz.

Franklin Castañeda, miembro del Cspp fue el encargado de presentar el libro: "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas". El informe recoge algunos aprendizajes de la actividad de litigio coordinado por tres organizaciones (Cajar, Cspp, Comisión Intereclesial de justicia y Paz) sobre casos emblemáticos relacionados con el desmonte real de las estructuras paramilitares en sus dimensiones jurídicas, así como en la participación efectiva de las víctimas y la actividad investigativa que se siguió en cada uno de los nueve casos seleccionados.

Refiriéndose al libro Castañeda expresó: "Lo primero que vamos a encontrar es un análisis sobre el paramilitarismo, cuál ha sido la historia del paramilitarismo en Colombia, muchos dirán están lloviendo sobre mojado, más o menos puede ser cierto, sobre eso se ha hablado bastante, pero la razón por la cual vamos a hablar del paramilitarismo que conocíamos hasta la época de la desmovilización –entre el 2002 y el 2005– es para poder caracterizar el funcionamiento del paramilitarismo más allá de sus denominaciones y poder comparar el funcionamiento del neo paramilitarismo con lo que ha sido el paramilitarismo históricamente, y poder decir si lo que tenemos hoy es paramilitarismo o es delincuencia común, como se pretende decir".

En la segunda parte del informe se encuentra una narración sobre la actividad de litigio de las tres organizaciones, y en la tercera se encuentran las recomendaciones pertinentes al proceso de diálogo en La Habana.

El libro presentado por Castañeda documenta tres cierres simbólicos propiciados por el Estado colombiano donde el paramilitarismo fue dado por terminado. El primero de ellos se remonta al año 1989 cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965 y la Ley 84 de 1968, marco jurídico que posibilitó a los civiles ser armados y entrenados por parte de las Fuerzas Militares para acompañarlas en labores de restablecimiento del orden público. El segundo cierre simbólico ocurre en el año 1997 cuando la misma Corte declara inconstitucional a las Convivir, creadas y reglamentadas a través de decretos a finales del año 1994. El tercer cierre simbólico alude al marco jurídico para la paz creado por la ley 975 de 2002 que propició el proceso de desmovilización y reintegración de las autodefensas hasta el 2005. Aunque el paramilitarismo ha sido suprimido legalmente en estas tres oportunidades no ha dejado de existir, generando violencia y victimización en 31 departamentos y cerca de 400 municipios del país.

El libro "El desmantelamiento del paramilitarismo: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas", sostiene como hipótesis central que la recurrencia del fenómeno paramilitar, que ha pretendido ser velado con los cierres simbólicos relacionados, da cuenta de un fenómeno complejo que no ha sido correctamente interpretado. En palabras de Castañeda: "[...] un fenómeno que tiene origen en las elites, que a su vez hicieron las leyes que permitieron el funcionamiento junto al Estado (de grupos paramilitares) y que se enriquecieron coordinando sus labores con esos paramilitares. Esas elites nunca han sido tocadas en Colombia [...] mientras no se judicialice ni se ataquen claramente a las élites nacionales y regionales que financian el paramilitarismo, que son la madre real de las ideas políticas del paramilitarismo, no vamos a avanzar en un proceso de desestructuración de estas bandas. Mientras la impunidad contra el fenómeno sea generalizada en Colombia, no vamos a poder avanzar".

Una de las recomendaciones más importantes de la publicación tiene que ver con el fortalecimiento del ******o de justicia ordinaria, más allá del aparto de justicia transicional que se encargará de procesar a los guerrilleros desmovilizados. Si no se fortalece el sistema de justicia, conservará sus debilidades y seguirá favoreciendo la impunidad cuando el ******o de justicia transicional haya dejado de operar.

El tercer informe "La Protección de víctimas de crímenes de Estado como imperativo para la paz" presentado por el Movice fue realizado con el esfuerzo y apoyo de los defensores y defensoras de derechos humanos que integran la organización. En su introducción hace una reflexión sobre el momento histórico en que nace el movimiento de víctimas hacía el año 2005 y su surgimiento como reacción ante la ola de impunidad generada por la Ley 975 de 2002. El Movice Fue pensado como plataforma de lucha contra la impunidad y a favor de los derechos de las víctimas que, por entonces, se creía iba a ser muy necesario para enfrentar la nueva oleada de violencia producida por organizaciones paramilitares en recomposición producto de un proceso desmovilización ficticio. No se equivocaron.

El informe exhibe dos ejemplos concretos de la doctrina de seguridad en nuestros días: la operación estimulada, orquestada desde el DAS, para mostrar que la marcha por la dignidad de las víctimas del 6 de marzo del 2008 era organizada por la guerrilla; el segundo ejemplo corresponde a la estigmatización por parte del director de la Policía hacia los abogados del Movice, representantes legales de los estudiantes y funcionarios del Distrito capturados del 8 de julio del 2015 en la ciudad de Bogotá y señalados de pertenecer a una estructura urbana del Eln. Dos ejemplos de una política de estigmatización facilitada por el Estado colombiano que propicia, de esta manera, los señalamientos y estimagtizaciones, poniendo en riesgo la integridad física y la vida, de víctimas y defensores de derechos humanos.

