Advierten una nueva derrota diplomática en La Haya

Aún sin reponerse del fallo de La Haya, que despojó a Colombia de la soberanía sobre cerca de 82.000 kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés, el gobierno Santos enfrenta, en ese mismo tribunal internacional, una demanda que también le podría resultar adversa.

Se trata de la millonaria indemnización que reclama Ecuador por los daños ambientales, que, a juicio del gobierno de Rafael Correa, han generado las aspersiones aéreas para erradicar cultivos ilícitos en la frontera con el vecino país.

Semana.com conoció la carta confidencial que uno de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA), le entregó la semana pasada al presidente Santos y a la canciller, María Ángela Holguín, para que Colombia afronte su defensa en el mismo tribunal donde perdió parte de su soberanía en el archipiélago de San Andrés.

En la carta, Moreno alerta al gobierno colombiano sobre la posibilidad de otra derrota jurídica y diplomática en La Haya, y antes que verse obligado a enfrentar cualquier fallo adverso, pide vincular al proceso a Estados Unidos a los principales países consumidores de la Unión Europea y a las multinacionales farmacéuticas productoras de glifosato, principal químico utilizado en las aspersiones contra cultivos ilícitos.

“Es necesario hacer parte del proceso a los países en los cuales hay mayor consumo, como Estados Unidos y los de la Comunidad Europea, para que también hagan parte de la responsabilidad compartida que tienen en este proceso”, se lee en la carta.

La senadora Moreno añade que si Colombia llegase a ser condenado y obligado a pagar indemnizaciones, “es necesario hacer solidariamente responsable a Estados Unidos así como a los grupos farmacéuticos que elaboraron el glifosato y sus aditivos”.

Ecuador también erradica

También propone que los abogados de la Nación expliquen en La Haya la forma como Ecuador, país demandante, ha participado en la lucha mundial contra las drogas. Uno de ellos es el tratado que habilitó para el uso de Estados Unidos la base militar de Manta (Ecuador) “para el único y exclusivo propósito de llevar adelante operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos”.

Según ese acuerdo internacional, el gobierno ecuatoriano acordó, entre otras, “explorar oportunidades para mejorar la interoperabilidad entre Ecuador y Estados Unidos en operaciones aéreas antidrogas”, y que con miras a fortalecer los esfuerzos regionales para combatir el narcotráfico “los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos emprenderán consultas con otras naciones de la región para intensificar la cooperación en esta materia”.

“Si bien Colombia realiza las aspersiones en el marco de una política antidrogas, hay que demostrar ante la Corte que la voluntad de erradicar cultivos ilícitos no es sólo de Colombia, no es una actuación unilateral hacia otros Estados, pues Ecuador como política de Estado también ha suscrito convenios para erradicar la droga en su país (Base de Manta y Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas)”, señala el documento confidencial.

Además, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores también le propuso al presidente Santos mantener una política de diálogo con el gobierno ecuatoriano, aprovechando el buen momento de las relaciones con el vecino país. Moreno pidió al Gobierno crear una ‘Comisión de Reparación’ de las víctimas o afectados por las aspersiones tanto ecuatorianas como colombianas. Esta comisión se podría proponer en el marco de la Unasur o mediante un convenio bilateral.

Los posibles beneficios de esta política de diálogo son que las indemnizaciones que se hagan en esta comisión de reparación son considerados “pagos–exgracia” y no significan admisión de la responsabilidad y “dejaría en muy buena posición a Colombia dentro del marco regional al solucionar sus conflictos alejados de la tenaza de la CIJ, la cual con sus decisiones en “equidad” han vulnerado el derecho de los pueblos y los compromisos y tratados que ya han definido los Estados”.

Según la carta, si Colombia es condenada por el tribunal de La Haya, “abriría el espacio para que los demás países con los que tenemos límites fronterizos se vean incitados a reclamar daños y perjuicios sobre su territorio, personas y bienes”.

La demanda que Santos heredó de Uribe

Esta demanda se relaciona con las aspersiones aéreas con herbicidas tóxicos realizadas por Colombia en la frontera con Ecuador dentro del Plan Colombia, las cuales comenzaron oficialmente en el 2000 y se realizaron en Putumayo y Nariño, en el suroeste del país, zona que colinda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, en el norte del Ecuador.

La pretensión ecuatoriana es que Colombia lo indemnice por los daños causados por estos actos derivados del uso de herbicidas mediante fumigación aérea, y argumenta que hubo muertes y enfermedades de los habitantes en las regiones fronterizas. Señala, además, que hubo daños ambientales.

Esta demanda fue presentada en marzo del 2008 por el gobierno de Rafael Correa, justo cuando se rompieron las relaciones diplomáticas con la administración Uribe, días después del bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana al campamento que 'Raúl Reyes', el segundo de las FARC, tenía en la provincia de Sucumbíos.

Aunque durante el mandato de Juan Manuel Santos no ha habido fumigaciones en zona de frontera, a su gobierno le corresponde enfrentar este proceso en La Haya, donde Colombia acaba de sufrir uno de los fallos más adversos en su historia: el de San Andrés.