+ ALLÁ DE UN MANGAZO: La grieta venezolana

Escrito por Federico Vázquez*

Inflación, caída del PIB, aguda dependencia de la exportación de un commoditie... parecen los mismos síntomas de siempre. Pero estos desajustes se combinan con otros factores como la estabilidad del empleo y la persistencia de un alto gasto social, y advierten las nuevas características que reviste la crisis venezolana.

El complejo teatral Teresa Carreño es el más importante de Caracas. En su sala principal, la Ríos Reyna, en honor a un destacado violinista y director de orquesta venezolano, entran unas 2.500 personas. Como epicentro de la vida cultural, suelen desarrollarse los más importantes eventos artísticos del país y, desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999, también actos políticos de envergadura.

Desde hace unos meses, se repite una polémica al interior del teatro. Al momento de anunciar el comienzo de un espectáculo, en general de “alta cultura”, como óperas o espectáculos de danza clásica, por los altoparlantes se anuncia una bienvenida de parte del gobierno “chavista y bolivariano del Presidente Nicolás Maduro”. Desde las butacas estallan los silbidos de un previsible público opositor, a punto de disfrutar, por ejemplo, la “La Boheme” de Puccini, con dirección del virtuoso Gustavo Dudamel. Con algo menos de potencia aparece la respuesta de los asistentes chavistas, menos numerosos en este tipo de veladas. El intercambio de opiniones dura hasta que empieza el concierto.

Como a veces se olvida, el chavismo no es sólo un movimiento político de los pobres: al igual que los demás procesos posneoliberales de la región, el gobierno de Nicolás Maduro también tiene la adhesión entusiasta de sectores medios ilustrados, con gustos y pautas de consumo culturales muy parecidos al de sus vecinos de clase opositores.

El cuadro no estaría completo si no se agrega que las entradas del Teresa Carreño para asistir a una obra con despliegue escénico de decenas de músicos, actores y bailarines, se paga hasta diez veces menos de lo que cuesta un ticket de cualquier espectáculo en Caracas. La diferencia, desde ya, la aporta el fisco estatal gobernado por el chavismo y abucheado por quienes compraron la entrada a precio subsidiado.

Ese tipo de contradicciones no son una anomalía: a fines de noviembre del año pasado, el gobierno del municipio Libertador, perteneciente a la ciudad de Caracas, organizó el festival de rock al aire libre “Suena Caracas”. El cantante de una de las bandas más emblemáticas del rock venezolano, Desorden Público, abrió el show con una arenga en contra de la corrupción y cantó su nuevo tema de difusión, “Todo está muy normal”, donde con todo irónico dice: “si nos van a seguir robando al menos cámbiennos los ladrones”. Dos canales públicos, Avila TV y VTV transmitían el show. El primero fue a un corte justo cuando el cantante anunciaba la canción, pero VTV transmitió toda la actuación. Desde ya, el festival fue organizado por el gobierno municipal de Jorge Rodríguez, una de las espadas políticas más filosas del chavismo.

Estas misceláneas de la “grieta” venezolana pueden ser útiles para matizar imágenes demasiado binarias, donde la realidad del país parece acabarse en los discursos presidenciales de Nicolás Maduro y en los llamados incendiarios de algunos líderes opositores. Lo que muestran estas fricciones culturales por “debajo” es una vitalidad del debate público, una frontera social mucho más porosa entre el chavismo y el anti-chavismo y, al final de cuentas, una persistencia capilar del conflicto político que no se resume en lo superestructural, sino que sigue transpirando desde la piel de los ciudadanos comunes. Para bien o para mal, si aún existe esa polarización silvestre e identitaria, es que el conflicto político venezolano no se convirtió en una disputa sin sentido entre ******os, burocracias e injerencias externas. Lo que desató Hugo Chávez hace ya 16 años, sigue allí, irresuelto, vivo, convulsionado.

Descalabro económico y tensión política

Los últimos diez años de la economía venezolana pueden dividirse en dos etapas bien distintas. Después del descalabro que produjo el golpe de Estado de 2002 y el lock out petrolero de 2003, Venezuela tuvo un lustro de crecimiento económico alto y sostenido: entre 2004 y 2008 creció a un promedio de casi el 10% del PIB por año. Con los recursos de Pdvsa en manos del gobierno, la renta petrolera pudo ser volcada sobre el tejido social y productivo. Este tipo de crecimiento permitió una baja sensible de la pobreza y los índices de desigualdad. Fueron los años dorados de las misiones sociales en salud, educación, vivienda, etcétera.

