Río Bogotá:Estudian la posibilidad de sustraer 64.000 hectáreas de la Reserva de la Cuenca Alta

PEDROELGRANDE · 11-08-2013 , 08:31:16

Una solución con reserva

Por: Verónica Téllez Oliveros y Juan Camilo Maldonado

El 81% del área total del municipio de Subachoque hace parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. / Archivo - El Espectador

Los planes de construcción de cerca de 10.000 viviendas en el municipio de Chía, entre los que se encuentra el ambicioso proyecto del empresario Pedro Gómez, Encenillos de Sindamanoy, que incluye enormes casas, lagos, pesebreras, zona de camping, granja y cuatro canchas de tenis, están en vilo por cuenta de la que quizá es la zona de conservación más generosa del país. Se trata de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, que luego de haber sido decretada en 1976, permaneció en el olvido durante 34 años por parte de las autoridades nacionales, que en los próximos días deberán resolver su futuro.
Una incertidumbre similar vivió la capital en 2011 por cuenta de la Operación Nuevo Usme, que pretendía expandir la ciudad ampliando la oferta de Vivienda de Interés Social para los más pobres. La capital desistió de incluir este proyecto en su modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, pero en cambio municipios como La Calera y Subachoque aún están a la espera de saber si podrán continuar creciendo o sembrando productos como papa y hortalizas, que son los de mayor producción en el departamento.
Sus inquietudes comenzaron en octubre de 2011, cuando 44 municipios del departamento recibieron de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la orden de frenar la expedición de licencias de construcción y disminuir las actividades agrícolas en las zonas de protección de la Reserva, 245.147 hectáreas en total.
Los alcaldes municipales y los cerca de dos millones de campesinos que viven de los cultivos o la producción ganadera reaccionaron indignados. Consideraron absurdo que luego de 34 años “el Ministerio de Ambiente y la CAR se acordaran de implementar una resolución”, como lo dijo en su momento el personero de Subachoque, Diego Rocha.
Ante las evidentes complicaciones para los 44 municipios y nueve millones de habitantes, el Gobierno decidió ordenar un proceso para redefinir los límites de la Reserva y saber en realidad cuáles son las zonas que hoy merecen continuar bajo protección y cuáles pueden tener un uso diferente ante los cambios que pueden haber tenido por el avance de actividades como la agricultura, la ganadería, la minería o la construcción.
El Espectador tuvo acceso al borrador del documento final que en los próximos días presentará al Ministerio, la CAR y Corpoguavio el Instituto Alexander Von Humboldt, en el que identificará el estado de la zona y el camino más recomendable para que la reserva sea una realidad. Este diario también conoció las reuniones de alto nivel que en los últimos días se realizaron entre Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente; Brigitte Baptiste, directora del Instituto, y Alfred Ballesteros, director de la Corporación, en las que se discutió una de las principales soluciones al entuerto en el que hoy están las entidades del país.
Uno de los escenarios que han tenido eco es el que contempla que un 56,7% de las 245.147 hectáreas contempladas inicialmente se mantendrían bajo las mismas condiciones de reserva forestal protectora productora y serían preservadas o restauradas, mientras que un 26,3% del área total sería eliminado y recibiría un uso sostenible donde podría haber actividades agrícolas o de construcción, por ejemplo, dependiendo del caso de cada municipio. El 16,9%restante se extrae de la reserva pues ya está protegido por la Nación, el departamento o el Distrito.
Definir si este es el camino que más les conviene al departamento y a sus 9 millones de habitantes será una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar Uribe. El jefe de esta cartera no se comprometió con la propuesta, pero le dijo a El Espectador que aunque los alcaldes están interesados por saber qué porcentaje de reserva les quedará para su uso productivo, “hay que generar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible”.
Precisamente la inquietud de los alcaldes al tener frenados sus proyectos de construcción y no saber exactamente cómo aplicar la norma en el tema agropecuario llevó a los más afectados a exigir al Gobierno una pronta solución o medidas mediante las cuales sus municipios pudieran subsistir económicamente mientras la entidad determinaba las nuevas condiciones de la reserva, pues tan sólo en el caso de Subachoque, 1.000 habitantes dependen de la construcción, como explicó Ómar Salamanca, el alcalde.
