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La línea entre la justicia y la impunidad

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La línea entre la justicia y la impunidad

El Gobierno defendió con ahínco el acuerdo logrado con las Farc en materia de justicia. Desde la otra orilla, el procurador se quejó por no conocer el acuerdo y afirmó que se busca la impunidad.



El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, en su intervención en el Congreso.

La plenaria del Senado fue el escenario en el que las diferentes fuerzas políticas cruzaron argumentos sobre los alcances del acuerdo que cerraron hace una semana el Gobierno y las Farc en La Habana, sobre los mecanismos de justicia transicional. Un debate que contó con la participación de los negociadores del Gobierno Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo, y, desde la otra orilla, el procurador Alejandro Ordóñez, quien planteó sin resquemores sus críticas. El gran ausente fue el fiscal Eduardo Montealegre, quien mantiene su posición de no asistir al Congreso.

Un debate en el que se escucharon voces de respaldo a la paz y a la posibilidad de que se logre brindando garantías a las víctimas de verdad, justicia y reparación, y las críticas de quienes consideran que este es un acuerdo que producirá impunidad para las Farc. Por eso la solicitud general de que se conozca en su totalidad el acuerdo en el tema de justicia para conocer sus implicaciones.

El procurador Ordóñez levantó la voz en contra del acuerdo, que afirmó que lo desconoce porque lo que se presentó en La Habana fue un comunicado de prensa que calificó como una caricatura. Para el procurador es necesario blindar el proceso y la única forma es que cumpla con los parámetros internacionales de justicia transicional, situación que, a su juicio, no se cumple.

“Eso no es un blindaje jurídico, es una comedia”, señaló al aseverar que una cosa es lo que dicen los negociadores sobre restricción de la libertad y otra diferente la que manifiesta Iván Márquez en su cuenta en Twitter. “Si se trata de delitos de lesa humanidad debe haber privación efectiva de la libertad” y se atrevió a decir que si va a ser investigado el expresidente Uribe por los hechos cuando no era mandatario -como lo ha propuesto el fiscal general Eduardo Montealegre-, lo mismo le puede pasar el presidente Juan Manuel Santos por los falsos positivos que se dieron cuando era ministro de Defensa. Finalizó diciendo que “no todo vale por la paz y no se puede jugar con candela”.

El senador Álvaro Uribe, entre tanto, expresó que “el fiscal está ante la obligación de decir en el recinto político por excelencia que es este, cuáles son mis acciones u omisiones que en su concepto deben llevarme al tribunal internacional por paramilitarismo”. En este punto, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, insistió en que no cambiará el juzgamiento de los presidentes, enviando un mensaje de tranquilidad al uribismo.

En su intervención, De la Calle defendió con ahínco el acuerdo con las Farc y comentó que en los puntos leídos en La Habana está empeñada la palabra del Gobierno. No obstante reconoció que hay temas que aún no han sido cerrados, “tan pronto concluyan los textos de víctimas vendremos con el documento completo y estaremos dispuestos a conocer su opinión”. Pero fue claro al explicar uno por uno los puntos del acuerdo advirtiendo que si no hay reparación y no se dice la verdad, habrá condenas ejemplares.

Sobre la “comedia” a la que se refirió el procurador, De la Calle recordó que “quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves, el Tribunal para la Paz impondrá sanciones de restricción efectiva de la libertad de a 5 a 8 años, que permitirá el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras. Esto no es una simple comedia y de lo que se trata es de lograr la paz”.

Pero más allá del optimismo generado por el preacuerdo en materia de justicia y reparación, el desconocimiento del contenido real de lo convenido entre las partes ha generado escepticismo. Por eso la senadora Viviane Morales aseguró que esto se ha convertido en una aureola gris sobre el brillo de la esperanza de paz, al pedir que se haga público para evitar que “las zorras pequeñas acaben con el viñedo”, refiriéndose a los críticos del proceso.

“Los detractores de este proceso amenazan con tribunales internacionales y es claro que no puede haber un modelo único y la solución se da de acuerdo con el contexto particular”, y que “del tamaño de la verdad que construyamos dependerá el tamaño de la paz que logremos”. Pero fue más allá, dejó sobre el tapete la participación en política de los jefes de las Farc luego que cuenten la verdad y reparen a las víctimas, porque son ellos los que tienen el liderazgo para conducir a la guerrilla por el camino de la lucha política.

La senadora de la Alianza Verde Claudia López advirtió que los procesos de paz han fracasado porque luego de la entrega de armas no llega el ******o del Estado y los espacios son ocupados por otra organización delictiva. Por eso propuso que luego de firmada la paz se invierta 1,5% del PIB en las zonas pobres y amenazadas por la violencia.

Finalmente, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que el principio fundamental es el fin del conflicto y por eso se está diseñando el mejor modelo de justicia que evite la impunidad, poniendo en el centro del debate a las víctimas. Defendió el acuerdo al señalar que es la primera vez que en el mundo se hace un ejercicio como este, en el que desde el comienzo se blinda para evitar impunidad y mantener la seguridad jurídica destacando que las Farc aceptaron ser juzgados por esta jurisdicción, “este es un paso inédito”, afirmó Jaramillo.

Argumentos de parte y parte cuyo eje central es el acuerdo sobre justicia que se logró entre el Gobierno y las Farc, y más allá de las críticas o la defensa del Gobierno y sus representantes, quedó sobre la mesa la solicitud de conocer las implicaciones de lo convenido para evitar señalamientos de impunidad que son rechazados tajantemente por los negociadores.


FUENTE: elespectador.com

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