Sin embargo, la crisis mundial desatada en 2008 alteró esa dinámica, que a la vez se combinó con los límites que encontró el modelo de distribución de la renta petrolera: en 2009 y 2010 la economía se contrajo, en 2012 y 2013, años de campañas electorales para la reelección de Chávez y luego de su muerte, la unción del liderazgo de Maduro, un nuevo brote de ascenso, en 2014, las cifras más confiables hablan de un retroceso no menor al 3 por ciento (1). Las sumas y restas arrojan un lustro de crecimiento nulo.

Con la caída estrepitosa del precio del petróleo, las perspectivas para el 2015 son complejas: una inflación alta (según el propio Banco Central de Venezuela, durante el año pasado el alza de precios superó el 60 por cieneto (2) y problemas cotidianos como el desabastecimiento de algunos productos de consumo masivo. Todo ello marca un escenario de crisis, que se suma a la tensión política que vive el país.

Las reseñas periodísticas y los análisis económicos, en algunos casos con obvias intenciones de aportar su grano de arena a la desestabilización venezolana y otras más hijas de la pereza intelectual, suelen enumerar estos problemas, como diagnóstico irrefutable del mal desempeño del gobierno bolivariano, que tendría en la sucesión de Maduro su etapa histórica de “farsa”, con su final sellado a fuego.

Sin embargo, hay que resaltar que esta “crisis” viene con muchas novedades, y se parece poco y nada a los momentos críticos que solían atravesar los países latinoamericanos, cuando las cuentas comenzaban a no cerrar.

Inflación, caída del PIB, aguda dependencia en la exportación de un commoditie, parecen los mismos síntomas de siempre, que recuerdan a, por ejemplo, los traumas de los años 80.

Sin embargo hay un dato trascendente: esas variables a la baja no son acompañadas de otras que sí se presentaban antes, como una caída en la tasa del empleo, o una pérdida acelerada de ingresos en los sectores medios y populares. Es decir, aún en un año de contracción económica evidente, como fue el 2014 venezolano, la polea distributiva basada en la renta petrolera, ya sea vía subsidios, ya sea vía empleo, ya sea vía programas sociales, siguió su curso.

De la misma manera, el desempleo en Venezuela sigue siendo muy bajo: en diciembre del año pasado tocó un mínimo de 5,5 por ciento. La inversión social del Estado alcanzó el 62 por ciento del presupuesto nacional. El equivalente al 20 por ciento del PIB del país.

Esa combinación de desajustes económicos en la inflación o el tipo de cambio, que generan distorsiones notorias como el desabastecimiento, junto a una situación laboral estable o la persistencia de un alto gasto social, advierten que la “crisis” en el ciclo posneoliberal avanzado tiene características nuevas, tanto a las de la época neoliberal, como a la de los primeros años de la gestión chavista.

Si el dato central de los años 2002-2003 fue la puja por el control de los recursos de Pdvsa, que se terminó zanjando con una victoria rotunda del gobierno bolivariano, el dato de los dos primeros años de Nicolás Maduro parece no ser ya si esa renta la maneja el Estado o el sector privado, sino cuánto de esos recursos, en buena parte en manos de la población, pueden ser efectivamente usados para comprar bienes y servicios.

Como lo explica el economista español Alfredo Serrano Mancilla: “Si al inicio el capital trasnacional disputó la apropiación de la renta petrolera en origen, luego se concentró en la renta petrolera en destino. A medida que avanzó el proceso de transformación económica de distribución del excedente reapropiado a favor de la mayoría venezolana, entonces, se pasó así de un capitalismo basado en el rentismo petrolero del siglo XX a un capitalismo basado en el rentismo importador del siglo XXI” (3).

Ese “rentismo importador” necesita, para existir, de un mercado interno creciente, con recursos para comprar bienes y servicios, aún en contextos inflacionarios.

Así, la novedad de la “crisis” en tiempos posneoliberales es que no se da por falta de plata en el bolsillo de la gente sino por deficiencias del sistema productivo y de distribución, y por una mutación del rentismo empresario que ahora busca márgenes de ganancia extraordinarios manipulando los precios y los stock de productos. Los gobiernos de Chávez y Maduro (pero se podría hacer extensivo a Brasil o Argentina, donde asoman situaciones similares) son muy efectivos a la hora de volcar recursos a sectores sociales antes marginados de las oportunidades del mercado y el consumo. El precio por hacer eso es convivir en permanente tensión con los sectores empresarios quienes, desde ya, buscan sacarse de encima la madeja de controles y decisiones del poder público.

Se trata de un problema estructural, pero por sobre todo, nuevo, para el cual no hay respuestas sencillas ni modelos probados.

