Consideran que existen pruebas para que el 'hacker' continuará privado de su libertad

La polémica está servida. El tiempo y las providencias judiciales respectivas dirán quien tiene la razón, pero conociendo a Eduardo Montealegre, un brillante penalista, dudo mucho que hubiera presentando este caso ante la juez con descuido, sobre todo por su importancia. Algo raro pasó.

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Interceptaciones ilegales Fiscalía solicitará que se investigue a la jueza que ordenó la libertad de Andrés Sepúlveda Consideran que existen pruebas para que el 'hacker' continuará privado de su libertad. Por: Elespectador.com El fiscal General, Eduardo Montealegre anunció que solicitará que se investigue penalmente a la jueza 10 del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento quien en la tarde de este lunes anuló la imputación de cargos en el proceso que se adelanta por cuatro delitos a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. El jefe del ente investigador manifestó que la funcionaria judicial no tuvo en cuenta el hecho de que Sepúlveda Ardila aceptó su responsabilidad en las actividades ilegales que se adelantaban en su oficina en el norte de Bogotá en el marco del allanamiento adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía General el 6 de mayo. “De manera inexplicable la jueza consideró que la aceptación de responsabilidad realizada por el señor Sepúlveda y los documentos reservados encontrados en su poder no podían ser tenidos en cuenta como fundamento de la imputación, en clara contradicción con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal”, precisó el Fiscal General en una rueda de presenta. Igualmente aseguró que omitió gran parte de los elementos materiales probatorios que presentó la fiscal 53 delegada ante el CTI en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que permitían inferir de manera razonable que el desarrollador de software de 29 años era participe de los delitos de espionaje, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales. Manifestó además que existen 32 elementos materiales probatorios, que ya fueron legalizados por diferentes jueces de garantías, que hacen referencia a las operaciones de interceptación ilegal de correos electrónicos y líneas telefónicas de funcionarios de Gobierno y guerrilleros de las Farc relacionados con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. En este sentido citaron las bases de datos y testimonios “que dan cuenta” del seguimiento, sabotaje e interceptación de os diálogos de paz. “Videos que revelan la compra y venta de información de inteligencia a otras personas. Esas grabaciones fueron verificadas por peritos del CTI confirmándose su autenticidad y la identificación morfológica de quienes allí aparecen”.

Fuente: El Espectador