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(Pero el problemita es Petro )¿Quién capturó a quién en Bogotá?
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Por: Elisabeth Ungar Bleier
El llamado carrusel de la contratación de Bogotá pasará a la historia como uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, por la incalculable magnitud de los recursos económicos que fueron saqueados para beneficio de unos pocos, por los efectos sobre el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, por su incidencia en la pérdida de legitimidad de las instituciones y el deterioro de la confianza de los bogotanos en sus gobernantes y en los partidos políticos.
Pero, ante todo, por la perversidad con la que actuaron sus protagonistas.
En esta escandalosa cadena de episodios confluyeron muchas de las peores prácticas que con frecuencia aquejan a la gestión pública y al ejercicio de la política en Colombia. La primera de ellas, y quizás la más protuberante, es la captura del Estado por parte de algunos políticos y de particulares, quienes mediante artimañas corruptas y fraudulentas se apropiaron de dineros y bienes públicos. Pero hay un agravante adicional: en esta ocasión también fueron los servidores públicos —senadores, concejales, funcionarios del más alto nivel de la Alcaldía e incluso de los entes de control, entre otros— los que capturaron a abogados, contratistas y empresarios. Es decir, unos y otros se confabularon para montarse en un desenfrenado carrusel de corrupción.
Estos hechos también han puesto en evidencia cómo la financiación privada de las campañas electorales fue utilizada por algunas personas para lograr favorecimientos indebidos representados en contratos, comisiones y cuotas burocráticas. A esto se suma un sistema de entrega de avales por parte de los partidos políticos, que en lugar de ser una garantía de compromisos programáticos y probidad de los candidatos, en diversas ocasiones se ha convertido en la manera de asegurar votos a cualquier precio. Avales que en la práctica, y salvo algunas excepciones, no generan responsabilidades políticas efectivas de las colectividades partidistas que otorgan los avales ni de quienes son elegidos en su nombre.
Hechos como los ocurridos en los últimos años en Bogotá ponen de manifiesto que no solamente se violaron sin escrúpulos normas y leyes, sino que muchos de los delitos se cometieron tras la fachada de una aparente legalidad. Por ejemplo, procesos licitatorios que supuestamente cumplieron con las formalidades requeridas, y que incluso contaron con el visto bueno de los encargados de fiscalizar y de controlar, pero que ya estaban decididos de antemano y atados a multimillonarias comisiones.
Para garantizar la no repetición, los culpables deben recibir castigos ejemplarizantes, no sólo en términos de penas privativas de la libertad, sino de sanciones pecuniarias que de alguna manera resarzan el daño causado a millones de bogotanos. Pero esto no será suficiente si no va acompañado de sanciones políticas y sociales a los corruptos por parte de la ciudadanía. Cuando se transgreden los más elementales principios de la ética, como sucedió en Bogotá, no basta con exigir que se cumpla la ley. Es necesario manifestar de manera decidida y abierta el rechazo y moverse colectivamente en contra de la corrupción.
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