Por supuesto, también existen otras explicaciones, como la del economista venezolano José Guerra, ligado a los partidos de oposición, quien en un paper de diciembre de 2014, llega a muy distintas conclusiones pero, curiosamente, a partir de reconocer la situación de cuasi pleno empleo y la inversión social del Estado: “un mercado laboral profundamente distorsionado que incentiva la indisciplina laboral y con derechos de propiedad cuestionados, el aumento del gasto nominal no podía traducirse sino en alzas de precios, como efectivamente sucedió” (4).

El presente económico de Venezuela indica que se ha llegado a un límite en cuanto a lo que se puede avanzar a partir de la recuperación estatal de una renta (en el caso de Venezuela, el petróleo). La “profundización”, en el marco del proceso bolivariano, parece ir hacia cómo construir o reconstruir un mercado de bienes y servicios, en un contexto de relativa bonanza social, sin que una parte creciente de los recursos sean reapropiados por los empresarios mediante el alza de precios o la especulación. Desde ya, la inteligencia estatal que se requiere para semejante tarea es, necesariamente, de un carácter muy distinto a la que fue suficiente para llegar hasta aquí.

El síndrome de “frustración electoral”

En sociedades como las latinoamericanas, los movilizados fueron históricamente los sectores marginados y empobrecidos, por lo que el reclamo se asocia inmediatamente con una disconformidad por los niveles de vida. ¿Sigue siendo así en Venezuela y en general en América del Sur?

Durante 2013 y 2014, tanto en Brasil como en Venezuela, sectores medios y altos urbanos ocuparon reiteradamente los espacios públicos con grandes manifestaciones, apenas días o semanas después de que las urnas confirmaron el triunfo electoral de los gobiernos progresistas.

En el caso venezolano las marchas y protestas –que luego condujeron a un conflicto callejero que arrojó 43 víctimas a mediados de 2014– se realizaron al día siguiente de conocerse el ajustadísimo triunfo de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles. En cuestión de horas, después de una campaña intensa donde la oposición venezolana, por primera vez sin Chávez en la competencia, veía acariciar la victoria, la base electoral de Capriles salió a las calles y plazas haciéndose eco de unas vaporosas acusaciones de fraude.

No basta con decir que se trata de una operación político-mediática, el problema es más grave. En Venezuela, como en el resto de los países con gobiernos progresistas, hace más de una década que un bloque social minoritario pero muy relevante, en torno a un 40 por ciento del electorado, pierde sistemáticamente las elecciones presidenciales.

Para empeorar las cosas, no se trata de un agregado social más: ese 40 por ciento es la referencia cultural e identitaria en cada uno de los países y, desde ya, donde también se encuentra la elite empresarial, comunicacional y política. El “problema” es que estos sectores se volvieron minorías electorales pero sin perder su condición hegemónica en todos los demás terrenos.

Esta dualidad conflictiva habla bien de nuestros sistemas democráticos que a lo largo de más de diez años –dieciséis en el caso de Venezuela– tuvieron la flexibilidad y resistencia necesaria para procesar semejante anomalía. ¿Cuántas democracias en el mundo logran combinar un escenario semejante? ¿En cuántos países democráticos y con libertad de expresión los intereses del gobierno no coinciden con los de la elite social y económica?

En las democracias de Estados Unidos o Europa, por ejemplo, existe una concordancia muy grande entre quienes manejan la política y quienes manejan la economía, entre quienes “gobiernan” el Estado y quienes “gobiernan” las ideas hegemónicas que circulan en la sociedad. Pero cuando esas dos cosas se separan, todo el orden social aparece tensionado. Y Venezuela, donde la democracia tiene una historia mucho menos sólida que en aquellos países del Primer Mundo, ha logrado sobrellevar esa tensión desde 1999.

En definitiva, lo que parece estar necesitando el proceso bolivariano es una actualización en cómo gestionar una economía de la cual controla sus ingresos pero no su distribución. Así como también una “gestión” de la política, donde el desafío es mantener una democracia donde la elite social es minoría electoral. El “socialismo del siglo XXI”, al menos por ahora, parece ser ni más ni menos que la forma en que los venezolanos enfrentan esas grandes preguntas.


1 “Balance preliminar 2014”, w w w . cepal.org
2 Banco Central de Venezuela, “Resultados de la economía durante el año 2014”, 30-12-14.
3 Alfredo Serrano Mancilla, “Así está el mundo (económico): especial atención a Venezuela 2015”, 2-2-15, Aporrea.org
4 José Guerra, “Balance de la economía venezolana 2014”, w w w . pensarenvenezuela.org.ve