Para Pedrito - Último Tour por la Petropolis (también conocida como ciudad petrica)

Miguelito87 · 25-03-2014 , 17:03:06

Último 'tour' por Petrópolis
Detrás de ese atracador pueden ver el primero de los mil jardines infantiles que el alcalde iba a construir, a razón de cien por día.

Por: Daniel Samper Ospina

Señores y señoras, exfuncionarios y exfuncionarias de la Bogotá Humana, bienvenidos y bienvenidas al promocionado paseo turístico por lo que quedó de Petrópolis en este bus descapotable que permite al turista inhalar el aire primaveral de la Avenida Caracas y facilita la vida al hermano ladrón. Guarden sus relojes que el recorrido está por comenzar.

Iniciamos nuestra ruta turística en este bello edificio del centro donde funciona la Procuraduría de la Nación, lugar al que el alcalde de Bogotá, en un acto de tolerancia y compasión cristiana, ayudó a trepar a Alejandro Ordóñez. Justamente pueden ver al doctor Ordóñez llegando a su despacho: es aquel señor bien alimentado que sube las escaleras, vestido con capa, botas de cuero y un estandarte de la Virgen María. Noten la forma en que saca la lengua como un latigazo para deglutir a los funcionarios de izquierda que se le aproximen.

Bien. Atravesamos ahora este barrio en el que el nuevo sistema de basuras no funcionó del todo: sacúdanse las colillas del pelo, quítense las cáscaras de banano de los hombros, y observen a su izquierda a un ladronzuelo en acción. Noten sus maneras, su elegancia: es el famoso ‘caco’ bogotano. Quizá se trate de un concejal. El turista que quiera puede sacar su cámara para que tenga un recuerdo. Para que tenga un recuerdo el concejal, aclaro, porque seguramente se la rapará como si se tratara de una tajada presupuestal.

Soportamos el trancón formado por este camión que descarga en horas pico frente a Carulla, enfilamos camino hacia los talleres del 7 de agosto, donde, dada su vocación para polarizar, el alcalde solía polarizar él mismo su camioneta, y llegamos ahora a la Carrera Séptima, por donde iba a pasar el tranvía liviano o ‘Petro ligero’. Solo quedaron hechos los huecos por donde transitaría. Tómense fuerte de la manija que pasaremos por varios de ellos.

Ahora les echamos el carro a estas motocicletas que nos adelantan subiéndose por el andén peatonal, y llegamos a la Avenida Boyacá, por donde iba a pasar el ‘Petro pesado’. Nos bajaremos un rato en este barrio de invasión para que tomen fotos. Acá el alcalde solía tirar pedacitos de subsidios a sus moradores, como si fueran palomas. Era el alcalde de la paz.

Sigamos

A su derecha tienen estos lotes abandonados, llamados ‘petreros’, cuyo suelo, por disposición del nuevo POT, es de uso reservado de la perrita Bacatá, y no de ‘las mafias de la construcción’. En estos pilotes a medio hacer iba a quedar la ALO, que ya no sería una avenida longitudinal, sino un nuevo programa de Canal Capital, ALO, Alcalde, dirigido por Hollman Morris, el reportero del amor, y no por las mafias de los periodistas de la oligarquía.

Pasamos por lo que iba a ser un centro de drogadicción, donde el mismo doctor Ordóñez, adicto al poder, iba a recibir sus nuevas funciones; detrás de ese atracador pueden ver una de las casas donde se pensaba abrir el primero de los 1.000 jardines infantiles que el alcalde iba a construir a razón de 100 por día; cerramos a este deshabitado bus azul del SITP, superamos esta volqueta de Aguas Capital que está varada, y llegamos al parque de los novios, donde el exfuncionario Daniel García-Peña conoció a la exfuncionaria de su mujer, y estuvieron a punto de concebir funcionaritos detrás de aquel arbusto. También fue acá donde la primera dama del distrito, cacerola en mano, protagonizó algunas escenas de la política del amor, debido a que cuernos y verónicas ya no tenían lugar en la plaza de toros.

