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Para quién trabaja el procurador
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Para quién trabaja el procurador Por: Salomón Kalmanovitz
El procurador Alejandro Ordóñez exoneró recientemente al exdirector de la División Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, de graves cargos de corrupción en los que estuvieron asociados congresistas del Partido Conservador. Miles de bienes expropiados a mafiosos les fueron devueltos a sus testaferros o regalados a 13 políticos, con un costo para el erario de al menos $3 billones.
El procurador, siempre atento a disfrazarse de abanderado de la moral pública, ha proferido cargos contra el superintendente financiero, Gerardo Hernández, por supuesta negligencia y “dolo” en la investigación contra los dueños y socios de Interbolsa, que también están siendo procesados por la Fiscalía. Se entorpece así el proceso que se adelanta contra criminales de cuello blanco que se quedaron con $1 billón de sus clientes, se asociaron para lavar activos de narcotraficantes y evadieron impuestos.
El superintendente financiero actúa sobre la información disponible y se debe mantener dentro del marco de la ley. Su prueba ácida es proceder con evidencias en firme, castigar las malas prácticas financieras y, al mismo tiempo, defender el sistema de corridas de capital que puedan desatarse por una pérdida de confianza del mercado en sus reguladores. Su objetivo fundamental es preservar la estabilidad financiera que, de perderse, puede terminar siendo enormemente costosa para la sociedad. Puede provocar fácilmente un pánico económico si procede abruptamente o con la misma estridencia del inquisidor Ordóñez.
Los administradores de Interbolsa violaron las normas financieras mediante complejos esquemas para ocultar sus acciones, dificultando la labor de la Superintendencia Financiera. Utilizaron para ello una holding, o empresa integrada, que es una compañía no financiera que carece de vigilancia por parte del Estado, y sobre la cual el Congreso ha estado en mora de legislar oportunamente.
Las acciones del supervisor financiero han sido cautas y firmes, como lo prueba que el mercado bursátil haya recuperado su normalidad a pocos meses de haber estallado el escándalo. Es cierto que la justicia procede con velocidad muy inferior a la deseable, también frenada por los brillantes equipos de abogados que tan diligentemente defienden los crímenes de cuello blanco y que reciben con beneplácito el apoyo tácito de la Procuraduría.
El superintendente ha afirmado que actuó de manera responsable, oportuna y conforme a la ley y que eso lo probará ante la Procuraduría. El problema es que el Ministerio Público de Ordóñez vulnera el debido proceso de manera sistemática. Preocupa que mientras la Fiscalía trabaja con la Superfinanciera, la Procuraduría cuestione sus actuaciones. De esta manera, se benefician los responsables que aprovecharán el río revuelto para restarles legitimidad a las imputaciones penales y a las investigaciones de la misma Superintendencia Financiera. Queda expuesto además el Estado a billonarias demandas por parte de los inversionistas de Interbolsa, pues los culpables no serán ya los criminales sino los funcionarios públicos.
La forma como el procurador comunicó al país la apertura de pliego de cargos más parecía una sentencia anticipada que el inicio de un proceso. No puede proceder de manera tan irresponsable como con sus enemigos (o amigos) políticos e ideológicos ni contra la propia estabilidad de las finanzas del Gobierno.
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