En un primer momento, la presión de los alcaldes rindió frutos parciales y en junio de 2012 el Ministerio expidió la resolución 755, que por lo menos permitió a los municipios únicamente “expedir licencias de construcción de vivienda unifamiliar rural aislada”. Sin embargo, aunque con esto se resolvía un problema para los campesinos, no se resolvían las trabas mayores que la aparición de la reserva les representó a los constructores y urbanizadores de grandes proyectos, ya fuesen éstos viviendas de clase alta o viviendas de interés social. Tampoco les solucionaba a los alcaldes el desafío de satisfacer la creciente demanda de viviendas para sus habitantes.
Las dificultades de la redelimitación
Dado que el problema continúa y que la resolución no resolvió los líos en los municipios, el Gobierno tendrá que tomar una rápida decisión. Y tendrá que hacerlo con la alternativa más favorable que resulte del diagnóstico que en julio de 2012 comenzó a realizar el Von Humboldt. Pero lo único claro de este camino, como lo reconoce el Instituto, es que “no hay un escenario ideal”, debido a que cualquier camino requiere “armonizar, reconvertir o prohibir actividades socioeconómicas que se estén desarrollando en elementos de conservación vitales como manantiales o páramos, por ejemplo.
Aunque en el proceso de estudio se han considerado también opciones que buscan la mayor cantidad de área de protección de zonas verdes bajo distintas categorías ambientales, éstas implican mayores trámites administrativos, que para las autoridades nacionales resultan una solución políticamente incorrecta.
Pero el proceso se ha encontrado con un problema aún más grave. Cuando los investigadores del Von Humboldt se dieron a la tarea de determinar el área que cubre la reserva para determinar qué porcentaje debe ser protegido, se encontraron con que la CAR y la Nación no cuentan con los instrumentos cartográficos necesarios para semejante labor. Se sabe que el Instituto trabajó con planos a escala 1/100.000 y no con aquellos a escala 1/10.000, que técnicamente son los indicados para tener resultados fidedignos. En otras palabras, el Humboldt ha tenido que hacer redelimitaciones mirando la zona con mucha distancia, como si un científico intentara mirar un minúsculo organismo sin un microscopio.
Fuentes cercanas al proceso dijeron a este diario que a la CAR le tomaría cerca de un año conseguir la información adecuada. En la Corporación, entretanto, aseguran que los municipios no entregaron la información suficiente sobre sus suelos e infraestructura urbana en la que es evidente que el crecimiento de los municipios ya no permitiría cobijarlos bajo ninguna categoría de protección ambiental.
Pese a todos los obstáculos del proceso —incluyendo un corto presupuesto, de no más de $300 millones—, lo cierto es que el Instituto Von Humboldt está listo para entregar su concepto y, en adelante, será el Ministerio de Medio Ambiente el que tendrá el mayor desafío.
Lo que todos se están preguntando es qué va pasar con las licencias y planes parciales que ya habían sido aprobados en todos estos municipios antes de que se “redescubriera” la reserva. Consultado sobre este punto, el ministro aseguró que no puede adelantarse a las recomendaciones del Instituto. Sin embargo, se sabe que esta semana Uribe, Baptiste y Ballesteros hablaron de la posibilidad de que el Ministerio establezca un régimen de transición que haga más fácil y expedito el trámite de cientos de afectados que tienen sus proyectos parados.
El ministro también le confirmó a El Espectador que en el marco de esa probable transición los afectados, ya sean los propios municipios o los constructores particulares, podrán acudir a la figura de “sustracción”, a través de la cual le solicitan al Ministerio de Medio Ambiente que su predio salga de la reserva.
Esto significa que lo que se viene de aquí en adelante no será nada fácil ni para Minambiente ni para la CAR. El primero tendría que asumir el trámite de numerosas solicitudes, mientras que la segunda tendrá que ponerse a la tarea de diseñar el régimen de transición y el plan de manejo ambiental para recuperar los miles de hectáreas que quedarían en firme dentro de una reserva y que fueron descuidadas durante tanto tiempo.
Entre éstas se encuentran, por ejemplo, el 44% de las áreas de páramo que aparecen demarcadas en la Reserva y que hoy no son protegidas por ningún instrumento ni de la Nación (como el sistema de áreas protegidas) ni del departamento o el Distrito.
Por: Verónica Téllez Oliveros y Juan Camilo Maldonado

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