Aprovechamos el paso por la sede de la Registraduría para pedirle al registrador que de todos modos ejecute los dineros de la revocatoria por si Pacho Santos piensa ser alcalde, y llegamos ahora sí a la Plaza de Bolívar, el histórico lugar donde se congregó la izquierda en pleno, en la que se conoció como la Marea del Mustang suelto. Fue una gran muchedumbre, la mitad de la cual eran exsecretarios de la administración que duraron 15 días en sus puestos antes de renunciar por asuntos personales. Y es ese balcón por donde ahora se asoma la alcaldesa encargada, la perrita Bacatá, que el burgomaestre convocaba, humilde, ya no a la gente de Puentearanda o de Engativá, sino al mundo entero, para que se movilizaran en su favor en las plazas de Tahrir, de Oslo. Porque era el alcalde del mundo. (En la plaza podrán observar placas de mármol con las frases de nuestros próceres: “Las leyes os darán la libertad”: Santander; “Consolidad la unión y bajaré en paz al sepulcro”: Bolívar; “Todo fue un pecueco cálculo político”: Petro).

Por favor subamos al bus. Dejemos que pase este taxi en el que están cometiendo un paseo millonario, atravesemos esta averiada máquina tapa huecos, que será donada a la defensa de Millonarios, y regresemos de nuevo a la Procuraduría General, donde se acaba el recorrido.

Fue en este sitio en que el procurador deglutió al alcalde Petro y luego hizo la digestión por 15 años. Tómense una foto ante esta papaya de bronce, que instaló la ciudadanía a modo de lección para que los políticos aprendan a no vender sus votos; a ser coherentes. Tómense su tiempo para bajarse por la puerta de atrás, como lo hizo el alcalde. Y mil gracias por su atención.

Tyler Durden · 25-03-2014 , 17:04:50

¿Petrogrado?

PEDROELGRANDE · 25-03-2014 , 19:17:43

Fallo contra Gustavo Petro. Estado empresarial de Derecho

Autor: Uno del 28 de abril
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente

eriódico desdeabajo N°200

Las decisiones tomadas por parte del Procurador en contra de Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, no dejan duda. Asistimos al ocaso de la conceptualización de la soberanía popular, la democracia representativa, el voto programático, el mandato popular y el estado social de derecho.

Testigos indiferentes de su transgresión sepultamos la ilusión de la Constituyente del 91. Aquella que otrora representara la pluralidad de visiones a veces yuxtapuestas, incluso antagónicas, pero en todo caso con pretensiones de armonizar los diversos intereses y articular en paz los sectores sociales de la nación, entronizando en todo caso la supremacía de los derechos naturales, los mismos que con posterioridad a su reconocimiento como norma de normas, han padecido las reglamentaciones que obstruyen su ejercicio.

Ante esta innegable realidad, debe preguntarse, ¿ponderó debidamente el Consejo de Estado en la reciente decisión sobre la continuidad de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, la improcedencia de la tutela ante la existencia de otras acciones legales y, se valoró, teniendo en cuenta la morosidad de la Justicia y el rictus formal de los procesos judiciales que tornan anacrónicos los postulados del derecho y la inmediatez de la justicia? ¿se estudió la aplicabilidad, eficacia y oportunidad en tiempo real de las medidas cautelares de que trata el nuevo código administrativo?

Los interrogantes vienen al caso, porque no podemos olvidar que el Alcalde recibió un mandato popular, sobre un voto programático que le conminaba a través de un programa de gobierno a la realización de los proyectos y planes allí contemplados, bajo los preceptos ideológicos subyacentes al mismo; luego sus actuaciones administrativas, con respecto a la recuperación por parte de la administración pública distrital de la prestación de los servicios públicos y del ejercicio por si misma de las funciones administrativas, no es más que el cumplimiento de un mandato ciudadano del constituyente primario, es decir, del electorado.