El informe del Movice hace un diagnóstico de la situación humanitaria actual de sus capítulos de Valle del Cauca, Sucre, Magdalena Medio y Bogotá, de las amenazas y vulneraciones en contra de los integrantes de éste Movimiento en cada uno de estos departamentos entre los años 2013 y 2015. La situación que evidencia la publicación es alarmante porque muestra que aún prosiguen con frecuencia las desapariciones, asesinatos y amenazas en contra de los integrantes del Movice, aunadas a la manifiesta voluntad del Estado de no proporcionarles protección.

Una de las conclusiones fundamentales del informe es la siguiente: "La protección de derechos humanos en Colombia ha sido un derecho negado por el Estado colombiano. No sólo porque no ha intervenido de manera efectiva para proteger y prevenir hechos que vulneran la vida e integridad de las personas, sino también porque ha instaurado un modelo social que, desde su propia lógica, es injusto, desigual y viola sistemáticamente los derechos humanos. En ese sentido, los avances en materia de protección logrados hasta el momento han sido, principalmente, el resultado de la lucha del movimiento por los derechos humanos".

El informe finaliza con una lista de exigencias para la protección integral de los defensores de derechos humanos: protección que no se limita a la seguridad física, pues el Estado debe ser capaz –a través de todas sus instituciones (no solo la Unidad Nacional de Protección)– de impedir que se vulnere su seguridad; la protección no sebe der un negocio privado, la protección debe responder a necesidades humanas y estar guiada a superar la situación de vulnerabilidad; el modelo de protección colectiva debe ser implementado.

Danilo Rueda fue el encargado de presentar el informe "La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas". El informe integra el resultado de un trabajo coordinado por dos de las organizaciones fundadores del Movice, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En el informe se comenta: "El proyecto nació como respuesta a la extradición a los Estados Unidos de América, EEUU, en mayo del 2008 de 14 jefes paramilitares postulados de la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005, acontecimiento que generó gran preocupación en sectores de la sociedad colombiana comprometidos con la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Para el MOVICE, las extradiciones eran "otra maniobra para la impunidad" debido a que se interpretaba como una exportación de la verdad."

El informe prosigue: "Fue en este contexto que la CIJP y la CCAJAR solicitaron la colaboración de PCS para desarrollar una iniciativa que visibilizaría la situación de las víctimas afectadas por la extradición; animaría la colaboración de los paramilitares extraditados con las víctimas; e incidiría ante los dos gobiernos a favor de mayor acceso a los extraditados y mayor colaboración judicial en función del desmantelamiento de las redes y estructuras que había sostenido la actuación de los paramilitares".

Danilo Rueda comenta: "Dos miembros del Senado y la Cámara de la República, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, se dieron a la tarea de crear en el Congreso de la República, en el 2009, una comisión accidental para conocer qué había pasado un año después con la extradición de los catorce ex comandantes paramilitares. A partir de eso hubo una invitación de Piedad Córdoba al Movice para ser parte de la comisión accidental, pero esto generó una discusión interna en el Movice, [...] en el caso nuestro se pensaba que hablar con los paramilitares era legitimarlos aún en la condición de estar encerrados entre unos barrotes [...]". Con esto se propició, lo que Rueda denomina una "ruptura epistemológica" que posibilitó tener elementos de prueba judicial e histórica para comprender lo que había sucedido en el país, se abrió la puerta para la creación de informes como el presentado.

El informe presentado documenta el caso de la extradición de los jefes paramilitares hacía los Estados Unidos como un intento del Gobierno para sembrar la impunidad e impedir que se conocieran las verdades que pudieran contar estos jefes, así como los esfuerzos de las víctimas para establecer contacto directo e impulsar los mecanismos en Colombia que permitiesen que la verdad finalmente fuera conocida. En el informe se comenta: "Se ha podido observar directamente la ausencia de procedimientos para facilitar el acceso de las víctimas y sus representantes a los extraditados, en función del ejercicio de su derecho de ser sujeto procesal, rol que no se reconoce en el sistema penal estadounidense. Se ha experimentado el gran costo económico de intentar acceder a los extraditados, la incertidumbre que acompañaba cada esfuerzo, y la total falta de voluntad del Departamento de Justicia de EEUU de escuchar la posición de las víctimas colombianas, siendo la única excepción la Sección de Derechos Humanos y Judicializaciones Especiales".

Las recomendaciones que se efectúan en el documento "[...] tienen como objetivo contribuir a asegurar la garantía de no repetición para víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas en el marco del conflicto armado interno o no. En este sentido son relevantes para el contexto actual en el cual persiste el conflicto armado interno y para un futuro sin conflicto armado pero en el cual puedan persistir graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, si no se logra el desmantelamiento completo del fenómeno paramilitar o por otras causas".

Una serie importante de recomendaciones, son dirigidas a los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y a las víctimas y sus representantes, con una cita textual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su documento Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia del 26 de mayo del 2010:

"La extradición no debe "favorecer, procurar o asegurar la impunidad" [...] el Estado colombiano está obligado de "adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos [. . .] comparezcan ante la justicia".

Los informes aquí comentados, merecen la pena que todas las organizaciones sociales del país los tengan en cuenta, los estudien y compartan con sus integrantes, retomando sus lecciones y recomendaciones, para que entre el conjunto de la sociedad colombiana se obligue al Estado a que dé cuenta de los fenómenos de violencia e impunidad aquí retomados y denunciados.

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