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El recorte afecta infraestructura e inversión social, pero no toca a congresistas de la mermelada.
Después de 55 meses de mandato del presidente Juan Manuel Santos, creo haber descubierto una característica común a muchos de sus muchos funcionarios: están convencidos de que los colombianos somos pendejos. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el contrato del Fondo para la Paz (Fondepaz) con Corpovisionarios, la fundación del exalcalde Antanas Mockus, por 480 millones de pesos de los contribuyentes.
Según los documentos de Fondepaz, el contrato tiene por objeto “diseñar e implementar (...) herramientas/acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social a las conversaciones” entre el Gobierno y las Farc. Los mismos que en el 2010, en la campaña electoral entre Santos y el exalcalde, decían que Mockus estaba enfermo y sugerían algún tipo de alzhéimer lo contrataron cuatro años después como estratega para tan ambicioso proyecto.
En honroso cumplimiento del contrato –hay que ser justos–, Mockus organizó una marcha por la vida. Los uribistas –en plan opositor al que tienen derecho– la criticaron y sacaron a relucir los 480 millones pagados a Corpovisionarios. Hasta ahí, un debate sobre la validez de ese gasto y sobre si Mockus queda mal como defensor a sueldo del proceso. Pero todo empeoró cuando contratista y contratante esgrimieron el ridículo argumento de que la marcha no tiene que ver con el contrato, de que la “movilización” que está en el objeto del mismo no es la misma marcha convocada por Mockus, sino una idea que a él se le ocurrió de manera independiente. Por eso digo que nos creen bobos.
Y hay más ejemplos. El Gobierno sacó adelante en el Congreso un presupuesto desfasado de la realidad, pues se basaba en un precio del petróleo –clave para las finanzas de la Nación– que, cuando el presupuesto fue aprobado, ya iba en caída libre. En ese entonces, el equipo económico planteó una reforma tributaria para recaudar 12 billones de pesos adicionales y aseguró que buscaba así garantizar la inversión en infraestructura, vivienda social, educación y otros. Pues bien: como nos creen pendejos, ahora el Gobierno prepara un recorte de 6 billones para este año y más de 20 billones de aquí al 2018. Les pega un enorme tijeretazo a muchos programas sociales y de inversión voceados a los cuatro vientos. Eso sí –repito que nos creen bobos–, el recorte no tocará las partidas pactadas con los congresistas en el marco de la ‘mermelada’ corrupta. Y de seguro tampoco tocará contratos como el de Mockus.
Otra prueba de que nos creen atolondrados, en este caso a los habitantes de la Costa Atlántica, la han dado la Creg –comisión que regula la energía y el gas– y el Ministerio de Minas. Se pasaron muchos meses haciendo cálculos en un computador y produjeron una nueva fórmula para el precio del gas en esta zona, que culminó con un alza del 25 por ciento en la tarifa, justo cuando en el mundo los combustibles caen de precio. Eso sí, no la divulgaron debidamente hasta que medios como el diario El Heraldo y dirigentes de la región destaparon el asunto.
El Gobierno, asustado, aplazó el alza hasta marzo, pero nada que encuentra una solución. Y el alza viene porque a los costeños, sin los cuales el Presidente no habría ganado la reelección, en el Gobierno los creen bobos, como creen bobos a todos los colombianos.
* * *
Indignación. La Fiscalía está en mora de rendir cuentas sobre lo ocurrido con la espantosa masacre de cuatro niños en el Caquetá, en un lío de tierras, pues el padre de los menores había denunciado una y otra vez ante ese organismo las amenazas contra él y su familia. Hizo falta que los niños fueran vilmente asesinados para que la Fiscalía impulsara por fin las indagaciones. Qué tristeza y qué indignación.
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