Ante esta realidad estamos, claro, nadie puede con base en el ordenamiento constitucional desconocer que el señor Procurador ejerce la función disciplinaria dentro del Estado colombiano. Lo anterior, si bien le permite investigar y sancionar, no implica que en la valoración, que en todo caso siempre es subjetiva, deba también reconocer al imponer una sanción no solo la existencia de los atenuantes referidos en este caso, al cumplimiento de la voluntad popular traducida ésta en el deseo de recuperación de lo público, así como también se debía precisar que de existir la falta correspondería la sanción a la entidad que a su vez estaba encargada de la prestación del servicio público. Se observa que el rigor jurídico en la aplicación de la formalidad de la ley, que en su decir caracteriza al Procurador y exconsejero de Estado, haya desconocido que la entidad encargada por el Alcalde de la prestación del servicio público de aseo fuera la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la que a su vez es un ente descentralizado de carácter distrital que cuenta con personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Luego, de haber una falla en la prestación del servicio de aseo, sería imputable a dicha entidad y no al Alcalde que se encontraba actuando en cumplimiento de un mandato ciudadano al buscar implementar una política pública.

Se observa, además, que en principio las políticas públicas no son cuestionables por los órganos judiciales, sino la ejecutoria de las mismas en cuanto con ello se vulneren derechos contemplados en el ordenamiento. Pero al indicar en sus declaraciones que las decisiones de la administración Petro vulneraban el derecho a la libertad de empresa, se acusa y condena la política pública que buscaba recuperar para la administración pública la prestación de un servicio público.

Se destaca además que uno de los operadores privados afectados con la decisión de la administración pública, es el mismo que la actual Viceprocuradora General de la Nación Dra. Martha Castañeda Curvelo, en ese entonces Magistrada, absolvió como ponente, mediante sentencia de 7 de marzo de 2005 confirmada por el consejo de estado el 8 de julio de 2010, dentro de una acción constitucional de carácter popular que cursó desde el año 2003 en el Tribunal Administrativo del Magdalena por la posible violación a normas de protección ambiental y sanitarias con ocasión de la ubicación del denominado relleno sanitario de Palangana; el mismo que sigue operando en Santa Marta, casi que como un botadero a cielo abierto, ubicado a menos de 500 metros lineales de barrios populares construidos con antelación y al interior de un Parque Natural Distrital, que fuere sustraído parcial e inconsultamente por el concejo de Santa Marta en sesiones nocturnas, celebradas durante el curso del referido proceso judicial de carácter popular.

¿Qué pensaría el Procurador si pernoctara, si quiera una noche, expuesto a los nauseabundos olores y vectores a los que continúan condenados los vecinos del sector de Palangana? Sí destituyó a un mandatario sobre el argumento de amenazar los derechos colectivos al ambiente sano y a la salud pública, ¿por qué no ha investigado y sancionado a quienes sí vulneran dichos derechos en el ejemplo citado?

Somos conscientes que la existencia de una falla en el servicio no exime de culpa la ocurrencia de otra, así como también que el yerro en la función pública no genera derecho, pero no deja de llamar la atención que en este caso el ganador sea don William Vélez, es decir Interaseo SA ESP, y el perdedor, por su parte, sea toda la institucionalidad y esencia democrática, vertida al basurero con la desproporcionada providencia disciplinaria que desconoció el carácter ciudadano de la decisión de la administración distrital de Bogotá, liderada por Petro.

¿Cosas de la Justicia? ¿Acomodamientos con nombre propio? Se confirma así que en Colombia sólo es posible realizar un único modelo de administración pública, en el cual los bienes públicos siempre son la base de los negocios privados. Es cierto que la moribunda Constitución del 91 posibilitó y legalizó el que las organizaciones privadas prestaran no solo servicios públicos sino también el que ejercieran funciones administrativas, pero fundamentó el Estado como social de derecho, basado en la soberanía popular, la democracia representativa y el voto programático. Por tanto, quien recibe el mandato ciudadano para ejercitar una política pública no puede ser sujeto de sanción por vivenciar la esencia de la democracia al procurar cumplir con el mandato recibido, a menos que cometa actos de corrupción o faltas graves en su implementación. A quién se castiga en este caso, ¿Al elector?, ¿al mandatario?, ¿al modelo ideológico que subyace a la política pública? No obstante, aún queda valorar sí a través de la solicitud de medidas cautelares dentro de una acción de nulidad y restablecimiento, en la admisión de la demanda, puedan contemplarse, reconocerse y protegerse eficazmente, los derechos, valores e instituciones antes enunciados.

