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En los tiempos que corren, con el auge del terrorismo y de los grupos criminales transnacionales, las amenazas y riesgos a la defensa y la seguridad se vuelven especialmente complejos cuando gobiernos extranjeros apoyan o dan refugio a delincuentes nacionales.
Colombia ha sido víctima desde hace al menos cincuenta años de tales confabulaciones. Desde los sesenta, Cuba alentó y armó movimientos subversivos, en un esfuerzo fallido de internacionalización de la revolución. Mucha sangre colombiana ha corrido por cuenta de los Castro. En este siglo fueron Ecuador y Venezuela quienes han permitido la utilización de sus territorios como retaguardia estratégica de las guerrillas. Y no ha sido a sus espaldas. El prontuario de las relaciones del chavismo con las Farc es extensísimo y es el motivo por el cual no es posible neutralizar a Timochenko, su máximo cabecilla que, con el silencio aquiescente del presidente Santos, goza de las mieles de su estancia en territorio venezolano. Y hay pruebas del apoyo de ministros del más alto rango de Correa, que incluso se reunieron con "Raúl Reyes" en los campamentos que tenía en Ecuador.
Fue por la certeza de que el gobierno ecuatoriano mantenía relaciones con las Farc y permitía la presencia de Reyes en su territorio, que se ejecutó en marzo de 2008 la operación Fénix, con el resultado de la muerte del jefe guerrillero. Hay en el derecho internacional público argumentos suficientes para defender la legalidad de esa operación. Y en Colombia, salvo la izquierda, nadie duda de su conveniencia.
Ahora, sin embargo, el Ministerio de Justicia de Ecuador nos comunica que este viernes transfirió a la familia de Franklin Aisalla, un ecuatoriano que murió en el campamento guerrillero durante la operación, una indemnización recibida del gobierno colombiano. Desde este lado el silencio ha sido absoluto. Ni la Casa de Nariño ni el Ministerio de Relaciones Exteriores dicen esta boca es mía. Sabíamos del acuerdo entre los dos países sobre fumigación de narcocultivos en la frontera, otra bajada de pantalones de la Cancillería colombiana, pero no de este pacto secreto. Hay preguntas que es indispensable formular:
¿Cuál fue el título en virtud del cual se pagó tal "indemnización"? ¿Acaso reconoció Colombia responsabilidad internacional por la operación Fénix y esa es la fuente para pagar? ¿Si la operación fue legítima, cómo se fundamentaría semejante reconocimiento? Y si no hubo tal reconocimiento, cómo se justifica el pago? ¿En todo caso, no había pruebas fehacientes de que Aisalla colaboraba con las Farc, incluso de que hacía parte de ese grupo guerrillero? Y si fuese un civil, ¿no siguen los civiles que están en un objetivo militar la suerte de dicho objetivo? ¿A cuánto haciendo el pago? ¿Hubo contraprestación a cambio? ¿Cuál fue? ¿Tal vez que cesara el juicio contra Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en la época de la operación Fénix? ¿Efectivamente terminó ese juicio? ¿Y los que se adelantaban contra el presidente Uribe y contra los comandantes de fuerza, siguen? ¿O será posible que el único beneficiado con el acuerdo sea Santos? ¿Colombia va a "indemnizar" también a los "estudiantes" mexicanos que estaban en el campamento de las Farc en el momento de la operación? ¿Tolerar el intento de secuestro por parte de la inteligencia policial ecuatoriana de Fernando Balda, el excongresista y abogado que fuera defensor de oficio de Santos en el proceso de Sucumbíos y se encontraba exilado en Colombia, fue parte de este acuerdo secreto con Correa? ¿Por qué no ha pasado absolutamente nada con la investigación de ese delito por parte de la Fiscalía? ¿Son ciertas las denuncias de que la Cancillería colombiana le tendió una celada a Balda para, fallido el intento de secuestro, deportarlo a Ecuador? Balda fue deportado. ¿Cumplió esa deportación las condiciones de la ley?
Muchas dudas sin respuesta. Apuesto por un silencio clamoroso de la Canciller. Y, por supuesto, del Presidente.
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