Proselitismo disfrazado de humanitarismo

El Presidente ha llevado el tema de la liberación de secuestrados a un escenario al que pocos le apostaban: excluir de los procesos a aquellos que han venido adelantando proselitismo político denominado falazmente acción humanitaria:
“No vamos a permitir que la liberación de unos compatriotas, que nunca debieron estar secuestrados, que han sido torturados durante una década o más, no vamos a permitir que esa liberación se convierta en un festín politiquero del terrorismo, que por un lado tortura y arroja sangre, y por el otro lado quiere aprovecharse de los medios de comunicación para engañar a los colombianos.

Nosotros no aceptamos engaños. Este Gobierno no acepta que se adelante ahora una campaña política basada en el espectáculo inhumano de hacer politiquería con la liberación de unos secuestrados. Politiquería que hace el mismo grupo que los secuestró y los tortura.

Entonces que quede muy claro: que lo liberen. Nunca debieron secuestrarlo. Festín político en favor del terrorismo, no. Nuevos engaños, no. Que las FARC ahora nos hagan exigencias para poder ellos darles impunidad, a través de un manto humanitario, a quienes han delinquido como elementos de la ‘farcpolítica’, no lo vamos a permitir".


La decisión de dejar a los “humanitarios” por fuera de las luces mediáticas y por ende, poner en riesgo la liberación de un secuestrado resulta una apuesta arriesgada, no solo por la reacción de los negociadores y de los ciudadanos conmovidos en general, sino por el costo de la incomprensión internacional.

De un lado hay que poner en la balanza los resultados de la permisividad con los “humanitarios” y con los palurdos del monte. Básicamente se sabe que el proceso de liberación a cuentagotas responde a una estrategia para posicionar electoralmente a uno o a varios miembros de Colombianos por la paz, especialmente a la senadora Piedad Córdoba. Cada liberación, con su deplorable espectáculo mediático y político, hace que la congresista liberal suba un poco en las encuestas y de esa manera busque obtener la bendición de los votantes del liberalismo para llegar a ser su candidata oficial.

Esos repuntes dejan contentos a muchos sectores castro-chavistas que sueñan con la conquista del poder por los votos de los colombianos conmovidos, quienes gracias a la calculada saturación mediática de Piedad Córdoba, y a su posicionamiento en la mente de los electores, podían acercar a la Senadora a la Presidencia de la República.

Más simple: Piedad “compra” votos con la falacia de su lucha por la paz y por el intercambio humanitario. En este sentido, la decisión de Uribe deja a la señora Córdoba en evidencia, pues de no continuar con el proceso, quedará como una nefasta negociadora del dolor del secuestro y si prosigue, no obtendrá réditos políticos con las liberaciones. Sin embargo, las FARC se encargarán de sacar de escena a la Senadora y centrar la atención en el “obstruccionismo” presidencial frente a la buena voluntad del grupo terrorista.

De igual forma, la decisión de Uribe obedece a un cálculo político claro: no dejar que el chavismo, y sus catastróficas consecuencias, se apoderen del país y lo empujen por el desfiladero del socialismo del siglo XXI.

Pero también hay evaluaciones morales: ¿Es válido hacer proselitismo político con el sufrimiento de los secuestrados y de sus familias? ¿Es moralmente aceptable que una o varias personas se aprovechen del dolor y de la solidaridad de los colombianos para dar el zarpazo y engañar a los ciudadanos con la promesa de una paz inalcanzable en las condiciones que las FARC y sus secuaces proponen? ¿Es ético que los criminales pongan las condiciones no solo para dejar de torturar, sino también, para obtener un premio político de sus tropelías? La respuesta de Uribe a todas las preguntas fue una negativa rotunda, que compartimos aquellos que vemos la peligrosidad del proyecto “progre” en la región.

Incluso, a primera vista, el planteamiento para cuestionar la decisión del Presidente parecerá válido: otorgarle visibilidad a algunos políticos parece un costo razonable en aras de conseguir la libertad de los secuestrados. No obstante, viendo las cosas con mayor profundidad, no es razonable que por uno o por 20 secuestrados, se corra el riesgo de entregarle el poder a la representante de un proyecto expansionista, y condenar a más de 40 millones de ciudadanos a la vulnerabilidad que impone el socialismo del siglo XXI.

Además, la decisión de Uribe empantana la liberación de un secuestrado que ha permanecido en manos de las FARC durante más de 11 años. Más allá de las suspicacias por los ardides de su padre, el caminante por la paz, el hecho es que el anuncio del Presidente seguramente motivará una rápida respuesta de las FARC en la que se radicalizarán y exigirán la participación de Piedad Córdoba como condición fundamental para esa nueva liberación.

Internacionalmente no se puede pedir comprensión a la decisión del Presidente, pues además del ambiente de unanimidad simpatizante por la causa de las FARC que se apoderó de Latinoamérica, tampoco será fácil explicar que Uribe interpuso un enorme obstáculo al proceso “humanitario” de la liberación de un secuestrado.

Evidentemente el Presidente midió cuidadosamente la decisión. Incluso sabe que además de haber invertido una parte importante de su capital político, la decisión en el corto plazo le traerá consecuencias impredecibles por la presión internacional, la ciudadanía y la oposición:

“Compatriotas, firmeza. Resistimos todas las presiones. Que vengan esas presiones del país, de la comunidad internacional, de la crítica, de la oposición. Que disfracen esas presiones como quieran, pero, compatriotas, firmeza, firmeza, firmeza.”

Para el mundo será simplemente una decisión de privilegiar lo político sobre la libertad de un secuestrado y eso, con las múltiples cajas de resonancia del terrorismo, será difícil de explicar.