Raylan Givens · 26-03-2014 , 15:02:10

Está bueno el relato del guía...

Clark Ken · 26-03-2014 , 21:21:39

yo a Metropolis no lo cambio por nada

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25-03-2014 , 17:04:50	#2
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25-03-2014 , 19:17:43	#3
PEDROELGRANDE Denunciante Dorado Me Gusta Estadisticas Mensajes: 23.461 Me Gusta Recibidos: 9511 Me Gustas Dados: 8738 Ingreso: 06 oct 2008 Temas Nominados a TDM Temas Nominados 42 Temas Ganadores: 0 Reputacion Poder de Credibilidad: 217 Puntos: 380179	Respuesta: Para Pedrito - Último Tour por la Petropolis (también conocida como ciudad petrica) Fallo contra Gustavo Petro. Estado empresarial de Derecho Autor: Uno del 28 de abril País: Colombia Región: Suramérica Fuenteeriódico desdeabajo N°200 Las decisiones tomadas por parte del Procurador en contra de Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, no dejan duda. Asistimos al ocaso de la conceptualización de la soberanía popular, la democracia representativa, el voto programático, el mandato popular y el estado social de derecho. Testigos indiferentes de su transgresión sepultamos la ilusión de la Constituyente del 91. Aquella que otrora representara la pluralidad de visiones a veces yuxtapuestas, incluso antagónicas, pero en todo caso con pretensiones de armonizar los diversos intereses y articular en paz los sectores sociales de la nación, entronizando en todo caso la supremacía de los derechos naturales, los mismos que con posterioridad a su reconocimiento como norma de normas, han padecido las reglamentaciones que obstruyen su ejercicio. Ante esta innegable realidad, debe preguntarse, ¿ponderó debidamente el Consejo de Estado en la reciente decisión sobre la continuidad de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, la improcedencia de la tutela ante la existencia de otras acciones legales y, se valoró, teniendo en cuenta la morosidad de la Justicia y el rictus formal de los procesos judiciales que tornan anacrónicos los postulados del derecho y la inmediatez de la justicia? ¿se estudió la aplicabilidad, eficacia y oportunidad en tiempo real de las medidas cautelares de que trata el nuevo código administrativo? Los interrogantes vienen al caso, porque no podemos olvidar que el Alcalde recibió un mandato popular, sobre un voto programático que le conminaba a través de un programa de gobierno a la realización de los proyectos y planes allí contemplados, bajo los preceptos ideológicos subyacentes al mismo; luego sus actuaciones administrativas, con respecto a la recuperación por parte de la administración pública distrital de la prestación de los servicios públicos y del ejercicio por si misma de las funciones administrativas, no es más que el cumplimiento de un mandato ciudadano del constituyente primario, es decir, del electorado. Ante esta realidad estamos, claro, nadie puede con base en el ordenamiento constitucional desconocer que el señor Procurador ejerce la función disciplinaria dentro del Estado colombiano. Lo anterior, si bien le permite investigar y sancionar, no implica que en la valoración, que en todo caso siempre es subjetiva, deba también reconocer al imponer una sanción no solo la existencia de los atenuantes referidos en este caso, al cumplimiento de la voluntad popular traducida ésta en el deseo de recuperación de lo público, así como también se debía precisar que de existir la falta correspondería la sanción a la entidad que a su vez estaba encargada de la prestación del servicio público. Se observa que el rigor jurídico en la aplicación de la formalidad de la ley, que en su decir caracteriza al Procurador y exconsejero de Estado, haya desconocido que la entidad encargada por el Alcalde de la prestación del servicio público de aseo fuera la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la que a su vez es un ente descentralizado de carácter distrital que cuenta con personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Luego, de haber una falla en la prestación del servicio de aseo, sería imputable a dicha entidad y no al Alcalde que se encontraba actuando en cumplimiento de un mandato ciudadano al buscar implementar una política pública. Se observa, además, que en principio las