Los problemas jurídicos para que EE.UU. colabore en el proceso de paz

Takemax · 26-04-2013 , 01:54:50

Atendiendo a su disposición plena de aportar a la reconciliación de los colombianos, solicitamos a ustedes su intervención ante el gobierno de Estados Unidos para que facilite la presencia de nuestro vocero de paz Simón Trinidad, prisionero en Florence, Colorado, en la mesa de conversaciones”. En estos términos la delegación de las Farc que adelanta los diálogos de paz con el Gobierno en La Habana, escribió a un grupo de 62 congresistas estadounidenses que anunciaron su respaldo al proceso de negociación en Cuba.

En una carta de dos pliegos, el grupo guerrillero calificó como un “gesto altruista” la declaración del respaldo al proceso hecha por dichos legisladores norteamericanos y manifestó que Estados Unidos puede ofrecer un paquete de asistencia a Colombia diseñado para alcanzar una paz justa y duradera, con base en la valoración que hacen de las declaraciones del Departamento de Estado en apoyo al proceso de paz, y en sus propias palabras, abogando por la inclusión del Eln en el escenario de las conversaciones.

La delegación de las Farc en La Habana recalcó la preocupación de los congresistas por las víctimas del conflicto armado en Colombia y admitió que “casos de secuestro, desaparición forzada, reclutamiento, uso de explosivos, entre otros, son asuntos que deben ser abordados y solucionados observando el universo de la confrontación en el marco de sus causas históricas”. Por tal razón, la guerrilla instó a la creación de una comisión de la verdad, “independiente y sensata”, para que esclarezca la responsabilidad histórica de la violencia en Colombia.

“Nuestra determinación es buscar por todos los medios una solución diplomática, incruenta, a medio siglo de confrontación armada”, recalcó la organización, que una vez más solicitó que el acuerdo al que se llegue en La Habana sea elevado al rango de acuerdo especial, invocando la normativa del Derecho Internacional Humanitario (DIH), “con el fin de que el mencionado acuerdo sea incorporado al bloque de constitucionalidad, de tal manera que se refuerce el imperativo de que la paz es un derecho y un deber de los colombianos”.

Al margen de la misiva de las Farc a los 62 congresistas norteamericanos, en la que además insisten en la urgencia de la “participación ciudadana como garantía de éxito”, prácticamente desde los primeros contactos del gobierno Santos y la guerrilla para los diálogos de La Habana, Estados Unidos está enterado del tema. Es más, fue precisamente el actual secretario de Estado, John Kerry, semanas antes de su designación, quien aportó la primera declaración en favor del proceso de negociación que hoy se adelanta en Cuba.

“Colombia ha sufrido demasiado por la inseguridad y la violencia asociada con un conflicto interno que lleva décadas. El presidente Santos ha dado el difícil paso hacia la búsqueda de una solución política y ha indicado que las lecciones aprendidas de pasados procesos de paz serán tenidas en cuenta. Cualquier negociación que fortalezca la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y conduzca a la paz, es algo bueno y merece nuestro respaldo”, manifestó en su momento John Kerry, hoy mano derecha del presidente Obama.

El Espectador conoció que es precisamente el secretario de Estado John Kerry el más interesado en que prosperen los diálogos de paz para Colombia. Sin embargo, el presidente Santos mantiene un canal abierto con el propio presidente Barack Obama, quien sabe de primera mano hacia dónde va la negociación. En la Cumbre de las Américas, que se realizó en Cartagena, ambos mandatarios intercambiaron información sobre el tema y en el contexto geopolítico actual de América Latina, al Gobierno le interesa que Estados Unidos brinde su respaldo a la paz.

No obstante, al margen de la situación política, es claro que cualquier colaboración desde Washington pasa por su respeto a los estrados judiciales. Y es ahí donde el asunto es más complejo. Desde abril de 2005 el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia formalizó acusación contra 50 mandos superiores y medios de la organización, y este documento constituye un antecedente clave para establecer qué cargos concretos tiene la justicia norteamericana contra las Farc.

Además de los fallecidos jefes guerrilleros Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Ríos o el Mono Jojoy, la imputación de la justicia estadounidense incluyó en su momento, entre otros, a Timochenko, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Carlos Antonio Lozada, Romaña, Pacho Chino y El Paisa. El documento de 49 páginas refiere que los acusados, desde 1985 hasta el presente, “se combinaron, conspiraron, se asociaron y se pusieron de acuerdo para infringir las leyes antinarcóticos de EE.UU.”.

La acusación de abril de 2005 sostiene que en principio las Farc cobraban un impuesto a todos los que estaban involucrados en la producción de cocaína, pero que a partir de los años 90 “adquirieron una función más activa en la producción de pasta de coca, con el fin de incrementar las ganancias provenientes de la producción y distribución de cocaína”. El documento agregó en su momento que las Farc mejoraron la calidad del alcaloide y empezaron a tener vínculos directos con distribuidores en Europa.

Ese abril de 2005 la justicia norteamericana calculó que las Farc estaban controlando el 70% de la coca cultivada en Colombia. Hoy, casualmente, uno de los puntos en discusión en los diálogos de La Habana es precisamente el de la solución a la problemática del narcotráfico. En tal sentido, sin que el tema se aborde aún en toda su extensión, ya se ha venido diciendo que las Farc entrarían a colaborar en la erradicación del negocio ilícito y que incluso podrían revivir una propuesta similar que se hizo en el marco de las negociaciones con el gobierno Pastrana.

Mientras se resuelven estos dilemas, por lo pronto la delegación de las Farc en La Habana invita a Estados Unidos a que apoye la mesa de negociación. Tampoco es la primera vez que lo hace. Cabe recordar que cuando apenas cobraba forma el proceso de paz del Caguán, el gobierno norteamericano alcanzó a enviar a un delegado a Costa Rica para evaluar su opción de respaldo. La iniciativa se malogró en marzo de 1999, cuando las Farc asesinaron en la frontera con Venezuela a tres líderes indigenistas de origen estadounidense.

En cuanto a Simón Trinidad, preso en una cárcel norteamericana desde 2004 y condenado a 60 años de prisión, aunque desde la primera reunión conjunta entre las Farc y el Gobierno la organización insurgente ha reclamado su presencia en La Habana, por ahora está descartado que esa petición sea atendida. Si acaso una rebaja en su condena. Teniendo en cuenta que la extradición es una herramienta clave de la justicia norteamericana y que además la independencia del Poder Judicial es una premisa casi inamovible, el tema Trinidad por ahora seguirá esperando.

Así las cosas, la carta enviada ayer por las Farc a los congresistas estadounidenses representa un paso importante en el curso de las negociaciones y del conflicto en Colombia. No sólo por los reconocimientos que hace esa guerrilla respecto a la preocupación de las víctimas, sino porque tarde o temprano, de llegarse a un acuerdo formal con el gobierno Santos, sin que signifique un tema obligatorio, el aval de Estados Unidos sería vital. Eso sí, como lo exaltó John Kerry, “bajo el imperio de la ley y los derechos humanos”.

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