La hora de las garantías

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de buscar la reelección lo ubica en una coyuntura nunca antes dada en la historia del país. Es el primer mandatario que tiene la posibilidad de presentar su nombre para que los ciudadanos decidan si continúa en la Casa de Nariño, sin tener la necesidad de realizar reformas constitucionales o legales para su postulación. Sin embargo, existe una norma que busca evitar que la figura del presidente - candidato genere una falta de equilibrio en la contienda electoral: la Ley de Garantías.
Fue tramitada al calor de la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, en 2005, y aunque sus detractores plantearon en ese momento que no era una herramienta adecuada para equilibrar las ventajas que representaba el que un mandatario en ejercicio fuera simultáneamente candidato a la reelección, la ley fue aprobada y, por esos avatares que se dan en la arena política, ocho años después, es Santos quien tiene que enfrentar las restricciones y Uribe, desde la orilla de la oposición, tratar de derrotarlo.
Más allá del debate sobre si la Ley de Garantías es una herramienta suficiente para reducir la ventaja que puede tener Santos en la campaña electoral, desde que oficializó su intención de buscar la reelección se puso sobre el tapete la necesidad de implementar la norma y, si resultaba necesario, hacerlo de forma inmediata o hasta el 25 de noviembre —seis meses antes de la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia—, como señala la Ley de Garantías.
La respuesta la dio el procurador Alejandro Ordóñez: “los limites señalados en la ley se activan el 25 de noviembre en limitaciones de contratación, en materia de inauguración de obras, como el manejo de la nómina”. El jefe del Ministerio Público explicó que la norma “establece restricciones relacionadas con decisiones de carácter administrativo y respecto al comportamiento del presidente - candidato”.
Aunque Ordóñez dio unos días más a Santos y su equipo de gobierno para participar en eventos públicos, hizo una advertencia: “La Procuraduría estará atenta a hacer cumplir la ley en aras de dar transparencia a todos los ciudadanos que decidan someter su nombre al escrutinio popular. La Dra. María Eugenia Carreño (procuradora delegada) está al frente de la conducta de los servidores públicos. Son controles que irán al lomo de los acontecimientos”.
Advertencia que no es de poca monta. En sus fallos sobre temas de participación en política, la Procuraduría ha sido contundente. El exalcalde de Medellín Alonso Salazar fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años, al considerar que por unas declaraciones dadas en su momento al periódico El Colombiano influyó en el proceso electoral.
De igual forma sucedió con el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien había organizado una reunión con 21 alcaldes, a la que asistió el exministro y entonces precandidato a la Presidencia Andrés Felipe Arias. La destitución e inhabilidad determinada por la Procuraduría fue por 10 años.
Las restricciones para Santos son, en síntesis (ver infografía), evitar que el músculo económico, contractual y publicitario que puede generar su condición de candidato-presidente se vea reflejado en la campaña electoral, que con el anuncio reeleccionistas prendió motores.
EL ESPECTADOR