políticas públicas no son cuestionables por los órganos judiciales, sino la ejecutoria de las mismas en cuanto con ello se vulneren derechos contemplados en el ordenamiento. Pero al indicar en sus declaraciones que las decisiones de la administración Petro vulneraban el derecho a la libertad de empresa, se acusa y condena la política pública que buscaba recuperar para la administración pública la prestación de un servicio público. Se destaca además que uno de los operadores privados afectados con la decisión de la administración pública, es el mismo que la actual Viceprocuradora General de la Nación Dra. Martha Castañeda Curvelo, en ese entonces Magistrada, absolvió como ponente, mediante sentencia de 7 de marzo de 2005 confirmada por el consejo de estado el 8 de julio de 2010, dentro de una acción constitucional de carácter popular que cursó desde el año 2003 en el Tribunal Administrativo del Magdalena por la posible violación a normas de protección ambiental y sanitarias con ocasión de la ubicación del denominado relleno sanitario de Palangana; el mismo que sigue operando en Santa Marta, casi que como un botadero a cielo abierto, ubicado a menos de 500 metros lineales de barrios populares construidos con antelación y al interior de un Parque Natural Distrital, que fuere sustraído parcial e inconsultamente por el concejo de Santa Marta en sesiones nocturnas, celebradas durante el curso del referido proceso judicial de carácter popular. ¿Qué pensaría el Procurador si pernoctara, si quiera una noche, expuesto a los nauseabundos olores y vectores a los que continúan condenados los vecinos del sector de Palangana? Sí destituyó a un mandatario sobre el argumento de amenazar los derechos colectivos al ambiente sano y a la salud pública, ¿por qué no ha investigado y sancionado a quienes sí vulneran dichos derechos en el ejemplo citado? Somos conscientes que la existencia de una falla en el servicio no exime de culpa la ocurrencia de otra, así como también que el yerro en la función pública no genera derecho, pero no deja de llamar la atención que en este caso el ganador sea don William Vélez, es decir Interaseo SA ESP, y el perdedor, por su parte, sea toda la institucionalidad y esencia democrática, vertida al basurero con la desproporcionada providencia disciplinaria que desconoció el carácter ciudadano de la decisión de la administración distrital de Bogotá, liderada por Petro. ¿Cosas de la Justicia? ¿Acomodamientos con nombre propio? Se confirma así que en Colombia sólo es posible realizar un único modelo de administración pública, en el cual los bienes públicos siempre son la base de los negocios privados. Es cierto que la moribunda Constitución del 91 posibilitó y legalizó el que las organizaciones privadas prestaran no solo servicios públicos sino también el que ejercieran funciones administrativas, pero fundamentó el Estado como social de derecho, basado en la soberanía popular, la democracia representativa y el voto programático. Por tanto, quien recibe el mandato ciudadano para ejercitar una política pública no puede ser sujeto de sanción por vivenciar la esencia de la democracia al procurar cumplir con el mandato recibido, a menos que cometa actos de corrupción o faltas graves en su implementación. A quién se castiga en este caso, ¿Al elector?, ¿al mandatario?, ¿al modelo ideológico que subyace a la política pública? No obstante, aún queda valorar sí a través de la solicitud de medidas cautelares dentro de una acción de nulidad y restablecimiento, en la admisión de la demanda, puedan contemplarse, reconocerse y protegerse eficazmente, los derechos, valores e instituciones antes enunciados. __________________ Última edición por PEDROELGRANDE; 25-03-2014 a las 19:31:53

26-03-2014 , 15:02:10	#4
Raylan Givens Denunciante Bronce Me Gusta Estadisticas Mensajes: 14.810 Me Gusta Recibidos: 17901 Me Gustas Dados: 6911 Ingreso: 11 mar 2008 Temas Nominados a TDM Temas Nominados 126 Temas Ganadores: 0 Reputacion Poder de Credibilidad: 420 Puntos: 793488 Premios Recibidos Total De Premios: 6	Respuesta: Para Pedrito - Último Tour por la Petropolis (también conocida como ciudad petrica) Está bueno el relato del guía... __________________

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