Los tentáculos del Consejo de la Judicatura

INDIVIDUAL · 03-11-2013 , 09:06:53

De izquierda a derecha: María Mercedes López, Pedro Sanabria, Henry Villarraga, Julia Emma Garzón, Ovidio Claros y Angelino Lizcano.

Foto: Archivo particular

En febrero de 2009 se destapó el carrusel de las pensiones en las altas cortes. Y quedaron contra la pared, entre otros, los magistrados Henry Villarraga, Angelino Lizcano y Julia Emma Garzón, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy, casi cinco años después, el escán

dalo sigue en la impunidad.

Pero no porque ninguna autoridad le haya querido meter el diente. Al contrario, quienes se han empeñado en desentrañar el caso, como la contralora Sandra Morelli y la fiscal delegada ante la Corte, Martha Lucía Zamora, han sido víctimas de toda suerte de artimañas que hasta hace pocos días las tenían con las manos atadas.

En el caso de Zamora, el propio Henry Villarraga decidió abrirle una investigación y de esa manera la inhabilitó para seguir en sus pesquisas contra él. Y en el caso de la contralora, en medio de varios rifirrafes el caso terminó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es territorio amigo de la Judicatura.

Sin embargo, la semana pasada, los de la Judicatura sufrieron un revés: la Corte Suprema en pleno ratificó que la contralora podía investigar a los magistrados y el caso volvió a esa dependencia. “Venga por las cajas que ahí están, no las hemos ni destapado”, le dijo un vocero de la Comisión de Acusaciones a los responsables del caso en la Contraloría. ¿Cuándo las pensaban destapar?

El escándalo del carrusel de los magistrados no es de poca monta. Como lo denunció SEMANA en ese momento los magistrados les dieron ‘palomitas’ como auxiliares a cerca de 90 personas y por lo menos la mitad de ellas se podrá jubilar con pensiones de hasta 13 millones de pesos a pesar de que sus salarios antes, como jueces, apenas si llegaban a los 4 millones.

¿A cambio de qué daban esas palomitas? ¿Es cierto que una juez le pagó a un magistrado con una casa en Cauca, como le dijo un investigador a esta revista? ¿O es cierto, como dice otro magistrado que conoció de primera mano el caso, que uno de sus compañeros recibió 300 millones por otra de las palomitas?

Lo cierto es que hoy los magistrados siguen como si nada y quienes han tratado de investigarlos no solo se han visto en calzas prietas sino que están teniendo que responder a procesos que les abrió la misma Judicatura o la Comisión de Acusaciones.

Ese ejemplo del carrusel de las pensiones muestra hasta dónde ha llegado el poder de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. En teoría, esta Sala es la suprema autoridad de jueces y fiscales. Pero en la práctica, es vox pópuli en el gremio judicial que se ha convertido en todo lo contrario: una especie de foco de malas prácticas que irradia desde la cúspide de la pirámide de la Justicia hasta la base.

En muchos de los casos que allí se resuelven terminan ganando, por decirlo de manera simple, los malos. Y es que esta Corte, que por su origen político solo debía encargarse de investigar en lo disciplinario a abogados, fiscales, jueces y otros funcionarios de la rama, de un momento a otro comenzó también a resolver tutelas. ¿Qué hace Angelino Lizcano, un hombre que fue secretario de la Cámara por más de 15 años, dando cátedra constitucional?

El caso más reciente fue el polémico fallo de la magistrada María Mercedes López que vía tutela dejó sin efecto una condena de 24 años de cárcel contra el zar de los taxis de Medellín. Pero como ese hay muchos otros. Ovidio Claros, por ejemplo, le concedió libertad por hábeas corpus al excongresista Miguel de la Espriella. A pesar de que un juez se la había negado. Angelino Lizcano fue más lejos, y por tutela tumbó un fallo de la Corte Suprema y le devolvió así el cargo de alcalde a un político de Caquetá cercano a él.

Ese poder, además, a veces lo ponen al servicio de sus propias causas. Como en el caso de la investigación que le abrieron a la fiscal Martha Lucía Zamora. En otro caso similar, el magistrado Henry Villarraga presentó cuatro veces a la sala una propuesta para destituir al también fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, quien curiosamente estaba investigando al registrador Carlos Ariel Sánchez. En ese entonces los magistrados Jorge Armando Otálora y Ovidio Claros se opusieron una y otra vez a las intenciones de Villarraga.

