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El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, saluda al integrante de las Farc Luis Alberto Albán, alias ‘Marco León Calarcá’. / EFE Hace exactamente un año, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc se sentaron a dialogar en La Habana (Cuba) para comenzar a buscar puntos de entendimiento hacia un acuerdo para ponerle fin al conflicto que desde hace cerca de 50 años desangra al país y la construcción de una paz estable y duradera. Conversaciones directas e ininterrumpidas, decía el documento oficial dado a conocer por las partes, en el que se detallaban los cinco temas claves para lograr el objetivo de la paz: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Con muchos altibajos y un escepticisimo creciente en la opinión pública nacional, Gobierno y guerrilla han logrado hasta el momento ponerse de acuerdo en los dos primeros puntos de la agenda: lo agrario y la participación política, para los analistas, causas fundamentales de la guerra. Los alcances reales de lo pactado en dichos asuntos no se ha dado a conocer en su totalidad y en lo que sí se ha insistido —al menos por parte del Gobierno— es en que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, con la advertencia de que en la medida en que avance la discusión, la puerta sigue abierta para hacer ajustes y complementar dichos temas. Ahora, lo que sí está claro hasta ahora es que, más allá de lo que se convenga, el futuro de la paz está en el cumplimiento de los compromisos. Y en materia de participación política, aún es mucho el camino por recorrer para hacer realidad lo convenido: garantías para la oposición, acceso a medios de comunicación, impulso a los mecanismos de participación ciudadana, transparencia en los procesos electorales, creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, enfoque de género, garantías para la movilización social y seguridad para el ejercicio de la política. Una lista que necesariamente obliga a pensar en tres caminos: otra reforma política, un nuevo Código Electoral y estatuto de la oposición. Mejor dicho, en tiempos de paz resulta obligatorio, y así se ha planteado en la mesa de negociación en Cuba, tener reglas ciertas para los procesos electorales. Porque además del tema de la concentración de la tierra, el otro factor que ha marcado la historia política de Colombia y desencadenado en violencia tiene que ver con la falta de garantías y la forma como se ha repartido el poder. Un argumento que siempre ha esgrimido la guerrilla y que el Gobierno ha reconocido. Por eso, según supo El Espectador, una de las prioridades una vez se firme el acuerdo de paz será la reforma al obsoleto Código Electoral actual, que data de hace casi 30 años. ¿Qué se buscaría resolver con ese nuevo código? Los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición en temas como el umbral electoral, encuestas, financiación de campañas, derecho a réplica, creación de tribunales de garantías, acceso a medios de comunicación y al canal institucional, equilibrio informativo y hasta sanciones a medios. En materia de mecánica electoral, se abordarían las consultas de los partidos, los estímulos a electores, la instalación de mesas de votación, medidas de transparencia en zonas de mayor riesgo histórico de fraude, procedimientos de escrutinio y custodia de documentos electorales. En concreto, medidas que les pueden garantizar a las Farc —en caso de hacer el tránsito a partido político— confianza en el sistema. El senador liberal Juan Manuel Galán fue coautor y ponente del proyecto de reforma al Código Electoral que se intentó tramitar recientemente en el Congreso, pero que fue retirado pues para el Gobierno no era conveniente cambiar las reglas de juego en la antesala de unos comicios al Congreso y a la Presidencia. En su concepto, el grueso de los compromisos adquiridos en La Habana se pueden solucionar con esta norma. “Si las Farc han combatido al Estado, es porque no creen en él y, por ende, no creen en las elecciones y por eso piden reglas claras en el debate electoral. Para eso hay que reducir los espacios normativos que permiten los fraudes. Las elecciones son la institución democrática por excelencia y por eso hay que garantizar la transparencia”, dice. En lo que sí no se puede meter el Código Electoral es en la implementación de las llamadas circunscripciones transitorias especiales de paz. Y según un reciente informe de la Misión de Observación Electoral, su creación tiene dos caminos nada expeditos: vía referendo, lo que implica someter a consideración ciudadana todo el texto normativo de esta nueva figura de representación política —con la aprobación de una ley en el Congreso y examen de la Corte Constitucional— o vía acto legislativo, tramitado también en el Congreso, que se demoraría al menos un año, es decir, dos períodos legislativos. En ambos casos, una vez aprobada la eventual reforma constitucional, es necesario tramitar una ley estatutaria que reglamente el funcionamiento de dichas circunscripciones de paz. Un año después de haberse iniciado las conversaciones con las Farc, las encuestas muestran que la mayoría del país se inclina por una salida negociada al conflicto, aunque al mismo tiempo no está muy convencida de hacerles grandes concesiones en materia de participación en política y mucho menos en asuntos judiciales. Informaciones extraoficiales anuncian que entre hoy y mañana el presidente Juan Manuel Santos se dirigirá a los colombianos para entregarles un balance del camino transitado en este último año y, dicen en voz baja, posiblemente para anunciar su decisión de buscar la reelección, enarbolando la bandera de la paz. Por algo su discurso en las últimas semanas se ha concentrado en dos premisas: que la paz es de todos los colombianos y no sólo de Santos, y que necesita de la ayuda del pueblo para seguir perseverando en su búsqueda. Bien se podría decir: más claro no canta un gallo. el espectador
A pesar del escepticismo, ayudado por la soberbia y estupidez de los dirigentes guerrilleros ante los micrófonos, el proceso avanza y el pesimismo reinante de hace unas semanas se cambia por optimismo moderado.
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Los compromisos de la paz
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El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, saluda al integrante de las Farc Luis Alberto Albán, alias ‘Marco León Calarcá’. / EFE Hace exactamente un año, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc se sentaron a dialogar en La Habana (Cuba) para comenzar a buscar puntos de entendimiento hacia un acuerdo para ponerle fin al conflicto que desde hace cerca de 50 años desangra al país y la construcción de una paz estable y duradera. Conversaciones directas e ininterrumpidas, decía el documento oficial dado a conocer por las partes, en el que se detallaban los cinco temas claves para lograr el objetivo de la paz: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas.
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