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No hubo diálogo entre Distrito y militares
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El Distrito ha denunciado que camiones del Ejército reclutan “irregularmente” / Archivo Cinco meses completa la administración de Gustavo Petro hablando del servicio militar obligatorio. Las críticas a los métodos de reclutamiento y la promoción del derecho a la objeción de conciencia han provocado una fuerte discusión entre la Secretaría de Gobierno y las Fuerzas Militares. Ayer, ambas instituciones tenían una oportunidad para resolver las diferencias. Sin embargo, no fue posible que se instalara la mesa de trabajo para establecer un protocolo de reclutamiento. Desde el pasado miércoles, Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Gobierno, advirtió que, de no haber éxito en la reunión, el Distrito demandaría internacionalmente al Estado colombiano por no garantizar el derecho a la objeción de conciencia y por “prácticas irregulares” en el reclutamiento. Según el funcionario, su oficina ha remitido a organismos judiciales y de control cerca de 70 denuncias sobre reclutamientos “forzados” o “irregulares”. Precisamente, Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, le dijo a este diario que uno de los objetivos de la reunión era verificar cada uno de los casos que han sido remitidos por esa dirección a Procuraduría, Personería, Fiscalía y Personería Distrital. Según el funcionario, en su mayoría las denuncias tienen que ver con jóvenes que fueron sorprendidos sin libreta militar en “batidas” o que, a pesar de haber expresado su objeción de conciencia frente al servicio militar, fueron reclutados. Finalmente, al evento, organizado por la Dirección de Derechos Humanos y las organizaciones sociales de objetores de conciencia, asistieron ONG internacionales, Naciones Unidas, delegados del gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo, Así como la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional, que había manifestado su interés en zanjar de una vez por todas la discusión. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir el plan de trabajo, los representantes castrenses se pararon de la mesa. Según varios asistentes a la reunión, la razón de la retirada de los asesores jurídicos de la Dirección de Reclutamiento fue que no podían comenzar a trabajar sin el consentimiento expreso del Ministerio de Defensa para negociar los protocolos. Incluso sostuvieron que era necesario que el alcalde Gustavo Petro y el ministro Juan Carlos Pinzón emitieran la directriz para comenzar la negociación. Además pidieron la asistencia de la Fuerza Aérea y la Armada, que también tienen funciones de reclutamiento. Si bien en el encuentro estuvo la oficina de derechos humanos del Ministerio de Defensa, abierta a iniciar el diálogo, el principal problema para echar a andar la negociación, según fuentes militares y de la administración distrital, es la diferencia en las interpretaciones de las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben las “batidas” y validan la objeción de conciencia. Mientras los uniformados consideran que sus procedimientos están apegados a la legalidad, el Distrito afirma que en el reclutamiento se está desconociendo la Constitución. Julián Ovalle, de la Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, le confirmó a este diario que la mesa para definir un protocolo y mecanismos de verificación de reclutamiento y para la aplicación de la objeción de conciencia funcionará a partir de enero de 2014. Mientras tanto, la Dirección de Reclutamiento y los gobiernos nacional y distrital tendrán un comité preparatorio para esa mesa de trabajo. Pero mientras no haya nada firmado no habrá cambios en los métodos de reclutamiento y el Distrito seguirá recibiendo denuncias sobre supuestas irregularidades en la incorporación. [email protected]
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