Y lo peor es que los magistrados de la Sala Disciplinaria todos los días ensanchan su poder. Ellos son los encargados de nombrar magistrados provisionales en todas las seccionales del país, mientras se llenan los cargos que quedan vacíos. Y también aprovechan cada vez que pueden para nombrar funcionarios de descongestión.

“El doctor Villarraga nos solicitó la creación de 1.006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a 150.000 millones de pesos anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado, razón por la cual se los negamos, y es lo que al parecer lo tiene molesto”, dijo hace unos meses el magistrado Néstor Correa, de la Sala Administrativa.

Varias personas cercanas a esa sala disciplinaria le contaron a SEMANA cómo llenan las vacantes. “La magistrada María Mercedes López con una libretica en mano hacía las veces de notaría e iba anotando a quién le correspondía el turno de poner magistrado seccional. No importaba la hoja de vida sino cumplir rigurosamente la cuota de cada magistrado”, explican.

Uno de esos magistrados provisionales que nombraron es motivo hoy de preocupación entre togados de gran experiencia en la rama. Se trata de Robinson Sanabria Baracaldo, que había sido nombrado como magistrado en provisionalidad como cuota de Angelino Lizcano. Lo que llama la atención es que ahora, y desde febrero pasado, es nada más y nada menos que el jefe de la Unidad Nacional de Investigaciones contra funcionarios de la rama judicial.

Es decir, se encarga de las investigaciones penales contra jueces y fiscales del país. Y como si eso fuera poco, su mano derecha en la unidad es el sobrino de Angelino Lizcano, el investigador Gonzalo Lizcano.

Sanabria no negó conocer a Lizcano y le dijo a SEMANA que el sobrino es solo un investigador más y que llegó allí por coincidencia. Pero otra cosa piensan quienes lo conocieron en la seccional de la Judicatura en Bogotá.

La presidente de la Sala Administrativa, en agosto pasado, le envió a sus superiores un registro en el que aparecen 123 denuncias que han interpuesto los jueces de ejecución de penas de Bogotá por posibles delitos (como pérdida de procesos, fuga de presos e irregularidades en la radicación y el reparto de casos) ocurridos en sus despachos en los cuales podrían estar involucrados funcionarios judiciales. En otras palabras, 123 posibles nuevos carruseles de Paloquemao.

Ese informe es importante porque en el consejo seccional temen que la tarea del fiscal Robinson Sanabria en la Fiscalía sea reproducir algunas de las prácticas de Lizcano y termine haciéndose un manejo selectivo de las investigaciones de los funcionarios judiciales.

Sanabria dice que él no es cuota de Lizcano y que se ganó su cargo de magistrado porque mostró sus calidades como conjuez del Consejo Superior. Pero más allá de quién lo puso, los resultados de su unidad no son significativos. Uno de los casos más sonoros, el del carrusel de Paloquemao, salió adelante porque un extraditado colombiano contó, en una Corte de Estados Unidos, cómo pagaba sobornos a jueces en Bogotá y el gobierno de ese país puso agentes para sacar adelante el caso.

Volviendo a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, los cargos que tiene a su disposición al parecer también los utilizan para aceitar sus cuotas políticas, en particular con la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Uno de los magistrados que se benefició con el carrusel de pensiones le contó a la Fiscalía: “Yo asumí el cargo y a los tres meses recibí una llamada de una de mis superiores para pedirme que presentara la renuncia porque yo no tenía el apoyo de un congresista de la Comisión de Acusaciones”.

No es extraño que a Gonzalo Pinzón, secretario de esa Comisión, le hayan contabilizado 50 entradas al Palacio de Justicia en 2011. ¿Podrán tener una investigación justa en la Comisión de Acusaciones personas como el magistrado Néstor Correa que fue denunciado por los magistrados de la Sala Disciplinaria? ¿O habrá alguna posibilidad de que esa Comisión abra la caja del expediente de Henry Villarraga, Angelino Lizcano o Julia Emma Garzón por el carrusel de pensiones para investigarlos?

A eso se le suma que ese modus operandi se reproduce en otras escalas de la pirámide judicial. Hace poco el Consejo de la Judicatura seccional de Bogotá decidió trasladar a un juez encargado de los casos del desfalco de Foncolpuertos.

El juez 15, Luis Gonzalo Ardila, se arropó en el argumento de que había sido magistrado auxiliar de Henry Villarraga y no hubo poder humano que lo moviera.

No es extraño que el magistrado Villarraga, a pesar del escándalo del que fue protagonista la semana pasada, no haya decidido renunciar. Sabe que por fuera de ese poder puede ser más difícil para él ‘defenderse’.

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