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El informe indica que han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a casi todas las brigadas y en todas las divisiones del Ejército en ese momento, que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 y presenta evidencias para demostrar que habría sido imposible pasar estas “irregularidades” por alto. También cita órdenes de operaciones militares, autorizaciones para pagos y premios por las “bajas”, y se pregunta por qué batallones especializados en construcción de obras o que no estaban en zonas de conflicto presentaban informes de “muertos en combate”.
Tanto los “falsos positivos” como su encubrimiento, han sido parte de un patrón más amplio, y sistemático, que involucra directamente el poder del Estado para atacar a la población civil.
Aunque estamos hablando de más de 3.000 muertos, la vida sigue para quienes tendrían que hacerse responsables. HRW señala que al menos 44 de las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados ocurrieron en el periodo en el que el general retirado Mario Montoya fue comandante del Ejército Nacional. Al menos 113 ocurrieron bajo el mando de su sucesor, el general Óscar González Peña. El informe también habla de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados bajo los mandos del general Juan Pablo Rodríguez Barragán, hoy comandante general de las fuerzas Militares y militar de mayor jerarquía en Colombia, y el general Jaime Lasprilla Villamizar, hoy comandante del Ejército nacional. Estos señalamientos son aún más graves cuando el ministro de Defensa de entonces es hoy el presidente que impulsa el proceso de paz.
El informe, además, dedica un capítulo entero a los obstáculos de acceso a la justicia como represalias contra testigos (asesinato, violación sexual, intento por recluir a uno en un psiquiátrico para desacreditarlo), falta de cooperación por parte de las fuerzas militares y que “numerosos—posiblemente cientos— de casos de falsos positivos continúan en la Justicia Penal Militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad”, como señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW. El informe también cuestiona el Marco Jurídico para la Paz y advierte que si se aplica dejando en en impunidad o con una condena manifiestamente inadecuada a los altos mandos involucrados con los falsos positivos, la Corte Penal Internacional podrá investigar. Finalmente, HRW le recomienda al gobierno de EE. UU., suspender su ayuda militar hasta que Colombia cumpla los requisitos en derechos humanos.
Quizás lo más aterrador es que estas denuncias no sorprenden a nadie. Más bien llegan para confirmar las sospechas colectivas: los altos mandos militares estaban enterados, y que le cambiaban a los soldados, civiles muertos por días de salida. Hace apenas unas semanas, Gobierno y Farc dijeron en La Habana que si llegase a firmarse el proceso habrá una comisión de la verdad, “imparcial, independiente y autónoma” para “esclarecer y explicar” el conflicto colombiano. Dicha comisión, bien puede ser el eje y punto de apoyo de todo el proceso de posconflicto. No habrá justicia, reparación y garantías de no repetición hasta que en Colombia se confirmen esas verdades a gritos que pasan frente a nosotros vestidas de rumores. La verdad nos hará libres (pero, primero, acabará con nosotros).
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